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¿Que está sucediendo laboralmente en Pemex?

¿Que está sucediendo laboralmente en Pemex? ¿Porque le resulta tan difícil  a la clase trabajadora petrolera organizarse? ¿Qu papel corresponde a la sociedad civil en este trance?

Lo primero que laboralmente ha estado haciendo la empresa, de acuerdo a convenios firmados con el sindicato de los trabajadores manuales, dirigido por Carlos Romero Deschamps, desde el año pasado, y a consecuencia de la llamada reforma energética, es dejar de recontratar trabajadores transitorios a razón de centenares, si no es que de miles, en toda la República. Una parte de los mismos es personal que ha laborado para Pemex haciendo suplencias del mal llamado personal de confianza de vacaciones por ejemplo, desde hace más de diez años, así que podemos hablar de facto de despidos. En algunos lugares como Ciudad del Carmen, Campeche, eso está llevando al colapso de la economía local. Espero que muchos de ellos estén entablando juicios laborales contra Pemex, aunque hoy en día, con la reforma laboral y las consignas antiobreras en tribunales y la de por sí ultrapatronal Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ganar un juicio así sea difícil. Mientras tanto, este personal de “confianza” tiene continua sobrecarga de trabajo, cubriendo las labores de dos y hasta tres compañeros. En combinación con los “ahorros” en mantenimiento que se derivan de los recortes presupuestales aplicados a Pemex este año, los accidentes en las instalaciones de Pemex no pueden más que aumentar. Ante la desmovilización general de los petroleros, una realidad desde hace décadas, no queda más que lo que la sociedad civil haga al respecto. Muchas instalaciones petroleras se encuentran a las orillas, incluso dentro de espacios urbanos y si la sociedad civil está acostumbrada a hacer reclamos a las petroleras del mundo en general, ahora tendrá que redoblar su vigilancia de Pemex, hoy día bajo la presión adicional de la quimera denominada “competitividad”, de efectos altamente destructivos, así como tendrá que hacerlo desde luego con las empresas transnacionales que entren al país dispuestas a estragarlo.

Por otra parte, la disminución de pensiones y jubilaciones a lo largo de Pemex tanto para trabajadores manuales, como los mandos medios mal llamados de confianza está cantada para el 1 de agosto de este año, cuando entre en vigor un contrato colectivo renegociado con base en las ilegales disposiciones que al respecto se desprenden de la llamada reforma energética.

Asimismo, en Pemex Exploración y Producción así como en algunas refinerías y plantas petroquímicas ya se está poniendo en práctica la baja salarial.

El trabajador petrolero surgirá de este 2015 empobrecido, mientras que a la elite de directores y subdirectores ya se le han prometido nuevas plazas y aumentos salariales. Entonces, en vez del Pemex cardenista enfocado a redistribuir el ingreso hacia la clase trabajadora, nos encontramos con el Pemex neoliberal que, como todo lo de este signo ideológico, está fundamentalmente orientado a redistribuir el ingreso hacia la depredadora y ociosa clase alta. No olvidemos, por otra parte, que el trabajador petrolero mexicano está relativamente mal pagado a escala mundial y que más que bajar los ingresos del mismo a los niveles del resto de la clase trabajadora, los  ingresos de esta última deberían alcanzar los de  los trabajadores de Pemex.

