Análisis de la (contra)reforma energética
Este texto sufrió ajustes importantes en el tema laboral y de subsidios el 13 de enero de 2013 y precisiones en el tema de libertad de políticas de contratación que asistirá a las nuevas empresas del Estado que sustituirán a las paraestatales, en el tema de despidos y otros, el 19 de enero de 2014.
Una nueva actualización se hizo el 29 de enero, precisando el significado del concepto «a su justo valor» y haciendo una corrección en el tema de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.
Resumen ejecutivo.-
La reforma energética pone las bases para la desaparición parcial o total de Pemex, a conveniencia de los extranjeros y sus operadores nacionales. Pemex perderá en 2 años o menos su condición de organismo público descentralizado y se convertirá en empresa productiva del Estado, pudiendo ser vendida o liquidada. Las actividades industriales serán cedidas a los privados en poco tiempo, Pemex conservará por un tiempo más una parte de las extractivas, principalmente por la figura de la asignación directa (aunque también pudiera trabajar bajo contrato como las transnacionales). Una diversidad de actividades administrativas será llevada por nuevas agencias gubernamentales. Los privados recibirán todas las facilidades del gobierno y del mismo Pemex. Recibirán insumos por debajo de su precio comercial y recontratarán parte del personal a mitad de sueldo o menos. Pemex estará perdiendo activos continuamente por la vía de la venta “a su justo valor”, de las asociaciones o del desmantelamiento. Falta claridad respecto de la evolución futura de precios de energéticos, pero se estima subirán por el efecto combinado de una probable quita de subsidios y el poder de los oligopolios. Se menciona que los trabajadores serán atendidos en el ISSSTE. Habrá despidos masivos en diferentes momentos, a lo largo de varios años.
Agradecimientos.- a los incansables compañeros de la UNTyPP con quienes revisé este texto para su mejora. A diversos analistas del PRD, como Alejandro Encinas y Morena, como Claudia Sheinbaum, cuyos textos previos revisé con detenimiento.
Desarrollo.-
El día de la Guadalupana, 12 de diciembre de 2013, se aprobó a nivel federal la reforma energética. El día 14 se dio su aprobación a nivel estatal. El marco legal para el desmantelamiento de la industria petrolera nacional se hizo realidad, como habíamos anunciado. Pemex perderá a más tardar en dos años su condición de organismo público descentralizado y se convertirá en empresa productiva del Estado (transitorio tercero del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía”). Las empresas tendrán libertad en sus políticas de contratación (según transitorio vigésimo fracción II), pudiendo por ejemplo pagar menos que ahora al personal de base, dependiendo esto último del poder de negociación que aún conserve el STPRM y más a los altos funcionarios y la empresa podrá ser vendida o liquidada con mayor facilidad en algunos años más, si así lo decidiera el gobierno mexicano. El transitorio segundo dice que los derechos laborales de los trabajadores se respetarán: eso quiere decir que las liquidaciones serán conforme a ley y posiblemente, que el derecho a organizarse se respetará, al menos en términos de la supervivencia del STRPM. No queda claro que sucederá en la práctica con tales derechos cuando se de la transición a empresas productivas del Estado.
La exploración y extracción de crudo se hará a través como de privados e inicialmente también a través de Pemex (Artículo 27 constitucional). Habrá para los privados y teóricamente para Pemex licencias con todas las características de una concesión excepto el acreditamiento de reservas, así como contratos de producción y de utilidad compartida, y de servicios (transitorio cuarto, segundo párrafo). Con las primeras dos figuras, el estado mexicano renuncia a la opción de tomar decisiones soberanas eficaces en materia de venta de crudo y con ello, también de montos de crudo a refinar. El futuro régimen fiscal de Pemex aún está por determinarse en la legislación secundaria, pero una posibilidad es que con respecto de asignaciones se mantenga el esquema vigente y que con respecto de contratos, enfrente las mismas condiciones que las transnacionales. Fluvio Ruíz, consejero profesional de Pemex, opina que no hay alivio para la empresa en la nueva propuesta, según se puede ver picando aquí.
