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DE LA HISTÓRICA DEFENSA DE TENOCHTITLÁN A LA COBARDE ENTREGA DEL PETRÓLEO

Estimados, les comparto el texto que se leyó por la UNTyPP y Antonio Gritón frente a Bellas Artes el 4 de octubre, para que lo circulen:
 
DE LA HISTÓRICA DEFENSA DE TENOCHTITLÁN A LA COBARDE ENTREGA DEL PETRÓLEO
PRIMERA PARTE (11:00 hrs) INICIO
Al pueblo de México
En estos últimos 30 años, nuestros traidores gobernantes y legisladores han ido entregando los recursos y empresas de la nación a negociantes sin escrúpulos. Primero entregaron las empresas de teléfonos, ferrocarriles y fertilizantes entre muchas otras y ahora están consumando la entrega de nuestras tierras y nuestro petróleo. En unos meses más comenzará también la entrega de nuestros sistemas de salud y educación públicos, como el IMSS , el ISSSTE y la SEP. En todos los casos el pueblo de México no ha hecho prácticamente nada, se ha comportado sumisamente, creyendo siempre las promesas de los traidores de que así todos “vamos a vivir mejor”, cuando la realidad es que México se ha transformado en una inmensa fábrica de pobres que tienen una angustiosa calidad de vida semejante a la de los esclavos. Todos estos gobernantes y legisladores traidores han engañado al pueblo de México dándole espejitos a cambio de nuestros recursos naturales y empresas estatales, al igual que lo hicieron españoles, ingleses y portugueses durante la conquista de América.
Un pequeño grupo de traidores y vende patrias, comenzando con el presidente Enrique Peña Nieto, su gabinete y la mayoría de diputados y senadores y hasta algunos de los funcionarios y exfuncionarios de PEMEX, así como sus líderes sindicales corruptos, como Carlos Romero Deschamps , el año antepasado reformaron la constitución para poder vender por tres pesos nuestros recursos naturales como el petróleo, al mejor postor. En estos días, los están ya licitando a compañías a través de la llamada RONDA UNO; compañías en las que curiosamente son socios muchos antiguos directivos de PEMEX o miembros de los grupos empresariales afines al actual régimen, como el grupo Atlacomulco, colaboradores destacados de Carlos Salinas como Pedro Aspe y Luis Videgaray o esa bola de vendepatrias, explotadores de los obreros mexicanos y miembros del grupo neofascista “Mexicanos Primero” Otras compañías son subsidiarias de los grandes ecocidas y terroristas a escala mundial como son Exxon, BP o Shell, los nuevos y anunciados invasores.
¿Y nosotros? Nosotros aquí sin hacer nada. deslumbrados estúpidamente con las palabras de nuestros corruptos gobernantes, cambiando nuestros recursos naturales por espejitos de colores, creyendo que desmantelando las industrias nacionales como lo han sido Teléfonos de México o los Ferrocarriles Nacionales de México y ahora Petróleos Mexicanos, Compañía de Luz y Fuerza del Centro o la CFE y toda la infraestructura educativa, así como la del Seguro Social y la del ISSSTE, nos va a ir a todos mejor.
La historia no nos miente, a quienes les ha ido mejor con el neoliberalismo, es decir, con la venta de las empresas estatales y recursos de la nación no es al pueblo de México, a quienes les ha ido mejor es a los vivales asociados al poder gubernamental, como a Carlos Slim que le vendieron en dos pesos la compañía de Teléfonos de México o a los dueños de la Minera México a quienes se les vendió por otros 3 pesos nuestra empresa de Ferrocarriles Nacionales, que construimos con nuestros impuestos a lo largo de poco más de 80 años o por 10 pesos todas las minas de oro, plata y cobre del territorio nacional. Si, por míseros 13 pesos les vendieron los Ferrocarriles y las minas a los dueños de Minera México, los que también son propietarios de la mina de Pasta de Conchos donde abandonaron a la muerte a 65 pobres mineros y también son los causantes del desastre ecológico de los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora. Si, a todos estos vivales y explotadores del trabajo ajeno es a los que les va bien, al resto de los mexicanos, a los millones y millones de mexicanos les va de la fregada: Actualmente hay 53 millones de personas sumidas en la pobreza. De cada 2 personas que hay en México una es pobre y de cada 1000 personas solamente 10 cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades de educación, alimentación, habitación, salud, etc.
 
Tenemos que hacer algo para quitarles el gobierno a toda esa pandilla de traidores y rateros. Hoy daremos un paso más en esa dirección, al igual que lo han venido haciendo diversas organizaciones durante los últimos 25 años. Ha llegado la hora de unir todos los esfuerzos. México ya no puede esperarnos más.
 
SEGUNDA PARTE (12:50 hrs.) INTRODUCCIÓN AL PERFORMANCE
Durante la conquista de América, es cierto que algunos pueblos indígenas entregaron sus tierras y recursos a cambio de los espejitos ofrecidos por los conquistadores, sin oponer resistencia alguna o incluso traicionaron a otros pueblos indígenas a cambio de promesas absolutamente falsas. Pero también es cierto, que la mayor parte de los pueblos indígenas defendieron de manera más que heroica sus tierras y recursos.
Al comienzo del ataque a la gran Tenochtitlán, después de la muerte de Moctezuma en 1521, Hernán Cortés mandó derribar parte del acueducto que llevaba agua potable a la ciudad, para que esta quedara sin suministro alguno, y cerrar todos los puentes y accesos a la ciudad. Después de un primer ataque en el que bombardearon Tenochtitlán con 12 cañones de manera continua y con la ayuda de las tribus engañadas por los españoles con falsas promesas, Cortés pensaba que los aztecas se rendirían. Pero no fue así, a pesar de la escasez de alimentos y la propagación de la mortal viruela, los aztecas resistieron 80 largos días a los continuos ataques.
Aún cuando el 13 de agosto las tropas españolas y sus aliados lograron entrar finalmente a la gran Tenochtitlán, los guerreros aztecas comandados por Cuauhtémoc, continuaron dando batalla casa por casa hasta que al final, absolutamente diezmados los guerreros aztecas e incluso las mujeres y jóvenes mexicas que participaron de manera masiva en la lucha, los conquistadores tomaron el control de la ciudad y apresaron a Cuauhtémoc. Los aztecas nunca se rindieron; al tomar la ciudad, los españoles continuaron la matanza y tres días después, prácticamente lo único que quedaba de los aztecas eran niños que por millares salieron del centro de la ciudad para refugiarse en los alrededores del lago, como el cerro del Tepeyac, Iztapalapa y la zona conurbada del Estado de México, como lo son Cuautitlán y Xalostoc, entre otras muchas zonas. 240 mil mexicas murieron durante los 80 días del sitio a la gran Tenochtitlán; murieron defendiendo sus recursos, su identidad y su cultura.
Uno de los estoicos actos realizados por los aztecas durante este sitio a la gran Tenochtitlán, fue que a pesar de la obvia escasez de alimentos, los aztecas solían acercarse a las barricadas colocadas en los accesos de la ciudad y desde ahí aventarles tortillas a los españoles y a los indígenas traidores, en un acto de altivez, orgullo y valerosidad a pesar de las circunstancias.
Ahora lo que vamos a hacer es repetir de manera simbólica este acto realizado por los aztecas hace casi 500 años durante el sitio a la gran Tenochtitlan. Hoy en día los traidores a los intereses del pueblo de México, son los legisladores, jueces y gobernantes; las compañías nacionales y trasnacionales participantes en la ronda uno son los nuevos invasores.
A todos ellos les vamos a aventar sus tortillas
 
TERCERA PARTE (15:00hrs) CIERRE
Las llaves de los Pinos no la tienen los partidos políticos, ni el INE, ni nuestros votos. Las llaves de los Pinos las tienen bien guardadas los grandes empresarios de nuestro país, coludidos con la oligarquía internacional, que es gente sin escrúpulos a la que únicamente le importa revolcarse entre los billetes. Esas llaves de Los Pinos no se las van a dar a nadie que vaya en contra de sus intereses, que son: la sobreexplotación del trabajo ajeno y la apropiación de los recursos naturales de la nación. Ellos son quienes nos han llevado al período de mayor profundización de la crisis del modelo económico y del sistema político trasnacional, que ha provocado la transformación de la estructura productiva de México a partir de la imposición neocolonial del inequitativo TLCAN. Ellos son quienes han evidenciado limitaciones, corrupción, autoritarismo, y quienes por entrega, omisión o impotencia van renunciando a paso veloz a la soberanía en todos sus ámbitos. Ellos son los que cada vez que toman posesión de cualquier cosa, juran una y otra vez defender la constitución y una y otra vez la han echado abajo. La constitución mexicana tiene más de 600 reformas tras de sí.
Las puertas de los Pinos hay que derribarlas. Hay que derrocar al actual sistema de gobierno, romper con las relaciones de coloniaje y con la miseria, construir un nuevo proyecto de nación que convoque a un nuevo constituyente en el que se contemple la renacionalización de nuestros recursos naturales.
Existen varias organizaciones trabajando en lo anterior y debemos estar atentos para apoyarlas y avanzar en la articulación de todas las luchas. Continuar exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y apoyar a sus padres, estar también atentos a los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para la defensa del agua, los territorios, la seguridad social, las pensiones y jubilaciones y no dejarse manipular por las empresas televisoras, estaciones de radio y cadenas de periódicos asociadas al poder empresarial.
¡¡Fuera traidores!!
¡¡Viva México!!
¡¡Vivan los pueblos originarios!!
¡¡Vivan todos aquellos que defienden su historia, sus aguas , su petróleo, sus tierras, su cultura!!. ¡¡Vivan las que trabajan y las que defienden su materia de trabajo; vivan los que se preocupan por la situación de sus amigos en desgracia; ¡¡¡vivan las que cobijan al país en la intemperie.!!!
¡¡Vivan Las Patronas. Vivan los que dan albergue a los migrantes, asistencia legal a los perseguidos, asesoría a los cooperativistas, apoyo a las mujeres violentadas, esperanza a los desesperados y medicina a los enfermos. Vivan los electricistas en resistencia. Vivan las obreras de la maquila. Vivan los trabajadores de la salud que rechazan la privatización de los hospitales. Vivan las maestras y maestros que se movilizan contra la reforma educativa. Vivan las sobrecargos, los mecánicos y los pilotos. Vivan los telefonistas. Vivan los trabajadores universitarios.!!!
¡¡¡Vivan los obreros, los campesinos y las cocineras que nos siguen dando pan y patria todos los días. Vivan los que fueron expulsados del país por la economía y que sostienen al país con sus envíos de dinero.
¡¡¡Vivan los migrantes de países hermanos que en el nuestro son abusados, secuestrados y masacrados!!!.
¡¡Viva el movimiento sindical independiente!!
¡¡Vivan los movimientos y gobiernos autónomos!! ¡¡Vivan las resistencias. Vivan Xochicuautla y Temacapulín. Vivan La Parota y Ostula. Vivan Cherán y Zongolica. Vivan Amatlán de los Reyes y San Pedro Mártir; vivan San Salvador Atenco y Mixcoac; vivan Tetela de Ocampo, Zautla, Ahuazotepec y todas las comunidades en resistencia de la Sierra Norte de Puebla; vivan Las Abejas de Acteal; vivan las comunidades zapatistas de Los Altos, La Selva y la Zona Norte!!.
¡¡Vivan los medios independientes. Viva Aristegui Noticias. Viva Proceso. Viva La Jornada.!!Viva la libertad de expresión. Viva la transparencia. Viva la honradez. Viva la justicia. Viva la memoria.
¡¡Viva la UNAM. Viva la UAM. Viva la UACM. Viva el Poli. Vivan todas las normales rurales del país. Viva la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Viva el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.!! Vivan Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa, asesinados en la colonia Narvarte y difamados por el gobierno del Distrito Federal!!.
¡¡Viva la lucha por la presentación de todos los desaparecidos. Vivan los familiares y los compañeros de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.!!
¡¡Vivan todas las luchas y las causas justas. Viva la Asamblea Nacional Popular.
¡¡Viva el EZLN¡¡
¡¡Viva la herencia de dignidad que nos dejaron los aztecas!!
¡¡Vivamos todos nosotros!!
¡¡Viva México!!.
¡¡Viva México!!.
¡¡Viva México!!.