¿Porque el petrolero no se rebela ante esa situación? Se ha dicho mucho que el petrolero está desmovilizado porque se encuentra en una zona de confort que no quiere arriesgar, o por el férreo control y el engaño en los que el sindicato STPRM tiene a los trabajadores de base. También se puede concluir que es porque la empresa tiene contra el trabajador petroleros que defiende su nivel salarial o su pensión el as bajo la manga del despido. ¿Quien defiende su salario o su pensión si tiene sobre sí la espada de Damocles del despido? Solo quien cree en el poder de organizarse pues individualmente efectivamente la única opción es el sometimiento. ¿Pero es esa toda la historia de la sumisión del trabajador petrolero? No, en el caso de los basificados esa zona de confort tiene que ver con algo más que los buenos sueldos. Después de todo, ya no va a ser tan buenos… Pero las estribaciones del clientelismo y del corporativismo y sus efectos, que tan bien conocemos de la vida política mexicana, son amplias al interior de un sindicato cuyo primer objetivo es mantener alineados a los trabajadores desde hace muchas décadas. Lo que parecen ser conquistas laborales, son trampas mortales para todo sentido de dignidad y de resistencia: aunque francamente dudo que ya el STPRM esté en condiciones de cumplirle a sus agremiados, tantos y tantos padres petroleros sindicalizados parecen estar dispuestos a casi cualquier renuncia en el bienestar propio con tal de conseguir “la ficha” (es decir, un lugar de trabajo) para sus hijos. ¿Y quien los puede culpar? Los ninis, el desempleo y los empleos precarios se han vuelto norma en nuestro país debido a las poíticas de explotación y control social neoliberales y la globalización en genera. Mientras el STPRM y la empresa estén en posibilidades de mantener viva la ilusión de la ficha para el hijo, cualquier  programa de resistencia y de defensa de derechos adquiridos parece estar destinado al fracaso…

Dejemos esto como diagnóstico y al desarrollo futuro de los hechos y la imaginación de los petroleros combativos (que los hay) la solución de semejante nudo gordiano.

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Análisis de la (contra)reforma energética

Este texto sufrió ajustes importantes en el tema laboral y de subsidios el 13 de enero de 2013 y precisiones en el tema de libertad de políticas de contratación que asistirá a las nuevas empresas del Estado que sustituirán a las paraestatales, en el tema de despidos y otros, el 19 de enero de 2014.

Una nueva actualización se hizo el 29 de enero, precisando el significado del concepto “a su justo valor” y haciendo una corrección en el tema de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.

Resumen ejecutivo.-

La reforma energética pone las bases para la desaparición parcial o total de Pemex, a conveniencia de los extranjeros y sus operadores nacionales.  Pemex perderá en 2 años o menos su condición de organismo público descentralizado y se convertirá en empresa productiva del Estado, pudiendo ser vendida o liquidada. Las actividades industriales serán cedidas a los privados en poco tiempo, Pemex conservará por un tiempo más una parte de las extractivas, principalmente por la figura de la asignación directa (aunque también pudiera trabajar bajo contrato como las transnacionales). Una diversidad de actividades administrativas será llevada por nuevas agencias gubernamentales. Los privados recibirán todas las facilidades del gobierno y del mismo Pemex. Recibirán insumos por debajo de su precio comercial y recontratarán parte del personal a mitad de sueldo o menos. Pemex estará perdiendo activos continuamente por la vía de la venta “a su justo valor”,  de las asociaciones o del desmantelamiento. Falta claridad respecto de la evolución futura de precios de energéticos, pero se estima subirán por el efecto combinado de una probable quita de subsidios y el poder de los oligopolios. Se menciona que los trabajadores serán atendidos en el ISSSTE. Habrá despidos masivos en diferentes momentos, a lo largo de varios años.

Agradecimientos.- a los incansables compañeros de la UNTyPP con quienes revisé este texto para su mejora. A diversos analistas del PRD, como Alejandro Encinas y Morena, como Claudia Sheinbaum, cuyos textos previos revisé con detenimiento.

Desarrollo.-

El día de la Guadalupana, 12 de diciembre de 2013, se aprobó a nivel federal la reforma energética. El día 14 se dio su aprobación a nivel estatal. El marco legal para el desmantelamiento de la industria petrolera nacional se hizo realidad, como habíamos anunciado. Pemex perderá a más tardar en dos años su condición de organismo público descentralizado y se convertirá en empresa productiva del Estado (transitorio tercero del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía”). Las empresas tendrán libertad en sus políticas de contratación (según transitorio vigésimo fracción II), pudiendo por ejemplo pagar menos que ahora al personal de base, dependiendo esto último del poder de negociación que aún conserve el STPRM y más a los altos funcionarios y la empresa podrá ser vendida o liquidada con mayor facilidad en algunos años más, si así lo decidiera el gobierno mexicano. El transitorio segundo dice que los derechos laborales de los trabajadores se respetarán: eso quiere decir que las liquidaciones serán conforme a ley y posiblemente, que el derecho a organizarse se respetará, al menos en términos de la supervivencia del STRPM. No queda claro que sucederá en la práctica con tales derechos cuando se de la transición a empresas productivas del Estado.