En la exposición de motivos de la reforma, la autonomía técnica y de gestión de Pemex quedan condicionadas a que la conversión administrativa se concluya en todos sus detalles regulatorios (séptimo párrafo de la sección Transición de organismos a empresas productivas del Estado. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que será ahora el órgano más importante de la Sener, tendrá autonomía operativa, funcional y de gestión (transitorio décimo segundo). La CNH hará las licitaciones, firmará contratos, supervisará áreas contratadas y podrá ordenar la suspensión, clausura o desmantelamiento de instalaciones (transitorio décimo inciso b). Mientras exista, Pemex podrá hacer su propia subcontratación, pero si las hace como contratista del Estado, las correspondientes licitaciones también correrán por cuenta de la CNH (transitorio sexto párrafo nueve). Por otra parte, la CNH tendrá el resguardo de la información geológica y geofísica (transitorio décimo inciso b). Los estudios se hacen por contratistas y hoy día el control es de Pemex Exploración y Producción. La idea es que CNH ponga a disposición de cualquier empresa la información. Preocupa que por vía de la corrupción solo comparta la información con ciertos actores. Además la intención de hacer depender la CNH únicamente de contribuciones y aprovechamientos (transitorio décimo segundo) es receta para desastre. La CNH necesitaría recursos en gran cantidad para cumplir con su propósito estratégico. Una vez más, se profundiza el antinacional esquema neoliberal de no dotar a los órganos de gobierno con recursos adecuados para su operación. Es decir, se engaña a la población cuando se dice que el gobierno controlará a las empresas transnacionales.
La Secretaría de Energía será directamente responsable de la adjudicación formal de las áreas de explotación (“asignaciones”) a Pemex (transitorio décimo inciso a). Sener también diseñará aspectos técnicos de contratos y procesos de licitación. Hacienda establecerá sus condiciones económicas (transitorio décimo inciso d). La exposición de motivos señala que “la variable de decisión (para determinar un ganador) es el porcentaje de utilidades que recibirá el contratista.” (p.212 de la versión dictaminada por comisiones del Senado, del Decreto de reforma energética) Esto seguramente se verá reflejado en la legislación secundaria. Podemos esperar colusión entre las empresas para arrancar a su favor los porcentajes más altos posibles y la única defensa, en caso de que el gobierno le quede una gota de inteligencia, será el aspecto fiscal y seguirse para ello apoyando en lo que es hoy en día Pemex Exploración y Producción. Otra forma de corrupción sería que el licitador ya tenga acuerdo previo con uno de los concursantes. Por otra parte, en la UNTyPP creemos que este esquema no es el más importante, sino el de las licencias, que estimamos podrán ser otorgadas a petición directa de la transnacional.
Pemex, por el momento, podrá conservar los lotes con los que cuenta hoy en día (transitorio sexto inciso b), por la vía de otro mecanismo, la llamada asignación directa (mecanismo que ya existía antes de la reforma). Sin embargo, esto está sujeto a que entregue reportes técnicos y financieros a la CNH, la que podrá decidir si Pemex conserva el área o se “regresa al estado” (para su posterior entrega a privados). Consideramos que por razones fiscales, en el caso de la extracción de crudo, Pemex conservará sus campos más tiempo que en el caso del gas. En Burgos por ejemplo, ya todos los lotes tienen dueño previsto. Por supuesto, el lobby de las transnacionales y el entreguismo de los tomadores de decisiones mexicanos con todo y la barrera fiscal, que se detalla más abajo, será incesante. Tendremos a Pemex con el papel de una cenicienta al servicio de las transnacionales, haciéndoles trabajos (pues esta es una práctica común ya hoy día en Pemex) y cediendo activos a ”su justo valor económico” cuando la actividad de un privado lo requiera, como se especifica en el párrafo séptimo del transitorio sexto.
Mientras que a Pemex se le desmantela, a los privados se les permite asentar en sus estados contables los contratos correspondientes y sus beneficios esperados. Acerca del polémico tema del acreditamiento contable de reservas, si bien la exposición de motivos señala que “en los contratos de producción compartida, las empresas pueden registrar como activos para efectos contables, las reservas de crudo”, en transitorios (quinto) no hay mención de ello. Esta contradicción se puede interpretar como el resultado de una pugna de última hora entre PRI y PAN.
Ya comentamos detalles de la CNH, pero varias otras instancias del gobierno federal tendrán nuevas funciones que se le quitarán a Pemex. Tal es el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que además de tener la supervisión de la distribución de gas y de electricidad, ahora tendrá la del crudo: otorgamiento de permisos para el almacenamiento, y la regulación del transporte y la distribución por ductos, del acceso de terceros a los mismos y de la venta del producto (transitorio décimo inciso c). Tanto CNH como CRE, instancias que ya existían, quedan ahora establecidas a nivel constitucional, en el artículo 28 párrafo octavo.