 

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Rescisión del compañero Federico Mora Palacios

Federico Mora Palacios, trabajador de Pemex, representante del Grupo Unido Regeneración Sindical, impulsor de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y del patrimono nacional en la Convención Nacional Petrolera, así de un comité ejecutivo nacional alterno del STPRM, el día 11 de agosto de 2015, aproximadamente a las 22 hrs., fue objeto de acoso e intimidación laboral por una persona que se presentó en su domicilio particular, Calle Natividad Arias Martínez, colonia 18 de marzo, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Esta persona dijo llamarse Carlos Armando Vera Hurtado y se presentó en forma totalmente irregular, a su domicilio, para notificarle la terminación de la relación laboral con la empresa Petróleos Mexicanos, después de 29 años de la misma y teniendo ya la edad de 57 años. Al día siguiente otras personas estuvieron tomando fotos de su casa.  El compañero, que se caracteriza por ser el líder de una lucha laboral honesta, desinteresada y nacionalista, señala que interpondrá la denuncia ante la autoridad correspondiente, laboral y otra, contra quien resulte responsable de los agravios a su persona, patrimonio de su familia y sus propios derechos laborales consagrados en leyes y constitución. Federico Mora había estado organizando la resistencia contra las modificaciones al contrato colectivo de trabajo ordenadas desde el Poder Legislativo y Ejecutivo a través del 3er transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dentro del marco de la llamada Reforma Energético. También había denunciado la corrupción de Carlos Romero Deschamps.
Cabe mencionar que las rescisiones de trabajadores de base en activo son poco comunes y siempre tienen como el fin la represión. Es lo mismo desde hace décadas, pero es la primera vez que rescinden a un trabajador de base por defender nuestro petróleo de su entrega al extranjero.
Un despido de este tipo desde luego pone en riesgo la resistencia, ya que el despedido tiene que ver por su supervivencia económica en vez de seguir cumpliendo con su función de lucha y  los demás activistas pueden quedar intimidados.

PRONUNCIAMIENTO 18 de marzo de 2015 de la UNTyPP

UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTyPP)

Registro STPS: 5878

PRONUNCIAMIENTO 18 de marzo de 2015

Es conmovedor y emocionante recordar como en 1938, la gente humilde se volcó a aportar lo poco que tenía para pagar a las compañías petroleras extranjeras, cuando el general Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera. Tenían toda la razón, pues la misma que ha proporcionado, ya organizada como Petróleos Mexicanos, una parte importante de los recursos para la educación y salud de muchas generaciones de mexicanos. También ha aportado el dinero para cientos de obras de infraestructura en comunidades, pueblos y ciudades. Sin el petróleo, México sería un país muy atrasado, y como vemos, es la columna vertebral del desarrollo de nuestro país.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros observamos que los últimos gobiernos en turno en lugar de fortalecer a Petróleos Mexicanos, lo desmantela y le quita a lo más valioso de una empresa, que son sus recursos humanos, esto no favorece en nada a nuestra nación. A pesar de la baja sensible en los precios del petróleo, que ha dejado de percibir un 43.5% de los ingresos al Gobierno Federal (datos de Hacienda) provocando que el balance público fuera deficitario en 91 mil 544.3 millones de pesos, PEMEX se mantiene como una de las empresas más rentables del ramo en el mercado internacional y su costo promedio de producción es de 9.25 dólares por barril, si la mezcla mexicana es de 43.81 dólares al día de hoy, representa un margen de ganancia de 34.56 dólares. Es obvio que el problema no es PEMEX, lo que se ve claramente es que la Secretaría de Hacienda oculta opciones presupuestales y financieras para golpear a nuestra empresa y así hacerla más propicia para su entrega a las empresas trasnacionales, quienes contarán con todas las ventajas para su adjudicación.

No hay tal faltante del presupuesto, ya que considerando las coberturas petroleras, los ingresos por IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) adicionales, la caída del precio de las gasolinas en EUA y el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros ya existente, se contaría con más de 75 mil millones de pesos que es superior a los 64 mil millones del recorte presupuestal. Pero además, se puede recortar entre otros rubros, disminuir salarios y prebendas a los tres poderes de gobierno y aplicar la ley con lo que se pueden recuperar millones de pesos por fraudes, existen en los medios decenas de denuncias de fraudes que ha descubierto la Auditoría Superior de la Federación, que por razones desconocidas no han sido investigadas, ni tampoco los conflictos de interés en los altos niveles de gobierno.

El recorte presupuestal promulgado por la Secretaría de Hacienda a Pemex de casi el 50% de su presupuesto aprobado es criminal, ya que de por sí era insuficiente para la operación y funcionamiento de la industria, con este recorte que además también afecta a los proyectos para modernización y ampliación de instalaciones, en refinerías y petroquímica pero principalmente para la exploración y explotación del petróleo, es una estrategia para justificar la entrega desmedida y desvergonzada por parte del gobierno UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTyPP) Registro STPS: 5878 a empresas trasnacionales. Ya que como se ha mencionado, el precio actual del barril de petróleo deja un margen de ganancia aún. El precio internacional del barril en 1998 disminuyó de 18 a 11 dólares en promedio y fueron suficientes para mantener la economía del país, la empresa Pemex pudo salir adelante sin afectar a la plantilla laboral.

El margen de utilidad actual es más del doble que en 1998 ¿cómo es posible que el presupuesto se vea afectado? Con tantos años de elevados precios del petróleo con ganancias exorbitantes ¿en qué se gastaron? Se han hecho atrocidades con el dinero de los mexicanos como el rescate carretero y el rescate a los bancos, que fue doloroso para nuestro pueblo, ¿por qué no reinvertir en Pemex que cuenta con los mejores técnicos y profesionistas del mundo? Es la única empresa que tiene todas las especialidades, incluidos los servicios médicos y sus especialistas.

Al igual que otros mexicanos patriotas, los Técnicos y Profesionistas Petroleros queremos fortalecer a Pemex, y lo hacemos día a día en nuestros centros de trabajo con nuestra experiencia y que continúe así, con los recursos humanos disponibles en nuestro país. Fortalecer a Pemex no es ceder concesiones disfrazadas y contratos a empresas privadas transnacionales, ni despedir a los técnicos y profesionistas como se ha venido haciendo en los últimos sexenios, sino contar con una planeación honesta que reivindique él interés nacional a corto, mediano y largo plazo y que aproveche la capacidad que sin lugar a dudas tenemos los mexicanos.

No es un secreto que Pemex ha jugado y debe seguir haciéndolo como el actor principal de una cadena productiva fundamental para el país; educación – investigación y desarrollo tecnológico – servicios y estudios diversos – diseño y construcción de herramientas tecnológicas, plantas e infraestructura – comercialización.

Ahora, esta cadena productiva fundamental la están desintegrando para integrarla a las cadenas productivas de Estados Unidos y de las grandes empresas trasnacionales.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, se constituyó en 2008 con principios de ser un sindicato horizontal, honesto, transparente y con valores éticos para defender los derechos laborales de sus agremiados y preservar la empresa petrolera para beneficio de todos los mexicanos, en diciembre de 2009 logra su Registro y Toma de Nota de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y, desde nuestra fundación hemos defendido a esta importante empresa, presentando propuestas alternativas con soporte técnico y económico, como una contribución al debate para la industria petrolera, que garantice la soberanía, la seguridad energética y el suministro de hidrocarburos a corto y largo plazos, mediante la explotación racional del petróleo y el gas natural, para constituir una industria petrolera nacional, bajo administración pública, transparente, segura, productiva, sustentable, eficiente, y respetuosa del medio ambiente, las comunidades y los derechos humanos laborales y obtener el UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTyPP) Registro STPS: 5878 beneficio social máximo para el pueblo de México, bajo los siguientes ejes: de más que urgente aplicación:

1.- El desarrollo social nacional, prioridad del reparto de la renta petrolera

2.- Seguridad energética y desarrollo económico nacional, prioridades de la planeación a corto y largo plazos.

3.- Desarrollo tecnológico de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo

4.- Explotar y transformar en forma racional y eficiente los hidrocarburos.

5.- Administrar con autonomía, eficiencia, transparencia y sustentabilidad.

6.- Operar la industria petrolera con seguridad y respeto al ambiente y a las comunidades.

7.- Respeto irrestricto a los derechos humanos laborales.

8.- Recursos petroleros para el desarrollo de los pueblos. La energía como un derecho de la humanidad.

Es un proyecto alternativo de nación cimentado desde abajo, donde se genera la riqueza de todos los días.

Los Técnicos y Profesionistas de la UNTyPP, le decimos al Pueblo de México y al mal gobierno que este sindicato nació para defender los derechos laborales de los Técnicos y Profesionistas Petroleros y de su fuente de empleo, por tanto, NO PERMITIREMOS UN DESPIDO de un solo técnico con capacidad, experiencia y sentido de servicio a la Nación.

La Reforma Energetica trae como consecuencia la inminente entrega a manos privadas extranjeras y nacionales de nuestro territorio y de la industria petrolera y de acuerdo a nuestros principios la UNTyPP seguirá combatiendo la entrega de estos recursos. El gobierno ha ignorado nuestra propuesta técnico-administrativa para la solución a la problemática de este sector. Por todo lo anterior, hacemos un fraternal llamado a todos los trabajadores petroleros, a unir esfuerzos para detener el desmantelamiento de la empresa de todos los mexicanos, así mismo, CONVOCAMOS al pueblo de México para que juntos REEXPROPIEMOS nuevamente este importante recurso para el desarrollo y bienestar de las futuras generaciones, como lo hizo el general Lázaro Cárdenas del Río, en 1938. “Por una Industria Petrolera Integrada y Nacional al Servicio de la Patria”

Vivan los mexicanos nacionalistas

Vivan los trabajadores petroleros

Viva la UNTyPP

Viva México

UN ATENTADO CONTRA LA CIUDAD DE MEXICO, LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE LOS DIABLOS ROJOS EN LAS ÁREAS VERDES DE LA MAGDALENA MIXHUCA.

Miguel Ángel Mancera miente cuando afirma que “vamos a tener obras de beneficio puntual”  y que no hay afectación para los vecinos y usuarios de la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca, por la construcción del estadio de los Diablos Rojos del empresario Antonio Harp Helu. ¿Qué beneficio puede traer la tala de miles de árboles, la pavimentación de 7 hectáreas de áreas verdes y la desaparición de una Declaración de Área de Valor Ambiental, en la ciudad deportiva que ha visto reducir su superficie original de 240 a sólo 80 hectáreas, todo esto dentro de una gran zona urbana: el Gran Centro Oriente de la ciudad de México? ¿Qué no tienen derecho a un gran parque los habitantes de la gran zona urbana que menos áreas verdes tiene en la ciudad, el oriente de la ciudad, con menos de un metro cuadrado por habitante?  ¿Qué beneficio puede tener la desaparición de más de 20 canchas para el deporte llanero, popular, amateur, con el fin de entregar estas superficies al muy corrupto deporte profesional, enemigo mundial del deporte amateur, impulsor de la violencia, la embriaguez y la contaminación de las mentes infantiles y juveniles?  ¿Qué beneficios tiene la muerte del propósito original, fundacional, establecido por el gran cómico Palillo, quien gestionó en 1956 la creación de la ciudad deportiva, con el fin de fomentar el deporte llanero, popular, amateur, en la ciudad de México? ¿Qué beneficio tiene facilitar la pavimentación de lo que queda de verde en la ciudad deportiva y privatizarlo para que se dispare el costo de la diversión de los vecinos, deportistas, paseantes y de la ciudad, por los efectos en la salud derivados de la contaminación del aire y del agua y la violencia intrafamiliar, escolar, urbana y se hagan grandes negocios que sólo benefician a unos pocos y fomentan la corrupción gubernamental y la degradación moral de la sociedad? ¿Qué beneficio social tienen los grandes espectáculos que se dan en este lugar, para promover productos chatarra? 