La exploración y extracción de crudo se hará a través como de privados e inicialmente también a través de Pemex (Artículo 27 constitucional). Habrá para los privados y teóricamente para Pemex licencias con todas las características de una concesión excepto el acreditamiento de reservas, así como contratos de producción y de utilidad compartida, y de servicios (transitorio cuarto, segundo párrafo). Con las primeras dos figuras, el estado mexicano renuncia a la opción de tomar decisiones soberanas eficaces en materia de venta de crudo y con ello, también de montos de crudo a refinar. El futuro régimen fiscal de Pemex aún está por determinarse en la legislación secundaria, pero una posibilidad es que con respecto de asignaciones se mantenga el esquema vigente y que con respecto de contratos, enfrente las mismas condiciones que las transnacionales. Fluvio Ruíz,  consejero profesional de Pemex, opina que no hay alivio para la empresa en la nueva propuesta, según se puede ver picando aquí.

En la exposición de motivos de la reforma, la autonomía técnica y de gestión de Pemex quedan condicionadas a que la conversión administrativa se concluya en todos sus detalles regulatorios (séptimo párrafo de la sección Transición de organismos a empresas productivas del Estado.  La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que será ahora el órgano más importante de la Sener, tendrá autonomía operativa, funcional y de gestión (transitorio décimo segundo). La CNH hará las licitaciones, firmará contratos, supervisará áreas contratadas y podrá ordenar la suspensión, clausura o desmantelamiento de instalaciones (transitorio décimo inciso b). Mientras exista, Pemex podrá hacer su propia subcontratación, pero si las hace como contratista del Estado, las correspondientes licitaciones también correrán por cuenta de la CNH (transitorio sexto párrafo nueve). Por otra parte, la CNH tendrá el resguardo de la información geológica y geofísica (transitorio décimo inciso b). Los estudios se hacen por contratistas y hoy día el control es de Pemex Exploración y Producción. La idea es que CNH ponga  a disposición de cualquier empresa la información. Preocupa que por vía de la corrupción solo comparta la información con ciertos actores. Además la intención de hacer depender la CNH únicamente de contribuciones y aprovechamientos (transitorio décimo segundo) es receta para desastre. La CNH necesitaría recursos en gran cantidad para cumplir con su propósito estratégico. Una vez más, se profundiza el antinacional esquema neoliberal de no dotar a los órganos de gobierno con recursos adecuados para su operación. Es decir, se engaña a la población cuando se dice que el gobierno controlará a las empresas transnacionales.

La Secretaría de Energía será directamente responsable de la adjudicación formal de las áreas de explotación (“asignaciones”) a Pemex (transitorio décimo inciso a). Sener también diseñará aspectos técnicos de contratos y procesos de licitación. Hacienda establecerá sus condiciones económicas (transitorio décimo inciso d). La exposición de motivos señala que “la variable de decisión (para determinar un ganador) es el porcentaje de utilidades que recibirá el contratista.” (p.212 de la versión dictaminada por comisiones del Senado, del Decreto de reforma energética) Esto seguramente se verá reflejado en la legislación secundaria. Podemos esperar colusión entre las empresas para arrancar a su favor los porcentajes más altos posibles y la única defensa, en caso de que el gobierno le quede una gota de inteligencia, será el aspecto fiscal y seguirse para ello apoyando en lo que es hoy en día Pemex Exploración y Producción. Otra forma de corrupción sería que el licitador ya tenga acuerdo previo con uno de los concursantes. Por otra parte, en la UNTyPP creemos que este esquema no es el más importante, sino el de las licencias, que estimamos podrán ser otorgadas a petición directa de la transnacional.