En el tema del gas natural, se le asigna a un nuevo Centro Nacional de Control de Gas Natural (CNCG) , entidad paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, la tarea de la adquisición y administración de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento del gas (transitorio décimo sexto a). Pemex Gas y Petroquímica Básica le cederá de inmediato todos sus contratos. Así, PGPB cederá actividades al CRE y al CNCG, cederá muy pronto sus ductos, conservará únicamente separación y compresión del gas (para la posterior probable venta de las correspondientes instalaciones) y será de los organismos más debilitados de forma inmediata. Se comenta que mucho personal de PGPB irá a dar a lo que es aún Pemex Refinación.
Con la reforma al artículo 28 constitucional, el Estado mexicano renuncia a garantizar el suministro de combustibles necesario para la actividad económica del país, sometiendo a esta a las veleidades del mercado oligopólico y a decisiones tomadas en Estados Unidos. Aunque la actividad de Pemex en el ramo industrial no queda prohibida, no hay en las reformas previsión de que Pemex conserve o reciba recursos para evitar que pierda su papel de industrializadora de crudo, pues queda excluida del mencionado 28 como actividad estratégica. La intención privatizadora se cumplirá y las refinerías, petroquímicas, compresoras y ductos serán vendidas o Pemex entrará en asociaciones con los privados. El otorgamiento de permisos para estas actividades correrá por cuenta de la Secretaría de Energía (Sener), según indica el transitorio décimo inciso a). Una parte de productos se dejarán de fabricar por completo, como ya ocurrió en la petroquímica, empeorando la balanza comercial del país debido a la consecuente necesidad de importaciones. Por supuesto, esto irá acompañado de despidos masivos de técnicos y profesionistas y de personal de base. Si se llega hasta un 40% del personal de Pemex, como dicen algunos, dependerá de la capacidad de reacción del STPRM. Prevemos que como en el caso de Pajaritos y de la industria eléctrica, las empresas privadas recibirán todas las facilidades del gobierno y del mismo Pemex para su mayor rentabilidad posible. Esas facilidades incluirán venta de insumo (en este caso el crudo o el gas) debajo de su precio comercial, alguna recontratación de personal pero a mitad de sueldo, si acaso y la libertad de cobrar gasolinas más caras para el consumidor.
Pemex estará perdiendo activos continuamente por la vía de la venta “a su justo valor”, de las asociaciones o del desmantelamiento. «A su justo valor» significa para muchas instalaciones valor cero, dada la política de precios internos seguida por la empresa, que forza la aparición de pérdidas contables. Lo interior, independientemente que el valor de construcción de cualquiera de esas instalaciones de miles de millones de dólares.
El aspecto ambiental de la actividad petrolera, donde las transnacionales se han caracterizado por ser altamente depredadoras, dependerá de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos dependiente de SEMARNAT (transitorio decimonoveno). Entre sus tareas estará supervisar desde el punto de vista ambiental el desmantelamiento y abandono de instalaciones petroleras.
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo recibirá las utilidades que correspondan a México por la actividad petrolera a través de contratos (artículo 27 constitucional, párrafo 8 y transitorio décimo cuarto). El fiduciario será el Banco de México, pero la SHCP presidirá el Fondo. El uso de los recursos está etiquetado para ser canalizado en forma descendente al presupuesto federal, fondos de estabilización ya existentes, títulos de gobierno, pensiones, ciencia y tecnología, becas y proyectos, pero no se espera sea significativo, dado que las petroleras impondrán sus condiciones en materia fiscal y contractual. Se trata de una simulación este esquema con el que supuestamente llegarían recursos para el desarrollo del país. Sin embargo, en un arranque de sentido común por parte de quienes diseñaron la reforma, la contribución de la actividad petrolera al presupuesto federal se deberá mantener en 4.7% del PIB (transitorio décimo cuarto párrafo cuarto). Se entiende que Pemex, con su contribución fiscal convencional bajo la figura de asignaciones, seguirá siendo variable de ajuste, por lo que su futuro dependerá menos de los criterios de la CNH que del éxito de los privados en su extracción.
El Corporativo, en esencia, quedará antes de que acabe el sexenio reducido a temas de relaciones laborales y pago de trabajadores, actividad litigiosa de la Gerencia Jurídica, su administración interna y claro, la administración de la deuda externa de Pemex, así como las actividades de tesorería e informática que de lo anterior y que de su pago de impuestos se deriven. Pierde la actividad de contratos y parte de sus actividades de tesorería. Aquí al igual que en otras áreas de Pemex, esperamos despidos masivos. Sin embargo, es probable que siga, mientras exista, en sus especulaciones con Repsol, astilleros de Galicia y otros negocios privados que se le vayan ocurriendo al director general o de finanzas, no relacionadas con el objeto de la empresa.