 La defensa de las áreas verdes de la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca es clave en la defensa de todas las áreas verdes del país: parques y jardines, calles, camellones, banquetas y ciudades verdes; es clave, también, en la defensa en el país del deporte popular, llanero, amateur; finalmente, es clave en la defensa de las ciudades ecológicas, seguras, convivenciales, cultas. Convocamos a las personas sensibles a la creciente corrupción gubernamental, devastación social y ambiental y degradación democrática, hoy propiciadas en la ciudad de México por Miguel Ángel Mancera  y por el brutal ambientalismo tecnocrático de Tanya Muller, secretaria del Medio Ambiente del DF,  a participar en la resistencia contra la construcción del estadio de beisbol de los Diablos Rojos en las áreas verdes de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, contra los bárbaros espectáculos que promueve OCESA en este sitio para beneficio de empresas transnacionales, contra la mercantilización abusiva del espacio público, el agua, el aire, los suelos, la biodiversidad, los monumentos, los barrios, los pueblos, las culturas. 

15 de febrero de 2015

FRENTE EN DEFENSA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA MAGADALENA MIXHUCA; ASOCIACIÓN DE LIGAS DE FUTBOL USUARIOS DE CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA, AC; ECOACTIVISTAS MAGDALENA MIXHUCA, AC; ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México.

Miguel Valencia
ECOMUNIDADES
Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México
¡Descrecimiento o Extinción!
Blog:  http://red-ecomunidades.blogspot.com/
Blog: Decrecimiento-Descrecimiento Mexico: http://decrecimientomexico.blogspot.mx
Twitter @valenciamulkay
redendefensaciudaddemexico@gmail.com

DETENCIÓN DEL COMPAÑERO EPIFANIO GARCÍA CARRILLO del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak

URGENTÍSIMO

BOLETÍN DE PRENSA

DETENCIÓN DEL COMPAÑERO EPIFANIO GARCÍA CARRILLO

 

A pesar que se tiene un amparo en revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Octavo Circuito, en el Estado de Tlaxcala, bajo el Expediente RT. 285/2014, para que los reconozcan como trabajadores y como miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, al negarles tal carácter la Lic. KARINA EDITH TORRES VÁZQUEZ, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (en adelante la Junta); del hecho de que los trabajadores han mantenido una guardia permanente fuera de las instalaciones desde el diez de agosto del dos mil doce, fecha en que ordenaron la reapertura de la fuente de trabajo ubicada en: KILOMETRO 80, CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ, VIA TEXCOCO, CALPULALPAN, TLAXCALA, después de declarada la inexistencia de la huelga.

El día de hoy 20 de enero de 2014, fue detenido el Compañero Secretario de Trabajo C. EPIFANIO GARCÍA CARRILLO en Calpulalpan, Tlaxcala, aproximadamente a las 10:30 horas, quien fue llevado al CERESO de Apizanquito, Tlaxcala, por una orden presentada por la Juez de lo Penal en el Estado de Tlaxcala, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Apizaco Tlaxcala, en proceso Número 229/2014, por el delito de “despojo” en agravio de la empresa Calzado Sandak, correspondiente a la trasnacional de Bata Internacional.

Los antecedentes del caso es que en el Expediente de huelga formado en la Junta bajo el número E.D.H. 81/2011-6, en la que con fecha 29 de agosto del dos mil once se estalló un movimiento de huelga y la misma se declaró como inexistente, de la que el Sindicato presentó amparo, el cual fue concedido por parte del C. Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, bajo el Expediente 1468/2011 y posteriormente, de acuerdo al Recurso de Revisión presentado por Calzado Sandak, S.A. de C.V., al que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, le asignó en Número de Expediente 659/2011 y en Sesión del Cinco de julio del dos mil doce, se revocó la sentencia sujeta a revisión y negaron la protección de la Justicia Federal al Sindicato, por lo que la huelga se confirmó como legalmente inexistente.

La empresa se ha negado a dicha reapertura y la Junta le ha seguido el juego, por ello es que el argumento de que los trabajadores no se presentaron y se dieron por terminadas las relaciones de trabajo ha sido absurdamente confirmado con la resolución que se combate en el Recurso de Revisión ya señalado. En la Junta se encuentra la liquidación de todos los trabajadores, cuestión que no han aceptado los 97 trabajadores que aún continúan en guardia permanente fuera de las instalaciones, por lo que en ningún momento se han tomado las mismas, ni se tiene dominio sobre éstas, que es lo que configuraría el delito de despojo.

Solicitamos a las organizaciones y población en general condenen estos hechos de violencia e ilegalidad en que han incurrido las autoridades laborales y la empresa Calzado Sandak, de Bata Internacional; expresen su reclamo y escribiendo a Bata Internacional, la excarcelación del compañero EPIFANIO GARCÍA CARRILLO y se detenga cualquier agresión en contra de nuestr@s compañer@s en la defensa de su derecho a un trabajo digno. (http://www.bata.com/contact-bata.php).

EDUARDO DÍAZ REGUERA

APODERADO LEGAL

Ayotzinapa-Demonstraten willkürlich am 20. November festgenommen

Die Demonstrante wurden am 30 November freigelassen. Ein Richter fand keine Beweise ihrer sog. Schuld. Aber so geht die mexikanische Regierung bei jeder Demonstration vor. Somit will die Polizei “beweisen”, dass sie ihre Arbeit tut, und lässt aber dabei Provokateure in Zivilkleidung, die der Polizei selber oder der Armee angehoeren, natürlich laufen. Mexiko ist das Land der Simulation. Die Verhafteten werden auch jedes mal von den Polizisten geschlagen, manchmal mit argen Konsequenzen.  Liste von denen, die am Ende der massiven Mobilisierung vom 20. November 2014 (in Mexico City) festgenommen wurden und am 22.  zu Gefängnissen hoher Sicherheit, die hunderte von Kilometern von México City entfernt sind, verlegt wurden, wobei sie genauso wie bei der Festnahme schlecht behandelt wurden. Die Frauen wuden nach Tepic, Nayarit, zum Centro Federal Femenil “Noroeste”, die Männer zum  Centro Federal de Readaptación Social No. 5 “Oriente”, in Villa Aldama, Veracruz, geschickt. Diese Männer und Frauen wurden der Verschwörung, versuchten Mordes und Meuterei angeklagt. Verwandte und Anwälte behaupten, dass sie durch Einschüchterungen und Drohungen zu falschen Aussagen gezwungen wurden, mit Hilfe von zugewiesenen Pflichtverteidigern, die sie schlecht behandeln. Familienmitgliedern, denen erlaubt wurde, sie nur minutenlang zu besuchen, informieren, dass sie hart zusammengeschlagen worden sind. Die Verhafteten, auf geratewohl während der Demonstration verhaftet, werden als organisierte Verbrecher behandelt. Es folgt eine Liste der Häftlinge: Atzin Andrade Gonzalez, 29, Student an der Esmeralda Kunstschule des Nationalen  Instituts der Schönen Künste (Instituto Nacional de Bellas Artes- INBA) Bautista Hugo Hernandez, 22, Soziologiestudent der Fakultät  für Soziologie Politik- und Sozialwissenschaften der Universidad Nacional Autómoma de México, Autonome Mexikanische Nationaluniversität (FCPyS-UNAM) Tania Damian Ivonne Rojas, 21, Soziologiestudent der Fakultät  für Soziologie Politik- und Sozialwissenschaften der UNAM (FCPyS-UNAM) Hillary Analí González Olguin, 22, Politologiestudent der Fakultät  für Soziologie Politik- und Sozialwissenschaften der UNAM (FCPyS-UNAM) Lawrence Maxwell, 47, im Geisteswissenchaftenaufbaustudium (Graduate Student –UNAM) Garduño Liliana Ortega, 30, Student der Offenen Oberstufe (eq. Gymnasium) Luis Carlos Pichardo Moreno, 55, Arbeiter. César Roberto Jasso Engel Francisco García Martínez Juan Daniel López Ávila Ramon Dominguez Patlan oder Isaac Dominguez Ayala Einige Factsheets zu den Häftlingen: HILLARY ANALÍ GONZÁLEZ OLGUÍN. Politologiestudent der FCPyS-UNAM. Sie wurde am 20. November willkürlich im koordinierten Einsatz der  Bundespolizei (Policía Federal) und der Stadt-Polizei (Policía del GDF) verhaftet und wurde brutal von den Polizisten geschlagen. Sie hat verletzte Rippen, Prellungen im Gesicht und Blutunterlaufung in einem Auge. Die Polizei warf sie zu Boden und schlug mit Beintritten auf sie ein. Mehr als 24 Stunden nach ihrer Festnahme, bis 2:00 Uhr morgens des 22. Novembers, hatte man sie nicht erlaubt, ihren Anwalt zu sehen. LAURENCE MAXWELL ILABACA, 45 Jahre alt. Chilenischer Graduate-Student im Literatur an der UNAM. Er wurde am 20. November willkürlich im koordinierten Einsatz der  Bundespolizei (Policía Federal) und der Stadt-Polizei (Policía del GDF) festgenommen. Laurence wollte auf dem Fahrrad einige Freunde in der Innenstadt treffen. Er hielt in in der Nähe des Zócaloplatzes, wo die Demonstration ablief, an, um Tamales zu kaufen und kettet dazu sein Fahrrad an. Er sah Menschen auf sich kommen, auf der Flucht von der Polizei. Er schaffte es nicht, davonzulaufen und wurde verhaftet. Er wurde zu falschen Aussagen gezwungen, und bekam einen zugewiesenen Pflichtverteidiger, der ihn schlecht behandelt. Mehr als 24 Stunden nach seiner Festnahme, bis 2:00 Uhr morgens des 22. Novembers, hatte man ihn nicht Zugang zu seinem eigenen Anwalt erlaubt. TANIA IVONNE DAMIÁN ROJAS. Soziologiestudent des 3. Semesters an der Fakultät für Politik- und Sozialwissenschaften, UNAM. Sie wurde willkürlich von der Bundespolizei in der Nacht vom 20. November am Ende der massiven Mobilisierung in der Nähe der Stadtmitte (“Zócalo”) verhaftet. Sie wurde auf einen Lastwagen geladen und zur SEIDO gefahren. Sie sagte zu ihren Verwandten, dass sie bei der Festnahme geschlagen und von der Außenwelt 25 Stunden lang abgeschnitten wurde. Sie wurde durch die Drohung, das man ihr sonst noch höhere Verbrechen zuschreiben würde, gezwungen, eine von einer ihr unbekannten Rechstanwältlerin vorbereiteten Aussage abzugeben.  Sie weist einen Schlag am rechten Auge und Blutergüssen an den Armen vor. HUGO BAUTISTA HERNANDEZ, 21 Jahre alt. Soziologiestudent des 3. Semesters an der Fakultät für Politik- und Sozialwissenschaften, UNAM. Er wurde willkürlich in der Nacht vom 20. November im koordinierten Einsatz der Bundes-und der Stadtpolizei verhaftet. Die Familie berichtet, dass er brutal zusammengeschlagen, ins Krankenhaus und dann zurück in die SEIDO gebracht wurde. Er ist an Rippen und Auge schwer verletzt. Atzin ANDRADE GONZALEZ, 29 Jahre. Studenten der Esmeralda-INBA. Er wurde willkürlich während des koordinierte Einsatzes der Bundes – und Stadtpolizei in der Nacht vom 20. November verhaftet. Atzin wurde seiner Freiheit am der Fahnenstange des sog. Zócaloplatzes beraubt, während er auf seine Freunde wartete. Es wird berichtet, dass er geschlagen wurde und wegen Hämatomen an den Beinen nicht richtig gehen kann. LILIANA GARDUÑO ORTEGA. Student der Offenen Oberstufe. Sie wurde willkürlich in der Nacht vom 20. November während des koordinierten Einsatzes der Bundes- und Stadtpolizei verhaftet. Sie machte am Zócalo Fotografien, als sie von der Menschenmenge, die der Repression fliehte, überrannt wurde. Als sie zu Boden fiel, wurde sie von den Polizisten wiederholt am Kopf getreten. Sie ist befindet sich in einem schlechte körperlichen Zustand. LUIS CARLOS PICHARDO MORENO, 55, Arbeiter, Miglied eines Studienkreises linker Orientation, wurde trotz totaler Unschuld an jeglichem Gewaltakt an dem Abend, da er laut Zeugen sich während der Demonstration ständig mit einer friedlichen geschlossenen Gruppe aufgehalten hatte, die so langen zusammenhielt, bis die Polizei aktion zur Flucht zwang,  festgenommen. ISAAC DOMINGUEZ AYALA, 31, Ex Psychologiestudent der UNAM. Es wurde willkürlich in der Nacht vom 20. November während des koordinierten Einsatzes der Bundes- und Stadtpolizei verhaftet. Verwandten berichten, dass sie bis 24 Uhr vom 22. November ihn nicht haben sehen dürfen, so dass es keine Information über seinen Gesundheitszustand gibt, nicht wissen, wie er sich körperlich befindet, wo er ist. Er wurde nicht erlaubt, eine rechtliche Verteidigung zu haben. Er wird der organisierten Kriminalität, des Terrorismus, der Aufruhr und des versuchten Mordes angeklagt. ————————- Eine zweite Gruppe von  Jugendlichen wurde am gleichen Tag frueher im östlichen Teil Mexico-City auf der Calzada (Fahrbahn) Ignacio Zaragoza verhaftet: Es handelt sich dabei um ALEJANDRO CABRERA AVILA, UNAM-Student, JOSÉ MANUEL MORALES RUIZ der UACM (Autonome Mexico-Stadt Universität) und MIGUEL ANGEL LARA MOSSO , Student  der Facultad de Estudios Superiores FES (Fakultät fuer HochschulBildung) Acatlán UNAM  die zum Nord-Gefängnis in Mexiko-Stadt verlegt wurden , während SAMANTA IRAIS BUENDÍA HERNANDEZ, Studentin beim Colegio de Ciencia y Humanidades CCH (Oberstufe fuer Wissienschaften) Azcapotzalco wurde zum Frauengefängnis von Santa Martha , auch in Mexico-Stadt geschickt . Die Jugendlichen werden fuer Angriffe auf die öffentliche Ruhe verfolgt . Beide Gruppen machen insgesamt 15 Personen aus. Inzwischen habe die Männer, die jetz in Veracruz verhaftet sind am 24. November eine Klage vor der Nationalen Menschenrechtskomission eingereicht Quellen u.a: http://www.animalpolitico.com/2014/11/salen-bajo-fianza-11-de-los-15-detenidos-en-las-inmediaciones-del-aicm/ http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/detenidos-zocalo-delitos-nombres-listas-1056336.html http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/24/detenidos-el-20-de-noviembre-presentan-queja-ante-cndh-2987.html Übersetzung: Alejandro Corona Bähre. Kommentare des Übersetzers: Die Menschenrechtskommission ist in Mexiko korrupt, weshalb von ihr schwerlich positive Ergebnisse zu erwarten sind. Die hierbeschriebene Repression sorgt dafür, das die Mexikaner nur noch mit schweren Bedenken an Demostrationen teinehmen und das die Menschenrechtskämpfer mit der Befreiung der Politischen Gefangenen beschäftigt sind, statt gegen die eigentlichen Problemen agieren zu können.. Bitte verlangt ihre sofortige und bedingungslose Freilassung!