Pemex, por el momento, podrá conservar los lotes con los que cuenta hoy en día (transitorio sexto inciso b), por la vía de otro mecanismo, la llamada asignación directa (mecanismo que ya existía antes de la reforma). Sin embargo, esto está sujeto a que entregue reportes técnicos y financieros a la CNH, la que podrá decidir si Pemex conserva el área o se “regresa al estado” (para su posterior entrega a privados). Consideramos que por razones fiscales, en el caso de la extracción de crudo, Pemex conservará sus campos más tiempo que en el caso del gas. En Burgos por ejemplo, ya todos los lotes tienen dueño previsto. Por supuesto, el lobby de las transnacionales y el entreguismo de los tomadores de decisiones mexicanos con todo y la barrera fiscal, que se detalla más abajo, será incesante. Tendremos a Pemex con el papel de una cenicienta al servicio de las transnacionales, haciéndoles trabajos (pues esta es una práctica común ya hoy día en Pemex) y cediendo activos a  ”su justo valor económico” cuando la actividad de un privado lo requiera, como se especifica en el párrafo séptimo del transitorio sexto.

Mientras que a Pemex se le desmantela, a los privados se les permite asentar en sus estados contables los contratos correspondientes y sus beneficios esperados. Acerca del polémico tema del acreditamiento contable de reservas, si bien la exposición de motivos señala que “en los contratos de producción compartida, las empresas pueden registrar como activos para efectos contables, las reservas de crudo”, en transitorios (quinto) no hay mención de ello. Esta contradicción se puede interpretar como el resultado de una pugna de última hora entre PRI y PAN.

Ya comentamos detalles  de la CNH, pero varias otras instancias del gobierno federal tendrán nuevas funciones que se le quitarán a Pemex. Tal es el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que además de tener la supervisión de la distribución de gas y de electricidad, ahora tendrá la del crudo: otorgamiento de permisos para el almacenamiento, y la regulación del transporte y la distribución por ductos, del acceso de terceros a los mismos y de la venta del producto (transitorio décimo inciso c). Tanto CNH como CRE, instancias que ya existían, quedan ahora establecidas a nivel constitucional, en el artículo 28 párrafo octavo.

En el tema del gas natural, se le asigna a un nuevo Centro Nacional de Control de Gas Natural (CNCG) , entidad paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, la tarea de la adquisición y administración de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento del gas (transitorio décimo sexto a). Pemex Gas y Petroquímica Básica le cederá de inmediato todos sus contratos. Así, PGPB cederá actividades al CRE y al CNCG, cederá muy pronto sus ductos, conservará únicamente separación y compresión del gas (para la posterior probable venta de las correspondientes instalaciones) y será de los organismos más debilitados de forma inmediata. Se comenta que mucho personal de PGPB irá a dar a lo que es aún Pemex Refinación.

Con la reforma al artículo 28 constitucional, el Estado mexicano renuncia a garantizar el suministro de combustibles necesario para la actividad económica del país, sometiendo a esta a las veleidades del mercado oligopólico y a decisiones tomadas en Estados Unidos. Aunque la actividad de Pemex en el ramo industrial no queda prohibida, no hay en las reformas previsión de que Pemex conserve o reciba recursos para evitar que pierda su papel de industrializadora de crudo, pues queda excluida del mencionado 28 como actividad estratégica. La intención privatizadora se cumplirá y las refinerías, petroquímicas, compresoras y ductos serán vendidas o Pemex entrará en asociaciones con los privados. El otorgamiento de permisos para estas actividades correrá por cuenta de la Secretaría de Energía (Sener), según indica el transitorio décimo inciso a). Una parte de productos se dejarán de fabricar por completo, como ya ocurrió en la petroquímica, empeorando la balanza comercial del país debido a la consecuente necesidad de importaciones. Por supuesto, esto irá acompañado de despidos masivos de técnicos y profesionistas y de personal de base. Si se llega hasta un 40% del personal de Pemex, como dicen algunos, dependerá de la capacidad de reacción del STPRM. Prevemos que como en el caso de Pajaritos y de la industria eléctrica, las empresas privadas recibirán todas las facilidades del gobierno y del mismo Pemex para su mayor rentabilidad posible. Esas facilidades incluirán venta de insumo (en este caso el crudo o el gas) debajo de su precio comercial, alguna recontratación de personal pero a mitad de sueldo, si acaso y la libertad de cobrar gasolinas más caras para el consumidor.