La diversidad de instancias a cargo de la actividad petrolera teóricamente podrían significar mayor transparencia y control mutuo en la toma de decisiones, pero a la vez significa que cada instancia, más débil que el Pemex integrado de hoy día, tenga que lidiar con poderosas transnacionales por separado.
El transitorio séptimo habla de promover cadenas productivas y contenidos nacionales, pero como el mismo texto señala, esto está sujeto a los tratados de libre comercio, con lo cual esta intención declarada es un engaño.
El transitorio octavo es grave porque subordina la propiedad ejidal y comunal a las necesidades de las petroleras. Repite el tan dañino criterio aplicado para la minería, cuestionado ampliamente por ONGs y legisladores y entra en contradicción directo con lo que al respecto de estas formas de propiedad dice el 27 constitucional. Es cierto que desde siempre la actividad petrolera había tenido preferencia, pero desde 1938, no para los extranjeros, sino para la empresa mexicana.
El transitorio décimo primero de la versión de la reforma entregada al Senado para su aprobación indicaba que desaparecerían los subsidios en los energéticos. En combinación con el poder oligopólico de las transnacionales y las tendencias de escasez de energéticos a nivel mundial, estos no bajarían sino subirían de precio. Aunque el transitorio mencionado en la versión que finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya no hace mención alguna en el tema de subsidios, indicando que el gobierno midió el costo político de incumplir las promesas de baja de los energéticos, a la larga una baja, incluso con más subsidios, para «cumplirle a la población» dificilmente podrá sostenersedebido a los otros que aquí mencionamos.
El transitorio noveno habla de transparencia en la actividad petrolera y su aplicación a rajatabla deberá ser defendida por la izquierda a como de lugar, en tanto se revierta esta reforma.
Un transitorio vigésimo primero habla de prevención y castigo de corrupción en personas privadas, servidores públicos incluyendo consejeros y personal en la toma de decisiones relacionadas con la actividad petrolera. Sin embargo, con el corrupto sistema de justicia mexicano, la toma de control de la industria petrolera mexicana tendrá como única contención probable, por un tiempo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras ésta seguirá presionando a los legisladores para reducir el gasto público y empujar la privatización de los servicios públicos para la población mexicana.
En lo laboral, sale el sindicato del Consejo de Administración de Pemex (transitorio vigésimo fracción IV) . Como ya se dijo, los empleados se contratarán bajo «un régimen especial de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades» (vigésimo, fracción III). Eso podría implicar penalización salarial en los empleados de nivel bajo y más recompensa salarial a los de nivel alto, tratando de retener el capital intelectual de la empresa o abusando a favor de hijos de políticos. Al parecer, sin embargo, el STPRM se anota un éxito momentáneo pues hay una relación directa entre los anuncios de despido de trabajadores por outsourcing previstos para el 23 de diciembre de 2013 y el convenio administrativo sindical N° 10717/2013 del 29 de julio. Esto podría suponer que algunos sectores de trabajadores de Pemex volverán a ocuparse de Pemex en vez de estar en un cuasi ocio, al que llegaron desplazados por el outsourcing (una política destinada originalmente a debilitar el sindicato). Con ello se disminuiría el número de despidos de trabajadores de base. Si es así, esto implicará que muchos se tengan que cambiar de ciudad. Sin embargo, otros analistas piensan que las empresas de outsourcing serán recontratadas posteriormente. Finalmente, es importante anotar que al quedar fuera del Consejo, el sindicato pierde poder. De hecho el convenio 10717 podría ser revertido pronto. Asimismo, lo que implica el ya mencionado transitorio 20 fracción III es que o bien el contrato colectivo de trabajo de los petroleros quedará sin efecto, o bien se le impondrá a los trabajadores fuertes modificaciones al mismo.
En cuanto al sistema de pensiones de Pemex, no hay mención directa. Únicamente en el transitorio décimo cuarto inciso 5 a) hay mención de un sistema universal de pensiones financiado por el Fondo Mexicano del Petróleo. Lo que se ha confirmado por dos fuentes independientes es que amenazan con pasar a los trabajadores de Pemex al ISSSTE a partir de 2015.
Conclusiones.-La reforma rebasa cualquier previsión de quienes analizaron lo que podría venir. Sin duda los efectos negativos de la misma ameritan la movilización del Pueblo hasta que sea derogada.
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