Devastación ambiental en el Estado de Hidalgo y otros

 Les comparto este dictamen preliminar a 24 casos, hecho por cuenta de los que abajo se señalan, a nombre del 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

CAPÍTULO MEXICO

 

Post-Audiencia

“Devastación ambiental y resistencia popular en el centro de México”

 

 

Tula, Hidalgo, 10 y 11 de octubre de 2014

Comité Dictaminador:

 

Dalia Ortiz Zamora

Juanita Ochoa Chi

Natalia Pérez Cordero

Alejandro Corona Bahre

 

  

Presentación.

La Post-Audiencia “Devastación ambiental y resistencia popular en el centro de México”, realizada en la ciudad de Tula, Hidalgo, durante los días 10 y 11 de octubre de 2014, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, “Libre comercio, violencia estructural, impunidad y derecho de los pueblos”, busca darle continuidad a los trabajos de la audiencia de “Devastación ambiental y derechos de los pueblos”, presentada en la Ciudad de México los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013.

El dictamen final de esa audiencia constató el desamparo institucional, la simulación y la impunidad del Estado mexicano frente a la devastación ambiental, que ha permitido la configuración de una estructura de impunidad que limita y somete al medioambiente y a las víctimas de estas agresiones en su reclamo de justicia, reparación integral del daño y la aplicación del principio precautorio para evitar los riesgos ambientales en el país.

Este dictamen condenó al Estado mexicano por la violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo sustentable de sus habitantes. En síntesis, se condenó enérgicamente al Estado mexicano por la desviación de poder a favor de las empresas nacionales y transnacionales, que ha provocado la devastación ambiental del país, calificando sus acciones como crímenes de lesa humanidad en contra de los pueblos definidos en el estatuto de Roma, ratificado por México, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población mexicana. Entre otras cosas, esta desviación de poder se ha caracterizado por un doble discurso de defensa de los derechos humanos y dictado simultáneo de leyes que los vulneran, de las cuales la reforma energética es solo el más reciente y masivo ejemplo.

Esta post-audiencia aquí celebrada, a la que preceden 14 preaudiencias, corrobora este dictamen, y lo amplia documentando casos y testimonios paradigmáticos de destrucción ambiental de una región en la que se emplazan importantes instalaciones industriales en el país, que cubre los estados de Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz. Ello queda manifiesto en las doce violaciones a derechos humanos que se presentan más adelante como parte de este dictamen.

La audiencia general introductoria realizada en Ciudad Juárez, en mayo del 2012, ha reconstruido el contexto integro de los impactos de las políticas neoliberales sobre los derechos de las y los mexicanos, simbolizadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que se traducen en una violación masiva y sistemática de los derechos a través de la desviación del poder.

Al marco del TLC se debe agregar el Plan Puebla-Panamá gestionado por el gobierno de Fox con los Estados Unidos para el fomento de megaproyectos y la infraestructura que éstos requieren, en parte de la zona geográfica aquí discutida, y el Plan Mérida gestionado por el gobierno de Calderón con el vecino país para profundizar la militarización de México. Este último ha fortalecido las posibilidades de una represión masiva a la población mexicana que se inconforme con estas situaciones, además de que ha contribuido a incrementar en diversos casos la violencia y con ello, a despoblar algunas regiones del país a fin de crear condiciones propicias para el extractivismo, dado el papel de proveedor de minerales e hidrocarburos que la globalización dirigida desde Estados Unidos le ha asignado a México, todo ello con el pretexto del combate al narcotráfico, a su vez también fomentado en muchos casos desde los niveles de gobierno.

En últimas fechas, se añado al marco del proyecto neoliberal globalizador en México la contrarreforma energética, que entregará en un futuro cercano ya no solo una proyectada mayor parte de los hidrocarburos de México, sino una parte creciente de las utilidades directas de la actividad petrolera a transnacionales y economías extranjeras y con ello, el sometimiento total de la economía, el patrimonio nacional y el trabajo de los mexicanos a los intereses de Estados Unidos y otras potencias.

Procedimiento.

Los miembros de este comité hemos tenido la oportunidad de escuchar casos que denuncian y evidencian con pruebas y testimonios las problemáticas socioambientales de sus regiones. Tras las exposiciones, el comité ha recibido además informes escritos, algunos muy detallados, documentos oficiales, fotografías y vídeos que avalan su noble y sencilla palabra.

Los miembros que conformamos el jurado dictaminador somos:

  • Dalia Ortiz Zamora. Geóloga por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra en ingeniería ambiental y doctora en ciencias. Profesora de la facultad de ingeniería.
  • Juanita Ochoa Chi. Economista por la Facultad de la UNAM, maestra en sociología y doctora en ciencias políticas. Profesora e investigadora de la UACM.
  • Natalia Pérez Cordero. Licenciada por la Facultad de derecho de la UNAM. Abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
  • Alejandro Corona Bahre. Licenciado por el Departamento de Economía de la UIA, con estudios de maestría en administración de la tecnología por la UNAM y militante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

 

 Introducción.

Los pueblos y comunidades de la región centro de México, que forman parte de diversas agrupaciones, colectivos sociales y comunidades campesinas e indígenas, han presentado ante este comité dictaminador una visión amplia de las problemáticas ambientales que afectan a la región, que han generado una devastación natural, económica, social y cultural sin precedentes, producto de la industrialización y de la urbanización salvaje, agravadas desde los ochenta por la globalización dictada desde Estados Unidos, que ha reasignado a México un papel fundamentalmente extractivista y solo localizadamente agrícola e industrial.

Este comité dictaminador reconoce el esfuerzo realizado por los 24 colectivos y comunidades que han tenido el valor y la entereza de presentar sus casos y testimonios en esta post-audiencia. Sabemos que su presencia aquí ha implicado un gran esfuerzo que será imitado, reconocido y recompensado por las generaciones presentes y futuras que habitan nuestros valiosos y generosos territorios.

Con gran respeto hacemos un reconocimiento a Caminando por la Justicia A. C. y Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina; Lino García Terán y Jesús Cornejo Caballero  representantes de Tezontepec de Aldama; Argelia Velázquez León representada por Irma León Tovar, afectadas por el basurero de Tula; los pueblos de Xochitlán de las Flores, San Andrés Tultepec y Nantza representados por Roberto Beltrón; el ejido Nopala de Villagrán representado por su comisario ejidal Lucas Fuentes Bravo; el pueblo Hñahñu del municipio de Santiago de Anaya; Frente de comunidades en contra de la incineración de residuos sólidos urbano e industriales, representado por Enrique Ramírez López; Yuri Uribe Montero representando a 14 comunidades de Tula de Allende y Tepetitlán afectadas por la presa Endhó; David Hernández Uribe representante de la comunidad de Juchitlán Bathi, municipio de Chapantongo y otras 15 comunidades aledañas; Felipe Jiménez Sánchez del Sindicato Mexicano de Electricistas; las comunidades de Segunda del Llano, Primera del Llano, Iturbide, y otras doce comunidades del Estado de Hidalgo; La Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo AC, la Red Unidos por los Derechos Humanos y Comunidades de la región del Totonacapan y la Alianza Mexicana contra el Fracking, representadas por Alejandra Jiménez; Gonzalo Rodríguez Cano  representante de Asociación de Productores Ecologistas Tatexco A. C. (Apetac); Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía; la comunidad de Santiago Tlacotepec a través de su Comité ciudadano; comunidad Hñahñu de San Idelfonso y su representante César Cruz Benítez; EcoTuzuapan representando a las comunidades de Palmar de Bravo, Puebla; Chogosteros en Accion de la comunidad de Jaltipan; los testimonios de ejido de San Marcos, Zumpango, Estado de México, Izúcar de Matamoros, Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Estos colectivos en su conjunto nos han dado una panorámica trágicamente ejemplar de la devastación ambiental en el país. Han testimoniado y documentado casos dramáticos de afectaciones al medio ambiente, la salud y la cultura de sus poblaciones generados por: los parques industriales de Tula, Atitalaquia (Hidalgo) y el de Jilotepec (Estado de México); los corredores industriales de Salamanca (el denominado Manchester mexicano) y Cuautitlán-Tepeji del Río-San Juan del Río (uno de los más contaminados del mundo, pues concentra 115 empresas que generan cientos de miles de contaminantes provenientes de la petroquímica, termoeléctricas, cementeras y sus respectivas incineradoras); los despojos e impactos ambientales en el agua, aire y tierras de cultivo y afectaciones a la salud de las poblaciones generados por las cementeras Holcim Apasco, Cruz Azul, Cemex, Fortaleza Santa Anita y Lafarge, que han generado una crisis de escasez y contaminación del agua inédita en la región; los efectos ambientales generados por las actividades de Petróleos Mexicanos y sus contratistas, en particular las refinerías ubicadas en Hidalgo y Salamanca, las petroquímicas, así como los derrames por explotación de pozos y aplicación de nuevas tecnologías para extracción de gas (fracking), en Veracruz, cuyos efectos todos se han traducido en la muerte de especies de flora y fauna y afectaciones de la salud de miles de personas; el despojo desencadenado por la explotación de minerales metálicos y no metálicos y la destrucción del ambiente y la salud de las comunidades que siempre se acompaña de una violencia, persecución, criminalización  y asesinatos de sus opositores; la destrucción ambiental y comunitaria a través de múltiples modalidades de acumulación de desechos provenientes de diversas fuentes, como los derrames de la industria del petróleo, las letrinas de líquidos residuales del fracking, los lodos tóxicos provenientes de las refinerías depositados en socavones de las comunidades de Salamanca y Atotonilco, la incineración de residuos tóxicos industriales y hospitalarios por parte de las cementeras, la acumulación de residuos urbanos y tóxicos de todo tipo en el tiradero a cielo abierto de Tula y el despojo de tierras desencadenado por la construcción del tren rápido México-Querétaro y las carreteras construidas y proyectadas en la región, destruyendo ambiente y zonas arqueológicas detectadas por las propias comunidades (a través del engaño, estafa, anulación de derechos indígenas, marginación extrema y reubicación de comunidades, así como de la criminalización de su protesta); y agresiones a los derechos laborales con el fin de facilitar la privatización de los recursos energéticos del país, referido por los electricistas del SME del estado de Hidalgo. Mención aparte requiere el complejo caso de la presa Endhó, construida en los años cincuenta sin el consentimiento de las comunidades, desplazadas a zonas sin agua, y alimentada desde los años setenta con los residuos orgánicos e industriales acarreados via aguas negras desde la Ciudad de México y el corredor industrial Cuautitlán-Tepeji-San Juan del Río, considerada como la presa más contaminada de América Latina, que afecta un área de 1,260 hectáreas y a 800 familias, las cuales reportan altos grados de mortalidad y casos de mutación genética, cáncer, hepatitis, afectaciones a la piel, enfermedades degenerativas, corroboradas por estudios que se han hecho en la región;