Pemex estará perdiendo activos continuamente por la vía de la venta “a su justo valor”, de las asociaciones o del desmantelamiento. “A su justo valor” significa para muchas instalaciones valor cero, dada la política de precios internos seguida por la empresa, que forza la aparición de pérdidas contables. Lo interior, independientemente que el valor de construcción de cualquiera de esas instalaciones de miles de millones de dólares.

El aspecto ambiental de la actividad petrolera, donde las transnacionales se han caracterizado por ser altamente depredadoras, dependerá de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos dependiente de SEMARNAT (transitorio decimonoveno). Entre sus tareas estará supervisar desde el punto de vista ambiental el desmantelamiento y abandono de instalaciones petroleras.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo recibirá las utilidades que correspondan a México por la actividad petrolera a través de contratos (artículo 27 constitucional, párrafo 8 y transitorio décimo cuarto). El fiduciario será el Banco de México, pero la SHCP presidirá el Fondo. El uso de los recursos está etiquetado para ser canalizado en forma descendente al presupuesto federal, fondos de estabilización ya existentes, títulos de gobierno, pensiones, ciencia y tecnología, becas y proyectos, pero no se espera sea significativo, dado que las petroleras impondrán sus condiciones en materia fiscal y contractual. Se trata de una simulación este esquema con el que supuestamente llegarían recursos para el desarrollo del país. Sin embargo, en un arranque de sentido común por parte de quienes diseñaron la reforma, la contribución de la actividad petrolera al presupuesto federal se deberá mantener en 4.7% del PIB (transitorio décimo cuarto párrafo cuarto). Se entiende que Pemex, con su contribución fiscal convencional bajo la figura de asignaciones, seguirá siendo variable de ajuste, por lo que su futuro dependerá menos de los criterios de la CNH que del éxito de los privados en su extracción.

El Corporativo, en esencia, quedará antes de que acabe el sexenio reducido a temas de relaciones laborales y pago de trabajadores, actividad litigiosa de la Gerencia Jurídica, su administración interna y claro, la administración de la deuda externa de Pemex, así como las actividades de tesorería e informática que de lo anterior y que de su pago de impuestos se deriven. Pierde la actividad de contratos y parte de sus actividades de tesorería. Aquí al igual que en otras áreas de Pemex, esperamos despidos masivos. Sin embargo, es probable que siga, mientras exista, en sus especulaciones con Repsol, astilleros de Galicia y otros negocios privados que se le vayan ocurriendo al director general o de finanzas, no relacionadas con el objeto de la empresa.

La diversidad de instancias a cargo de la actividad petrolera teóricamente podrían significar mayor transparencia y control mutuo en la toma de decisiones, pero a la vez significa que cada instancia, más débil que el Pemex integrado de hoy día, tenga que lidiar con poderosas transnacionales por separado.

El transitorio séptimo habla de promover cadenas productivas y contenidos nacionales, pero como el mismo texto señala, esto está sujeto a los tratados de libre comercio, con lo cual esta intención declarada es un engaño.

El transitorio octavo es grave porque subordina la propiedad ejidal y comunal a las necesidades de las petroleras. Repite el tan dañino criterio aplicado para la minería, cuestionado ampliamente por ONGs y legisladores y entra en contradicción directo con lo que al respecto de estas formas de propiedad dice el 27 constitucional. Es cierto que desde siempre la actividad petrolera había tenido preferencia, pero desde 1938, no para los extranjeros, sino para la empresa mexicana.

El transitorio décimo primero de la versión de la reforma entregada al Senado para su aprobación indicaba que desaparecerían los subsidios en los energéticos. En combinación con el poder oligopólico de las transnacionales y las tendencias de escasez de energéticos a nivel mundial, estos no bajarían sino subirían de precio. Aunque el  transitorio mencionado en la versión que finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya no hace mención alguna en el tema de subsidios, indicando que el gobierno midió el costo político de incumplir las promesas de baja de los energéticos, a la larga una baja, incluso con más subsidios, para “cumplirle a la población” dificilmente podrá sostenersedebido a los otros que aquí mencionamos.

El transitorio noveno habla de transparencia en la actividad petrolera y su aplicación a rajatabla deberá ser defendida por la izquierda a como de lugar, en tanto se revierta esta reforma.

Un transitorio vigésimo primero habla de prevención y castigo de corrupción en personas privadas, servidores públicos incluyendo consejeros y personal en la toma de decisiones relacionadas con la actividad petrolera. Sin embargo, con el corrupto sistema de justicia mexicano, la toma de control de la industria petrolera mexicana tendrá como única contención probable, por un tiempo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras ésta seguirá presionando a los legisladores para reducir el gasto público y empujar la privatización de los servicios públicos para la población mexicana.

En lo laboral, sale el sindicato del Consejo de Administración de Pemex (transitorio vigésimo fracción IV) . Como ya se dijo, los empleados se contratarán bajo “un régimen especial de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades” (vigésimo, fracción III). Eso podría implicar penalización salarial en los empleados de nivel bajo y más recompensa salarial a los de nivel alto, tratando de retener el capital intelectual de la empresa o abusando a favor de hijos de políticos. Al parecer, sin embargo, el STPRM se anota un éxito momentáneo pues hay una relación directa entre los anuncios de despido de trabajadores por outsourcing previstos para el 23 de diciembre de 2013  y el convenio administrativo sindical N°  10717/2013 del 29 de julio. Esto podría suponer que algunos sectores de trabajadores de Pemex volverán a ocuparse de Pemex en vez de estar en un cuasi ocio, al que llegaron desplazados por el outsourcing (una política destinada originalmente a debilitar el sindicato). Con ello se disminuiría  el número de despidos de trabajadores de base. Si es así, esto implicará que muchos se tengan que cambiar de ciudad. Sin embargo, otros analistas piensan que las empresas de outsourcing serán recontratadas posteriormente. Finalmente, es importante anotar que al quedar fuera del Consejo, el sindicato pierde poder. De hecho el convenio 10717 podría ser revertido pronto.  Asimismo, lo que implica el ya mencionado transitorio 20 fracción III es que o bien el contrato colectivo de trabajo de los petroleros quedará sin efecto, o bien se le impondrá a los trabajadores fuertes modificaciones al mismo.

En cuanto al sistema de pensiones de Pemex, no hay mención directa. Únicamente en el transitorio décimo cuarto inciso 5 a) hay mención de un sistema universal de pensiones financiado por el Fondo Mexicano del Petróleo. Lo que se ha confirmado por dos fuentes independientes es que amenazan con pasar a los trabajadores de Pemex al ISSSTE a partir de 2015.

Conclusiones.-La reforma rebasa cualquier previsión de quienes analizaron lo que podría venir. Sin duda los efectos negativos de la misma ameritan la movilización del Pueblo hasta que sea derogada.

Llamado a la base trabajadora de Petróleos Mexicanos

Trabajadores de Petróleos Mexicanos

Me dirijo a Ustedes, como trabajador de Pemex despedido por defender la industria petrolera nacional,  para manifestarles mi más profunda preocupación por el destino que pretende dar el Gobierno Federal a Petróleos Mexicanos y hacer un llamado a la reflexión y a la acción en defensa de nuestra querida empresa.

La iniciativa de reforma energética y el paquete económico 2014 presentados por el Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo entrañan la práctica desaparición de la empresa en poco tiempo. La reforma propuesta del artículo 28 constitucional elimina de entre las áreas estratégicas de la economía mexicana, a la extracción y procesamiento del petróleo,  nuestro preciado recurso natural nacional, y quita al gobierno mexicano la responsabilidad de operar en forma exclusiva estas áreas.  El Paquete Económico 2014 quita a Pemex gran parte de la contratación de actividades extractivas (pues esta recaerá en SENER),  la comercialización (recaerá en un ente externo a la empresa) y gran parte de los movimientos de tesorería (en un fideicomiso controlado por la SHCP).