En el ejercicio pleno de nuestras competencias y como parte de una colectividad dispuesta a defender sus fuentes de vida y felicidad, este comité se dio a la tarea de conocer, analizar y ponderar los casos, testimonios y evidencias presentados, a fin de dar cuenta del carácter estructural y permanente de las múltiples afectaciones perpetradas por el Estado y las empresas, que dan cuenta de una violación sistemática y dolosa de los derechos fundamentales a la vida y la salud y a un ambiente sano, derechos territoriales, consulta y consentimiento libre e informado, en la región centro de México y otros estados.

En el marco de los tratados internacionales y en particular del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la defensa de nuestro territorio ejemplificada en los 24 casos presentados son un ejemplo de valentía y determinación dignos de ser reconocidos y animados, por lo que suscribimos la consistencia de sus argumentos, la solidez de las evidencias, y denunciamos con ellas una inobjetable responsabilidad de las diferentes instancias del estado mexicano, empresas y corporaciones nacionales e internacionales, que a lo largo de décadas imponen el deterioro y destrucción de sus espacios de vida.

Agravios comunes y particulares.

 

  1. Empresa “ATC, Inmobiliaria S.A. de C.V.”

Es una fabricante maquiladora e importadora de plaguicidas ubicada en el parque industrial del municipio de Atitalaquia.

Los demandantes son Caminando por la Justicia AC y Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, representados por Hugo Mendoza Vargas, a nombre de vecinos del parque industrial.

La principal afectación es el incendio de la planta verificado el 7 de abril de 2013 donde ardieron agroquímicos para elaborar los pesticidas. Se desconoce la cantidad y tipo preciso de tóxicos que se incendieron. En reuniones, las autoridades quedaron de clausurar esta empresa, pero no ha sido clausurada y sigue trabajando. No hubo reparación por parte de la misma.

Si bien ATC cerró, se sospecha que el laboratorio incendiado fue reconstruido en una empresa vecina del mismo dueño, cuya razón social se desconoce.

Entre las afectaciones, están un cuadro de intoxicación que llevaron a desmayos y diarreas entre otros efectos, El incendio ocurrió muy cerca de la ubicación de empresas de alimentos como Bimbo, Zigma Alimentos (Fud) y Cargill, entre otras.

El número de afectados fue de 7,000 moradores de los municipios de Atitalaquia y Atotonilco.

Los tóxicos despedidos por el incendio tienen efectos cancerígenos a través de la contaminación del agua y aire.

Las demandas más importantes a las autoridades fueron el cierre, responsabilización y pago de indemnizaciones de la empresa,  la creación de un fideicomiso para problemas de salud, la construcción de un atlas de riesgo, un hospital de especialidad de oncología, estudios del agua y medio ambientales, la constitución de una comisión ciudadana en auditoria y seguridad, el impulso de una agricultura y ganadería libre de tóxicos y la instalación de potabilizadoras, la gran mayoría de las cuales no fueron atendidas.

  1. Caso Tezontepec

Tezontepec de Aldama es un municipio del Estado de Hidalgo

El demandante es el municipio citado, representado por Lino García Terán y Jesús Cornejo Caballero.

Las afectaciones por contaminación de agua, tierra y aire que se describen son masivas y resultan de la actividad de las cementeras Tolteca (ahora Cemex) y Cruz Azul, la planta termoeléctrica Francisco Pérez Rios, la refinería Miguel Hidalgo, empresas textiles, así como los parques industriales de Tula, Tepeji del Río y Atitalaquia, el agua de riego que viene desde la Presa Endhó, que como se ha mencionado antes contiene innumerables sustancias tóxicas, los agrotóxicos que se emplean en el campo y la explosión de ATC mencionada en el caso anterior. Se añaden las fumigaciones que llevan a cabo los agricultores sin protección alguna.

Aunque el demandante se concentra en el caso de Tezontepec, señala que el número de afectados es muy grande, ya que comprende 17 municipios de la región Tula Tepeji Valles del Mezquital, en el Estado de Hidalgo, que poseen una población de 625,000 habitantes.

Los efectos sobre la salud son muy amplios: respiratorios, cardiovasculares, crónico-degenerativos, destacadamente el cáncer, así como los espantosos casos de insensibilidad congénita, de consecuencias frecuentemente mortales. En el municipio de Tezontepec hay 50 muertes de cáncer al año, con variedad creciente de tipos de esta enfermedad.

Las demandas incluyen la construcción de un hospital de oncología,  recursos para las campañas de prevención y manejo de sustancias agroquímicas, vigilancia de las emisiones industriales en la zona, programas emergentes para afectados en salud y que las multas a empresas se destinen a la población y no a la Secretaria de Hacienda federal, entre otras.

  1. Caso Basurero Tula

Este caso es el de una parcela que una particular que rentó a 4 municipios, que son Tula de Allende, Atotonilco, Tlaxcoapan y Atitalaquia, para un supuesto relleno sanitario con un contrato de una vigencia de 18 meses.

La demandante es Irma León Tovar, representada por su hija Argelia Velázquez León.

Las afectaciones son no solo de carácter agrario sobre los derechos de las demandantes que han promovido la rescisión del contrato de arrendamiento sin éxito, sino de carácter social, ya que el predio se usa no para relleno sanitario sino como basurero a cielo abierto, se depositan desechos industriales y hospitalarios cuando el basurero está previsto para desechos urbanos, sin verificación del tipo de residuos proveniente de diferentes empresas, como Pemex, y sin la infraestructura necesaria para evitar la contaminación de suelos, agua y aire.

El número de afectados es un número indeterminado de habitantes de la Cd. de Tula.

Las afectaciones a la Salud, como en los casos anteriores, son respiratorias y crónico-degerativas.

La demanda es que se les devuelva la propiedad previa remediación, para darle uso agrícola.

  1. Caso Río Rosas

El río Rosas proviene del Estado de México. Los demandantes son los pueblos de Xochitlán de las Flores, San Andrés Tultepec y Nantza, representados por Roberto Beltrón. Son comunidades ribereñas del río.

La afectación es la contaminación del río por descargas industriales del parque industrial de Jilotepec. Los árboles frutales de las comunidades se han llenado de plagas y acaban por secarse. Esto ha provocado que producción frutícola disminuya y se afecte su economía en general. Además han desaparecido del río el acocil, que es un camarón de agua dulce y especies varias de peces.

El número de afectados es indeterminado.

Se reportan daños dermatológicos diversos.

Las demandas incluyen estudios ambientales, toxicológico y epidemiológicos independientes, un estricto control de desechos tóxicos del parque industrial de Jilotepec y que se castigue a los responsables de la devastación del río Rosas, la reparación del daño integral y viable a las comunidades afectadas, así como la garantía de que no se traspasen los daños a otras comunidades.

  1. Caso Tren México Querétaro, Nopala

Este caso aborda la construcción del tren suburbano México Querétaro y su paso por tierras ejidales del municipio de Nopala de Villagrán.

El demandante es el ejido Nopala de Villagrán representado por Lucas Fuentes Bravo, presidente del Comisariado Ejidal.

Las afectaciones son el despojo de tierras ejidales para el paso del mencionado tren y la consecuente interrupción de proyectos productivos, en particular la extracción de materiales pétreos como arena, grava, tezontle y tepetate.

El número de afectados son 150 ejidatarios cooperativistas y sus familias y otras comunidades donde pasará el tren.

Sus demandas se enfocan a cambiar el trazo del tren, y en su defecto el pago justo de las tierras donde se encuentra el proyecto sustentable de los ejidatarios.

Caso 6. Santiago de Anaya

Es el caso de la afectación del municipio de Santiago de Anaya por la cementera de Carlos Slim “Fortaleza Santa Anita”.

Las afectaciones se refieren a la contaminación del aire, agua y cosechas cubiertas de ceniza. Se acusa además a la Conagua de extraer agua por medio de 8 pozos para alimentar la ciudad de Pachuca, dejando a los moradores con agua solo una vez a la semana.

El número de afectados es la población del municipio de alrededor de 14,000 personas y de otros municipios como Actopan, Arenal, Ixmiquilpan y San Salvador.

Reportan como daños a la salud afectaciones a la vista de los niños.

Sus demandas se concentran al cierre de la cementera y que se busquen alternativas de suministro de agua para Pachuca y de esta forma garantizar el abasto de consumo de agua en la comunidad.

  1. Caso ECOLTEC

Ecoltec es una cementera subsidiaria de Holcim Apasco que ha causado repetidamente cuadros de afectación de la salud en la población. La denuncia también va contra Cemex y Lafarge.

Los demandantes son el Frente de comunidades en contra de la incineración de residuos sólidos urbano e industriales, representada por Enrique Ramírez López, los pobladores de los municipios de Atotonilco y Apasco y otras comunidades en las inmediaciones del corredor industrial Tula-Tepeji-Apaxco.

Las afectaciones son por incineración de basura y otros compuestos por industrias cementeras, caleras, refinerías, termoeléctricas, fundidoras entre otras que generan dioxinas y otros COP (contaminantes orgánicos persistentes), que se alojan en la cadena alimenticia con graves efectos mutagénicos y carcinogénicos sobre el humano.

En marzo del 2009 fallecieron once campesinos al limpiar un cárcamo que emanaba gases tóxicos por la contaminación del Río Salado, en donde se presume, hay descargas de ECOLTEC.

Además se traen entre 5 y 10 toneladas diarias de basura del Bordo Poniente desde hace un año para incinerar en la empresa.

Además, como parte del caso, se reporta la denuncia de la Comunidad del Barrio de Bovedas a la empresa Cal del Tigre que quema combustibles alternos (es decir basura) sin licencia para ello.

En esta zona la Profepa ha dictaminado la existencia de contaminación pero se les a las empresas seguir operando. La Universidad de  Tula Tepeji dice que no tiene el equipo para hacer estudios y mediciones relativos a la problemática, acerca de la cual por otra parte se desinforma a la población a través de medios de comunicación.

Los afectados son decenas de miles de pobladores de los municipios y zonas mencionadas.

Los problemas de salud son de alergias, de vías respiratorias y de cáncer y al sistema nervioso de niños y adultos dañando funciones básicas como la memoria y la atención. Ante estas afectaciones, el IMSS solo cuenta con servicios de primeros auxilios.

Los denunciantes demandan normas para que empresas dejen de incinerar basura como combustible y en particular que ya no se traiga basura del Bordo Poniente.

Caso 8. Presa Endhó

La presa Endhó es el destino final del emisor central del drenaje de la Ciudad de México y del corredor industrial Cuautitlán-Tepeji-San Juan del Río.

Las demandantes son 14 comunidades de Tula de Allende y Tepetitlán representadas por Yuri Uribe Mortero.

Las afectaciones son originalmente la reubicación de los poblados a zonas sin agua y la desaparición de la pesca y turismo así como la extinción de flora y fauna y actualmente las emanaciones e infiltraciones de aguas negras orgánicas e industriales sin tratamiento alguno, haciendo de ella la zona más contaminada de Hidalgo. Además, no pueden usar las aguas de la presa para ningún fin ya que están concesionadas. Otra es el deterioro ambiental por la construcción de la autopista Arco Norte.

Son alrededor de 20,000 afectados.

Las afectaciones a la salud son leucemia, cáncer, hepatitis, asma, irritación de ojos, problemas dermatológicos, dientes manchados y riesgos sanitarios varios.

Las demandas son el saneamiento de la presa y  pozos, plantas tratadoras, dotación de tierra agrícola, concesión de agua, construcción de hospital de oncología, la reclasificación como zona de alta marginalidad y fideicomiso público con representación social para la ejecución de acciones ambientales.

  1. Sistema de agua

Se refiere al sistema comunitario de extracción de agua potable de un pozo del poblado de Juchitlán Bathi en el municipio de Chapantongo.

Los demandantes son los pobladores de la población citada, representados por el Sr. David Hernandez Uribe y 15 comunidades de municipios aledaños.

La afectación es el alza injustificada del costo de la energía eléctrica con impacto directo en el bombeo de agua potable, causando problemas de supervivencia a las comunidades. O pagan el bombeo de agua o pagan alimentación y otros gastos. Con Luz y Fuerza pagaban 22,000 mensuales y ahora es de 45,000. Otro problema son los tiraderos a cielo abierto cercanos a sus comunidades, los cuales reciben basura de todo el municipio y de Iguala, con la consecuencia de 50 manantiales superficiales contaminados.

Sus principales demandas se centran en que se deje de cobrar una tarifa tan alta e injusta así como que se les devuelva económicamente los excedentes de pagos emitidos. Demandan también que se reconozca el mencionado sistema comunitario de agua, que fue construido por la comunidad y no por el gobierno y que se reponga la tubería vieja y desgastada del mismo, la cual provoca fugas y contaminación por oxidación de las tuberías.

  1. Caso SME

El SME es el Sindicato Mexicano de Electricistas cuyos afiliados fueron despojados de su fuente de trabajo al cerrar la Compañía de Luz y Fuerza.

El demandante es el SME representado por Felipe Jiménez Sánchez

La afectación es el despojo de su fuente de trabajo en una serie de acciones que involucran decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los trabajadores fueron desalojados con lujo de violencia de sus lugares de trabajo por la policía federal, bancaria, ministerial y personal ejército mexicano vestido de policías federales preventivos.

El número de afectados es más de 44 mil trabajadores.

Denuncian un gran deterioro y desincorporación familiar en los y las trabajadoras del Sindicato.

Cabe mencionar que el SME ha convocado, también en esta audiencia, a la población usuaria de energía eléctrica a organizarse en contra de las altas tarifas eléctricas y no pagar el servicio.

Sus demandas son el reconocimiento del patrón sustituto, los salarios caídos, las prescripciones del contrato colectivo de trabajo y el reingreso de trabajo.

  1. Caso Refinería y Termoeléctrica

Se refiere a las instalaciones de Pemex y CFE en Tula Hidalgo.

Los demandantes son habitantes de las comunidades de Segunda del Llano, Primera del Llano, Iturbide, y otras doce comunidades del Estado de Hidalgo.

Las afectaciones son los vertidos de residuos al río Tula por parte de la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y Clarimex en el Parque Industrial que contienen más de 104 sustancias tóxicas, algunas desconocidas, la quema de gas de la refinería, así como concesiones de uso de agua por 44,000 millones para la refinería y 41,000 millones para la termoeléctrica, de metros cúbicos por año. Pemex ya no paga indemnizaciones. Las autoridades de tres niveles son omisas.

Las afectaciones a la salud son cánceres de estómago, esófago, infartos, enfermedades de la piel, respiratorias y malformaciones genéticas. Además reportan diabetes por cambios en la cultura de la alimentación.

Se demandan hospitales y que los residuos tóxicos no sean quemados.

En el contexto de este caso vale la pena mencionar los resultados de un estudio presentado en esta audiencia por parte de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo AC, realizado en 2011 y el cual reporta que el 58% de una población encuestada de quince municipios del estado consideraba que una nueva refinería hasta hace poco proyectada, aunque ahora cancelada, en el municipio de Tula de Allende, generaría perjuicios de contaminación ambiental.

  1. Caso Fractura Hidráulica en el Totonacapan Veracruzano

La fractura hidráulica o fracking es una técnica para extraer hidrocarburos del subsuelo que contamina mantos freáticos, genera sismos y contribuye  calentamiento global.

Son varios demandantes, entre los que destacan la Red Unidos por los Derechos Humanos y comunidades de la región del Totonacapan, representadas por Alejandra Jiménez.

Las afectaciones son el uso de la técnica de fracking hidráulico, hecho negado por las autoridades, en esa zona, lo afecta gravemente la disponibilidad de agua salubre para consumo humano y la contaminación de los mantos freáticos, asi como deterioro cultural y de identidad por la presencia de empresas privadas nacionales e internacionales, casos de prostitución y abandono del campo en favor de la actividad petrolera. Para 2012 hay 3520 pozos perforados, parte de los cuales con técnica hidráulica y un pozo letrina, que es de inyección de agua contaminada descartada al subsuelo profundo. Otras afectaciones son de la actividad petrolera son explosiones, derrames, fugas de gas y muerte de ganado.

  1. Caso Industria petrolera y sus pasivos ambientales en la región sur de Veracruz

El demandante es la Asociacion de Productores Ecologistas Tatexco AC (Apetac), representado por Gonzalo Rodríguez Cano.

Las afectaciones son los impactos de más de cincuenta años de actividad industrial (petrolera, petroquímica y química principalmente) sobre las comunidades, entre las cuales destaca el mal manejo de los desechos tóxicos y los derrames de crudo, que han tenido como consecuencia la disminución de la pesca en el río Tatexco, la poca productividad en tierras de cultivo que históricamente fueron rentables y la mortandad de ganado mayor y animales domésticos. Se expone en particular el caso de la planta deshidratadora de crudo llamada Ágata que vertía en a fines de los noventa sus desechos directamente al río.

Las demandas principales son

  • un estudio de salud pública generalizado no manipulado de los efectos de la contaminación
  • la restauración ecológica de toda la cuenca y de las zonas afectadas
  • Se respete las normas en materia de medio ambiente y salud y se use tecnología eficiente.
  • se detenga la privatización de los hidrocarburos y minerales
  • la vida en un mundo sin tóxicos
  • El transito global a fuentes de energías renovables de bajo impacto para el medio ambiente
  1. Salamanca Guanajuato

En la ciudad de Salamanca está la refinería Antonio M. Amor, contaminante de la región.

El demandante es el Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía

Las afectaciones son causadas por la refinería, una termoeléctrica y el corredor industrial del Bajío con industrias químicas y petroquímicas, que descargan en el rio Lerma, el cual atraviesa la ciudad de Salamanca. La contaminación del río Lerma a su vez afecta los suelos con agroquímicos, lo que resulta en una de las ciudades más contaminadas del país. Otra afectación es la quema de gas, con la consiguiente contribución a la contaminación y el calentamiento global.

Destacan también el accidente de Techkem con generación de pasivos ambientales muy graves y el relleno de socavones con tóxicos a cielo abierto por parte de la empresa Quidesa, empresa que sigue operando.

Los daños a salud, además de los ya conocidos en estos casos, incluyen la muerte de una persona y ganado en el mencionado socavón.

  1. Nevado de Toluca

Este caso se refiere a la defensa del Parque Nacional del Nevado de Toluca.

El demandante es la comunidad de Santiago Tlacotepec a través del comité ciudadano del mismo pueblo.

Las afectaciones son el cambio de categoría de Parque Nacional a Área Natural de Protección de Flora y Fauna sin consultar a la población ejidataria aledaña. Con eso se ha abierto la posibilidad de trazar una carretera, construir hoteles o teleférico y la tala ya comenzó. Se ha culpado a los ejidatarios de no saber cuidar el Parque.

La afectación a la salud es general, con la desaparición de un pulmón importante para la región y un espacio de recreación colectivo.

La demanda es que se derogue el decreto de recategorización del parque nacional y no avance la urbanización y devastación de la zona.

  1. San Idelfonso, Municipio Tepeji del Río, Hidalgo

El demandante es la Comunidad Hñahñu de San Idelfonso, y su representante es César Cruz Benítez.

Las afectaciones se derivan de la construcción del Tren México Querétaro, el cual afectará una zona de vestigios arqueológicos, pasará encima de un ojo de agua, por un área protegida natural, al lado de una escuela de música y terrenos de cultivo de temporal y de autoconsumo. No se les ha consultado debidamente porque a nivel federal aún no se les da el reconocimiento como pueblo indígena. Otra afectación es la presencia de Cementos Cruz Azul que ha destruido flora y fauna, que es muy espesa en la zona.

Los afectados son 7,000.

La demanda es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no autorice al trazo del tren.

  1. Caso EcoTuzuapan AC

Tuzuapan se encuentra en el Municipio Palmar de Bravo, Puebla

Los demandantes son comunidades representadas por Mauricio Rosas Morales.

Las afectaciones se derivan de la compra de tierras por Cruz Azul a solo uno $1.50 el metro cuadrado.  Por la actividad de la cementera, sus tierras están muertas. No hay cosechas y no pueden ya exportar, con la consiguiente pérdida de la fuente de trabajo. Asimismo, dos pozos de agua potable se han secado y otros se han derrumbado a causa de las detonaciones que hace la empresa. También hay daños ambientales por los polvos que generan las turbinas de la  cementera. El gobierno ha incumplido toda clase de acuerdos, incluyendo la construcción de un hospital.

Los daños a la salud incluyen cáncer, enfermedades pulmonares, partos prematuros, abortos, malformaciones genéticas.

Las demandas incluyen monitoreo por parte de gobierno, un hospital y la reforestación por parte de Cruz Azul, entre otras.

  1. Caso Jaltipan

El caso es de impacto sobre el medio ambiente y la salud de la población de Jaltipan.

El demandante es el movimiento Chogosteros en Accion, habitantes de la comunidad de Jaltipan.

La afectaciónes la presencia de una bodega almacenadora de coque en su comunidad. El coque contiene residuos químicos y metales pesados que son perjudiciales para el medio ambiente. Las condiciones ecológicas en la región  no son aptas para el almacenaje de éstos pues éste  puede afectar los mantos freáticos de la misma.

Existen importantes irregularidades de término de las normas mexicanas.  Por ejemplo, el coque no debiera permanecer a cielo abierto, sino en un lugar seco. Su manejo es de alto riesgo. El coque contiene dióxido de azufre, vanadio, níquel, cromo, azufre y CO2 entre otros. Hay daños necróticos a la flora y cultivos.

Las afectaciones a la salud son sobre vías respiratorias, los efectos cancerígenos, la irritación  de membranas de mucosas

La demanda es que se retire de la zona el almacén de Coque.