El efecto combinado de ambas reformas, el trato de privilegio que se da a las empresas privadas cuando entran en competencia con los organismos paraestatales y el discurso de que las refinerías no son rentables, hacen prever la pronta desaparición de la refinación nacional, como ya ha sido el caso de la petroquímica como el de los ferrocarriles, donde ni siquiera los privados tienen actividad sustancial. Finalmente, quedará Pemex Exploración y Producción manteniendo su actividad en tanto el balance fiscal del gobierno lo requiera, pero transfiriendo continuamente “valor”, es decir, riqueza, a la iniciativa privada, haciendo trabajo para que la IP cobre. Esto implicará decenas de miles de despidos en la industria, por cierto ya avalados por el convenio 10717/2013 entre el sindicato y la empresa y que el respeto a  los derechos laborales se reducirá, si acaso, a otorgar liquidaciones de ley. Solo esto debiera ser suficiente para impedir el avance de estas reformas.

Sin embargo, nuestra reflexión debe ir  más allá, pues el trabajador petrolero y sus líderes tenemos una altísima responsabilidad ante la nación. Pemex es el primer contribuyente fiscal del país y carga por esta vía con el financiamiento de un tercio de la educación, la salud y los programas sociales de nuestro país, entre muchas otras cosas. Permitir  el desmantelamiento de Pemex en beneficio de las grandes empresas privadas del mundo significa la acelerada reducción del financiamiento del estado social mexicano. Significa, en fin, el empobrecimiento adicional, en forma brutal, de los mexicanos, la creciente dependencia del exterior y la pérdida de la poca soberanía nacional que aún nos queda como país.

Debemos reconocer, además, que los buenos salarios que percibimos los petroleros, no sólo se deben a la alta productividad a la vez que al alto riesgo industrial de una industria como ésta, sino también a la valiente decisión del Pueblo mexicano en 1938 de apoyar la nacionalización de la industria petrolera mexicana. Esto constituye otra razón para actuar en agradecimiento con la nación. Hay muchas razones por las cuales el trabajador petrolero tiene, y debe actuar de acuerdo a, un compromiso moral con el pueblo de México

Hago este llamado convencido de que los trabajadores petroleros, desde el manual hasta el ingeniero, tienen el conocimiento y la capacidad de organización para defender una industria petrolera cien por ciento nacional, como lo es hoy en día, y para contribuir a transparentarla desde adentro,  en un esfuerzo como ya se hizo en 1938.

Alguno dirá, como es que un despedido hace este llamado, y como podré yo hacer caso, si en consecuencia me van a despedir a mi también. Yo les digo: si se organizan no los pueden despedir a todos, pero si no hacen nada, todos lo serán, poco a poco. Sopesen los argumentos dados antes, riesgos y su responsabilidad personal.

Es indispensable reconstruir a Pemex y a México mismo sobre una base de solidaridad y los petroleros debiéramos salir por delante con el ejemplo.

Alejandro Corona Bahre

NO MÁS REPARTO DE UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES DE PEMEX

Se formaliza el no reparto de utilidades para los trabajadores de Pemex.

Razón suficiente para ampararse contra el Paquete Económico.

Los argumentos que da Peña son los mismitos que nosotros hemos dado en contra del reparto de utilidades a la propia  IP internacional.

Leer Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos  pp XXIV y 56

Y esto es lo que dicen

“Artículo 69. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios desarrollan las
actividades de la industria petrolera, consideradas estratégicas, y sus utilidades
tienen como destino el financiamiento del gasto público o de los proyectos de
dichos organismos descentralizados, por lo que no se repartirán entre sus
trabajadores. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme a la legislación laboral,
puedan otorgar a sus trabajadores cualquier incentivo, compensación, bono,
gratificación o comisión por el desempeño de sus labores.”