Testimonios

  1. Ejido de San Marcos. Los temas son el despojo de tierra disfrazado de venta y cambio de uso de suelo ejidal a industrial en el cruce del Arco Norte y la autopista México Querétaro. La autoridad ejidal se prestó a engaños y se generó un conflicto entre ejidatarios, a consecuencia del cual se perdió entre otras cosas el beneficio comunitario de un lienzo charro, antes propiedad de todos los ejidatarios.Hay contaminación del río Tula. La cooperativa Cruz Azul ha comprado hectareas y piensan explotarlas y quitar la zona boscosa, siendo esta la zona única considerada el pulmón de la región.
  2. Río Tula. La refinería deposita los desechos al río Tula. El gobierno no hace nada al respecto y se vierten todos los drenajes sin fosa séptica. Se denuncia la devastación forestal por el paso del ferrocarril de Ferromex.
  3. Zumpango, Estado de México. Contaminación de cultivos por agroquímicos al canal principal de riego por parte de tres empresas que están en las laderas del canal. Más de 500 hogares han sufrido empobrecimiento en consecuencia. Solicitan la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de las tres empresas y que sean sancionados los responsables.
  4. Izúcar de Matamoros. Fabrica de agroquímicos y fertilizantes “El Dragón”. El 23 de marzo de 2010 hubo una explosión de 9 tambos con sustancias altamente peligrosas  que afecto 80 mil habitantes al formarse una nube toxica que inundo a las colonias aledañas. El activismo en contra de la fábrica fue criminalizado y hostigado usando organizaciones como Antorcha Campesina. Ésta cerró durante 15 meses  pero actualmente sigue operando.
  5. Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas.  Saqueo por parte de la empresa Black Fire al querer extraer barita y titanio con el apoyo de los comisarios ejidales. Empezaron a notar la muerte de animales domésticos y que la gente del ejido vecino se enfermaba por bañarse en el arroyo cercano a la minera, el cual ya estaba contaminado. A la fecha siguen en resistencia y la minera no está operando, y han tomado la decisión de no dejar entrar otras.
  6. La mina Michoacán en Lázaro Cárdenas. Se denuncia que la mina Arcelor Mittal, empresa acerera, provoca una fuerte contaminación ambiental debido a que las descargas van directamente al rio sin ningún tipo de tratamiento; también que la mina trabaja sin permiso para poder operar y que no cuenta con una manifestación de impacto ambiental. La población afectada en torno a la mina es cerca de 40 mil habitantes.  Con amparos han logrado detener parcialmente la actividad minera.

Autoridades responsables.

Se responsabiliza al Gobierno Federal y las exparaestatales PEMEX y CFE, así como a las secretarías de  Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  ProBosque,  Comisión Nacional  Forestal,  Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Agraria, Comisión Nacional de Hidrocarburos,  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Policía Federal y Sicartsa (empresa minera paraestatal) y como autoridad regional, a la Comisión Ambiental Metropolitana.

En el estado de Hidalgo se identifica como responsables de la devastación ambiental al Gobierno Estatal, las secretarias de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  así como al Consejo Estatal de Ecología, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Refinería Miguel Hidalgo de PEMEX y la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la CFE. También se señalan como responsables a los ayuntamientos de Atitalaquia, Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Ayuntamiento de Tlaxcoapan, Nopala de Villagrán y Chapantongo y algunos comisariados ejidales, aunque otros como el de Tezontepec están comprometidos en la defensa de su tierra y patrimonio nacional.

En el Estado de México se responsabiliza al Gobierno Estatal, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Policía Estatal y el Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ciudadana en materia ambiental del Estado de México. También se identifican como responsables a los ayuntamiento de los municipios de San Francisco Zoyoniquilpan, Jilotepec, Santiago Tlacotepec, así como la policía municipal de Santiago Tlacotepec y el comisariado ejidal de San Francisco Soyaniquilpan, municipio de Jilotepec.

En Puebla se responsabiliza al Gobierno del Estado, Congreso del Estado, Secretaría de Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Palmar del Bravo.

En Michoacán se responsabiliza a la Comisión Estatal de Ecología, Procuraduría de Protección al Ambiente y la Comisión Federal del Estado, mientras que en Veracruz al Gobierno Estatal, el Congreso de Estado, las secretarías de Salud y de Medio Ambiente, así como al ayuntamiento de Totonacapan.

Asimismo se responsabiliza a los tres Poderes, niveles de gobierno e instituciones públicas de los estados de Guanajuato y Chiapas.

Empresas y particulares responsables.

Dentro de las empresas y particulares responsables de la devastación del medio ambiente y la salud de las comunidades del estado de Hidalgo se encuentran las compañías Agroquímicos ATC (propiedad de Velsimex), Cargill, Sigma, Arcangel S. A. de C. V.  (operadora del relleno sanitario de Tula), Jesús Ramírez Garibay (empresa Tovillas y Elias), Proyectos de Infraestructura Mexicana S. A. de C. V., Prointec, Cementera “Fortaleza” Santa Anita, Grupo Carso, Ecoltec, Holcim-Apasco, las empresas ubicadas dentro del Corredor industrial Cuautitlán-Tepejí-San Juan del Río, Grupo Cruz Azul, Cementera Tolteca-Cemex, Lafargue, Fud, Parque industrial Atitalaquia, Comité Ecológico Tula-Tepetitlán y Clarimex.

En el Estado de México destaca Química Delta, Ranchos los Curiel, una empresa sin razón social conocida que maneja los residuos, Antonio Alanís (comprador de bienes ejidales),  Minerales Male y las empresas emplazadas en el Parque industrial de Jilotepec.

Por el estado de Veracruz se encuentran las empresas especialistas en productos derivados de la petroquímica como Braskem Idesa Sapi, Clariant México, Dak Resinas Americanas México, Fabricante y Comercializadora Beta, Fefermex, Grupo Celanese, Industria Química del Istmo, Innophos Fosfatados  de México, Luperox Iniciadores, Mexichem Derivados, así como Oxiteno México. También son responsables las empresas Sales del Istmo, Unigel Acrícilos y Tetraetilo de México (Temsa).

En Puebla se responsabilizan al Bufete Geológico e Ingeniería Básica, Cycna de Oriente, así como también al Grupo Cruz Azul.

En Guanajuato se responsabilizan a las empresas Negromex, Montrose (subsidiaria de Monsanto), Tekchem, Univex y Fertimex.

En Michoacán y Chiapas son responsables las mineras Arcelor Mittal, El Caracol, Black Fire y Minerales Male.

Derechos humanos violados.

 

En todos los testimonios escuchados durante la audiencia complementaria del eje de “Devastación ambiental y Derechos de los Pueblos” del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en el municipio de Tula, Hidalgo, se evidenció que ante la inobservancia de la Constitución, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Pacto de San Salvador” y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y  la diversa legislación en materia ambiental, agraria, social y laboral, las violaciones a diversos derechos humanos en la región son muy comunes y además van en aumento.

Las principales afectaciones redundan particularmente en múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de diversas comunidades ubicadas en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, de acuerdo con los testimonios y pruebas recibidas por este comité dictaminador del Tribunal Permanente de los Pueblos (TTP),  donde  se identifica la constante omisión de las autoridades estatales mexicanas -de todos los niveles de gobierno- para garantizar la protección del medio ambiente y de la biodiversidad que ahí habitan, incluyendo a las comunidades ejidales, indígenas, e incluso a la población que habita en las ciudades cercanas, como el Distrito Federal.

Esta abstinencia de parte de las autoridades ha permitido e incluso facilitado que distintas empresas, privadas y paraestatales, dedicadas a la explotación de recursos naturales y a la industria química, realicen sus actividades sin tomar en cuenta las normas básicas de seguridad para prevenir cualquier tipo de contaminación del aire, agua y suelo, de acuerdo con  lo establecido en la legislación ambiental, tanto nacional[1] como internacional.

A pesar de que en la propia Constitución Política Federal Mexicana en su artículo cuarto reconoce entre otros derechos, el derecho que tienen todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y por lo tanto la obligación de las autoridades para protegerlo, este derecho se ha identificado como violado en todos los casos que fueron presentados ante este Tribunal. En el mismo artículo se señala explícitamente que se generarán responsabilidades a quien provoque daño y deterioro ambiental, y eso incluye a empresas y particulares.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó en el año 2011 el instrumento titulado “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar'”, que fueron elaborados para definir la responsabilidad de las empresas respecto de los derechos humanos, a fin de prevenir que con sus actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, o en su caso, hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.

En una especie de simulación jurídica, se han creado a nivel nacional distintos recursos jurídicos destinados para denunciar y exigir reparaciones por los diversos daños y deterioros al medio ambiente, y las consecuencias sociales y al ecosistema que ello genera, cometidos tanto por la omisión de las autoridades estatales, la corrupción de las autoridades ejidales y estatales, así como por la actuación negligente de parte de las empresas para prevenir daños ambientales y sociales. Lamentablemente la mayoría de aquellos recursos de denuncia no son eficaces, y muy pocas veces se logra detener las actividades contaminantes de las empresas, pues se ponderan arbitrariamente los beneficios económicos que generan dichas actividades antes que los daños que se generan en el medio ambiente, en la flora y fauna, y las repercusiones a los derechos humanos de las personas que se ven directamente afectadas por dichas actividades, por lo que existe una evasión absoluta de las obligaciones estatales y de las empresas frente a los derechos humanos de las personas.

En este sentido, a continuación se describirán brevemente las violaciones identificadas a los distintos derechos humanos de las poblaciones que se ven directamente afectadas por las actividades de las distintas empresas, así como por la omisión de las autoridades que les siguen permitiendo actuar con total impunidad y sin la menor restricción:

  • Violación del derecho humano al medio ambiente sano, que se manifiesta en la contaminación de ríos y presas, de pozos de agua, del subsuelo y de zonas de cultivo, a causa de arrojar desechos tóxicos y orgánicos al agua. Asimismo existe contaminación del aire a raíz de los procesos de producción y de la quema de basura y de diversos combustibles que se utilizan en la actividad cotidiana de las empresas industriales.
  • Violación del derecho al agua potable, a causa de los desechos químicos, orgánicos y metales pesados que se vierten en el agua en los distintos procesos industriales que realizan las empresas que se encuentran ubicadas en la zona, además de que no existen plantas de saneamiento ni tratamiento del agua, por lo que diversos estudios especializados referidos por los denunciantes han identificado altos niveles de contaminación en el agua de distintos ríos y presas en el estado de Hidalgo. A pesar de lo anterior, la falta de recursos económicos de la mayoría de la población no les ha dejado más opción que utilizar el agua contaminada para su consumo, lo cual ha generado a su vez afectaciones a su salud.
  • Violación al derecho a la salud, consecuencia directa de la contaminación de ríos y presas, del subsuelo y del aire, lo cual ha generado la aparición de enfermedades crónico degenerativas que antes de la explosión industrial que se diera en los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Guanajuato y Michoacán, no existían. Sin embargo, actualmente van en aumento el número de personas con cáncer, enfermedades renales, nacimientos con malformaciones a causa de consumir agua y alimentos contaminados, así como enfermedades respiratorias por la contaminación que hay en el aire. También se identifica el incremento de la mortandad de la flora y fauna del lugar. A pesar de lo anterior, y aun cuando las distintas comunidades llevan exigiendo por años la construcción de un hospital público oncológico a la fecha dichas demanda no ha sido atendida, lo cual agrava la violación al derecho a la salud y a la vida.
  • Violación del derecho a la alimentación, debido a que el agua contaminada con químicos y metales pesado se utiliza en ciertas zonas para regar los distintos cultivos, cuya producción se destina para el autoconsumo pero también en algunos casos para la venta, por lo que al consumir alimentos altamente contaminados se priva el acceso a alimentos adecuados. Además, el derecho a la alimentación, de acuerdo con el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, debe garantizar una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor, supuestos que no se cumplen en los casos conocidos durante la audiencia, ya que existe la preocupación permanente de la población ante el consumo de alimentos contaminados que además ha favorecido el incremento de la mortandad de la población.
  • Violaciones al derecho a la propiedad, a raíz del crecimiento industrial en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, el gobierno se ha dedicado a expropiar diversos terrenos privados, comunales y ejidales, a fin de destinarlos a la explotación de recursos naturalesa pesar de que no se ha demostrado la causa de utilidad pública. En otros casos hay presión por parte de personal de las empresas para exigir la venta de las tierras comunales, a costos excesivamente bajos e irracionales.
  • Violación a diversos derechos de los pueblos indígenas. En la audiencia complementaria se identificaron los casos de comunidades indígenas Hñahñu, quienes además de verse amenazados por la construcción de megaproyectos como el del tren rápido México-Querataro, han tenido que enfrentar luchas jurídicas por su reconocimiento como comunidad indígena, y por lo tanto acceder a los programas que benefician a esos grupos sociales, e incluso se les niega su derecho a sus tierras ancestrales y por lo tanto el derecho a la consulta previa y participación sobre dichas tierras.
  • Violación a los derechos de la infancia. Los niños y niñas han sido una población particularmente afectada por la contaminación ambiental del lugar. En ciertas regiones de Hidalgo, como en el municipio de Tezontepec existen casos de niños que nacen con alteraciones genéticas, o por ejemplo en el municipio de Apasco y Totonilco, se encuentran casos de niñas y niños en edad escolar que presentan déficit en el aprendizaje, quienes al consumir agua y alimentos contaminados se han visto afectados en su sistema nervioso y en su memoria. También hay zonas donde los nacimientos de infantes con malformaciones van en aumento. En general estas acciones repercuten en el derecho de las niñas y niños  a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
  • Violación del derecho al trabajo. En este punto destaco el caso de los trabajadores de la extinta empresa Luz y Fuerza de Hidalgo, quienes narraron las violaciones arbitrarias a sus derechos laborales adquiridos al desaparecer la mencionada empresa eléctrica, a la fecha siguen en la lucha de que se reconozca el cambio de patrón y no la rescisión de su contrato, lo que fue violatorio de su contrato laboral, y de los derechos que ya tenían reconocidos. Por otra parte, la contaminación al agua y a las tierras de cultivo ha generado tierras infértiles y alimentos contaminados, lo que ha quitado la fuente de ingresos principal de todas las comunidades rurales de las distintas regiones del centro del país, principalmente en el estado de Hidalgo, por lo que muchas personas han tenido que recurrir a nuevas fuentes de empleo, que en ocasiones les generan muchos menores recursos que con su actividades en el campo, con lo cual también se ve directamente perjudicada su calidad de vida.
  • Violaciones a derechos culturales, la irrupción de distintas empresas que tienen como fin la explotación de recursos naturales ha generado ruptura en el tejido social en distintas comunidades, además de que ha atentado contra algunos de sus valores culturales que han tenido que modificarse para adaptarse a un nuevo paradigma económico neoliberal, que busca acabar con el campo y por ende con las costumbres culturales de las comunidades ejidales e indígenas que en el habitan. A raíz de la expropiación de propiedades, se han perdido recintos culturales en ciertas comunidades como un lienzo charro en el ejido de San Francisco Soyaniquilpan. También peligra a causa de la posible construcción del tren rápido México-Querétaro una escuela de música en el municipio de San Ildefonso perteneciente a la comunidad indígena hñahñu.
  • Violación del derecho de acceso a la información y participación social. En muchos casos se ha identificado la permanente denegación de información  a aquellas personas que solicitan datos sobre las concesiones para explotar recursos naturales a distintas empresas, ocurre lo mismo cuando se han solicitado los acuerdos que sustentan dichas concesiones. También se ha solicitado información sobre las sustancias y actividades peligrosas que se utilizan por las distintas industrias, sin embargo tampoco se ha proporcionado dicha información. Otra violación que es una constante es la falta consulta previa a las comunidades ante la construcción de megas proyectos, lo que genera que se lleven a cabo los proyectos sin consulta, otra práctica recurrente que impide la participación social en la toma de decisiones ambientales ha sido la corrupción de las autoridades ejidales y agrarias, quienes son sobornadas para obtener por medio de engaños las firmas de los miembros de la comunidad, para después simular una supuesta aceptación en la construcción de megaproyectos.
  • Diversos actos de hostigamiento, criminalización y amenazas en contra de las comunidades a causa de las actividades de defensa de su tierra. Ello ha sido reflejado en enfrentamientos con policías durante manifestaciones sociales para exigir el saneamiento de aguas y del aire, también ha habido personas que han recibido amenaza anónimas para que detengan su lucha y dejen de exigir sus demandas ambientales. Incluso hubo un caso identificado en la Presa Endhó de una persona que fue detenida por tomar agua de la presa.
  • Violaciones al derecho de acceso a la justicia. A pesar de que existen diversos recursos jurídicos destinados a proteger el medio ambiente sano y los derechos vinculados, la práctica demuestra que los mismos son completamente ineficientes, las denuncias que se presentan no avanzan lo que genera un retardo injustificado en la obtención de justicia. Las autoridades ambientales en lugar de presionar a las empresas para que mejoren la calidad de sus actividades a fin de evitar repercusiones en el ambiente, optan por recomendar a los pobladores que abandonen sus casas. Y aun cuando en pocos casos existen recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos, las mismas son completamente ignoradas tanto por las autoridades como por las empresas, lo que redunda en una negación total de la justicia y reparación.

Demandas generales.

Las demandas sentidas y plenamente justificadas por parte de las comunidades son las siguientes:

En el tema de energía y minerales:

  • Cierre de las cementeras.
  • Reforestación por parte de la empresa Cruz Azul.
  • Que se retire de la zona el almacén de Coque en Jaltipan.
  • Establecer zona de desastre ambiental en Salamanca.• Prohibición del fracking.
  • Se detenga la privatización de los hidrocarburos y minerales.
  • El transito a fuentes de energías renovables de bajo impacto para el medio ambiente.

En el tema del Agua:

  • Saneamiento de la presa y pozos y la instalación de plantas potabilizadoras en las comunidades afectadas por la presa Endhó.
  • Instauración de alternativas de suministro de agua para Pachuca que no genera afectaciones al resto de las poblaciones.
  • Se deje de cobrar una tarifa elevada e injusta de luz a quienes dependen de la electricidad para el bombeo de agua potable
  • Se reconozca el sistema comunitario de agua potable construido por la comunidad de Chapantongo y haya un cambio total de la tubería vieja y desgastada.
  • La restauración ecológica de toda la cuenca y de las zonas afectadas de la región sur de Veracruz.

En el tema de la basura:

  • Cierre y remediación de las regiones afectadas por el basurero de Tula.
  • Devolución de la propiedad del basurero de Tula, previa remediación para darle uso agrícola.
  • Que Ecoltec deje de incinerar basura como combustible.
  • Un estricto control de desechos tóxicos del parque industrial de Jilotepec.
  • Que residuos tóxicos no sean quemados en las instalaciones de Pemex y CFE en Tula.
  • Detener la urbanización salvaje de la zona en el Nevado de Toluca.

En el tema de regulación de la tierra:

  • Derogación del decreto de recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca.

En el tema de reparación del daño:

  • El cierre de ATC, responsabilización y pago de indemnizaciones a la población, así como la constitución de una comisión ciudadana en auditoria y seguridad.
  • Que el monto de las multas a las industrias se destine a la reparación de los diversos daños ocasionados en las zonas.
  • Reparación del daño y castigo a los responsables de la devastación ambiental en las diferentes regiones.

En el tema de la salud:

  • Creación de un fideicomiso para resolver los problemas de salud, el impulso de una agricultura y ganadería libre de tóxicos, así como la elaboración de un atlas de riesgo de las comunidades afectadas por ATC.
  • Programas emergentes para afectados en salud.
  • La construcción de hospitales de oncología en las comunidades afectadas.
  • Vigilancia de las emisiones industriales en la zona de Tezontepec de Aldama.
  • Estudios de salud pública independientes en el caso Río Rosas y Veracruz.
  • Elaboración de estudios ambientales, toxicológicos y epidemiológicos independientes en los casos Río Rosas, ATC y de los pasivos de la industria petrolera en Veracruz.

En el tema agrario:

  • Campañas de prevención y manejo de sustancias agroquímicas en las diferentes zonas afectadas.
  • Dotación de tierra agrícola en las márgenes de la presa Endhó.
  • Modificar el trazo del tren rápido México-Querétaro o en su defecto el pago justo por las tierras que se utilizarán.

En el tema laboral:

  • Reconocimiento del patrón sustituto, restitución de los puestos de trabajo y de los salarios caídos de los trabajadores de Luz y Fuerza.

General legal:

  • Aplicación del principio precautorio en los diferentes casos expuestos.

Recomendaciones generales del comité dictaminador.

Al estado mexicano y a las instituciones bajo su autoridad:

La regulación estricta de las  empresas de químicos en particular el cierre de la empresa que sustituyo a ATC.

La aplicación de multas, sanciones penales y cierre definitivo  a empresas en caso de accidentes como el ocurrido en  la empresa ATC en Hidalgo y Dragón en Izucar de Matamoros, Puebla.

Regular las vías de transporte, en particular, se exige el cambio en el trazo del tren rápido México-Querétaro, y en su defecto el pago justo de las tierras

Negar el Instituto Nacional de Antropología e Historia la  autorización del trazo del tren en zonas arqueológica de  la región.

El cobro de multas a empresas que violenten las normas ambientales que se destinen a la población afectada sin que éstas se desvíen a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

La medición, control y vigilancia de las emisiones industriales y desechos tóxicos en la zona industrial del centro de México y zonas industriales referidas en otros estados.

La creación de un marco normativo de responsabilidad empresarial en caso de violaciones a derechos humanos.

Prohibir  la tecnología de Fractura hidráulica en el país.

Derogar la llamada Reforma Energética y sus leyes secundarias.

En materia de residuos

Que las empresas respeten la prohibición vigente en México de la incineración de basura como combustible

El cierre inmediato de tiraderos a cielo abierto en Hidalgo y otros estados  y la remediación de los sitios.

En materia de regulación de la tierra

Se derogue el decreto de recategorización del Parque Nacional del Nevado de Toluca

Se dote de tierras a afectados ambientales que así lo soliciten

Se reforeste la tierra afectada por las empresas presentes en los estados

Respecto de la restauración ambiental

La remediación inmediata del cerro de la Cruz en Guanajuato y sanciones penales, civiles y administrativas que correspondan.

´

La revisión  e implementación de normas que protejan el medio ambiente y salud

En materia de agua

La limpieza y restauración del río Lerma.

En general, la restauración ecológica de cuencas y de las zonas afectadas por los desechos de las industrias

La aplicación de sanciones y castigo a los responsables de la devastación del río Rosas

El saneamiento de presas y pozos de la región Centro y de otros estados, con base en investigaciones ecológicas sustentables.

Se busquen alternativas de suministro de agua para Querétaro y Pachuca que no impliquen la pérdida de  agua potable y de riego  de otras zonas de Hidalgo

Renovación de la infraestructura hidráulica obsoleta en las comunidades de Hidalgo

Se reconozcan los sistemas comunitarios de agua potable

Salud

 

La implementación de programas emergentes para afectados en salud en todo el Estado de Hidalgo y zonas petroleras del país.

Se aplique inmediatamente un estudio de salud pública en los estados industriales de Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz La realización de estudios ambientales, toxicológicos y epidemiológicos independientes.

La indemnización justa para los afectados por explosión de los laboratorios de ATC y todas aquellas poblaciones afectadas por las actividades contaminantes de las empresas industriales

Se construya infraestructuras de salud con recursos suficientes para atender los  problemas ocasionados por las industrias y sus desechos.

En particular, que se construyan y habiliten urgentemente hospitales con  especialidad en oncología en las  zonas afectadas por la industria y sus desechos tóxicos

La aplicación de recursos públicos con representación social para la ejecución de acciones ambientales comunitarias.

La reparación del daño integral y viable a las comunidades afectadas

Trabajo

 

El inmediato reconocimiento del patrón sustituto para los trabajadores de la extinta empresa paraestatal de Luz y Fuerza y la recuperación de salarios caídos, a la fecha de hoy.

En conclusión, este Comité dictaminador exigimos de todas las autoridades mexicanas primero, el pleno y total respeto a todos los derechos humanos de toda la población mexicana, y en particular se respete los derechos territoriales de las comunidades y pueblos de la región del centro de México y estados aledaños y, se reconozca en todo momento su derecho primigenio sobre sus tierras ancestrales y del ecosistema que en ellas habitan y que forman parte importante y fundamental de su forma de vida. Al mismo tiempo, demandamos del estado mexicano garantice medidas efectivas de no repetición, a fin de evitar que los hechos expuesto durante la audiencia complementaria sigan ocurriendo, por lo tanto exigimos reforzar los controles y la vigilancia directa y permanente sobre las actividades que las distintas industrias y empresas contaminantes imponen a las comunidades, asimismo exigimos se otorgue la reparación integral de  todas las víctimas directas e indirectas. Finalmente, reiteramos que no se deje de investigar a las autoridades responsables que han permitido que el desastre ambiental en la Nación siga avanzando de manera impune y criminal por parte de las distintas autoridades y empresas.

[1] Véase, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (en adelante LGEEPA): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf

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