En argumentación (pp. XXIV del documento) dicen:

“Finalmente y en congruencia con la situación que prevalece hasta la fecha, se
establece que PEMEX y sus organismos subsidiarios estarán exentos del
reparto de utilidades (PTU), debido a la naturaleza e importancia de las
actividades que realizan y, sobre todo, por el origen y destino de sus utilidades.

Lo anterior obedece a que PEMEX y sus organismos subsidiarios son
organismos descentralizados que realizan actividades que si bien podrían
considerarse como comerciales, solamente pueden ser realizadas por el
Estado, por disposición expresa de la Constitución Federal. Es decir, realizan
actividades consideradas estratégicas, por lo que revisten de interés público y
social, pues se dirigen a maximizar la renta petrolera y contribuir al desarrollo
nacional.

En efecto, las actividades desarrolladas por PEMEX y sus organismos
subsidiarios son consideradas como actividades estratégicas en términos del
artículo 28, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, por lo que la naturaleza y
condiciones particulares de dichas actividades se justifican en términos del
artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso d), de la Constitución.

La excepción propuesta, además, no es desmedida con los fines que se
pretenden buscar, ya que con ella se pretende alentar el desarrollo de
actividades estratégicas del Estado que revisten interés público y social, pues
se orientan a maximizar la renta petrolera y contribuir al desarrollo nacional.

Además, la excepción se justifica derivado de la importancia del destino de las
utilidades que dichos organismos obtengan. A diferencia de lo que acontece
con otras empresas, las utilidades que PEMEX y sus organismos subsidiarios
obtengan por el desarrollo de sus actividades productivas tienen un destino que
trasciende a la esfera de la empresa y la industria de hidrocarburos. Las
utilidades generadas por la exploración y extracción de dichos recursos
naturales tienen un destino nacional porque son utilizadas,
preponderantemente, para el financiamiento del gasto público. Es decir, no sólo
son aprovechadas para costear los proyectos individuales de dichos
organismos, sino también y, sobre todo, para el mejoramiento de los servicios
educativos, de salud, infraestructura, u otros que benefician a la totalidad de los
mexicanos, según se determine en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Lo anterior se evidencia aún más considerando la nueva figura de dividendo
estatal que se introduce para PEMEX y sus organismos subsidiarios, conforme
al cual las utilidades de PEMEX se entregan al Estado, como su dueño o
accionista, para que las destine al gasto público, de modo que no se trata del
destino de las utilidades a un fin estrictamente lucrativo en beneficio de unos
cuantos, como ocurriría en una empresa de propiedad privada.

En suma, derivado de que las actividades que realiza PEMEX y sus empresas
subsidiarias revisten un interés público superlativo (al estar reservadas
exclusivamente a organismos del Estado) y dado que los beneficios que tales
actividades generan, contribuyen a fomentar el progreso general de los
habitantes de nuestro país, y no solamente al mejoramiento de las condiciones
de los trabajadores de cierta industria o empresa, se considera justificado
exceptuarlas del pago de PTU. ”

Al final, graciosamente dicen:

“No obstante lo anterior, debido a que el trabajo es un factor económico  importante e imprescindible en la creación de la riqueza, PEMEX y sus organismos subsidiarios podrán otorgar a sus trabajadores otro tipo de gratificaciones que tengan por objeto el reconocimiento del desempeño de su labor, como actualmente sucede conforme a su contrato colectivo de trabajo.”

La renuncia de la tutela del Estado para con la clase trabajadora

 

Caso de España y los efectos de sucesivas reformas laborales neo-liberales en ese país

Alejandro Corona Bahre

Señala Rosa Albina Garavito (2011),

“El carácter protector del derecho laboral es inmanente a su naturaleza de derecho social, y parte del reconocimiento de relaciones asimétricas entre capital y trabajo. Tiene su expresión en el artículo 123 Constitucional y el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que estipulan que las normas laborales tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, (…) principio base que a diferencia del derecho privado, tiene pretensiones de estructuración social tutelada.”

Manuel Fuentes (2012) señala que la reforma propuesta el 1 de septiembre del año en curso por Felipe Calderón violentan esa relación tutelar y por lo tanto el artículo 2º de la LFT y la propia Constitución. El autor expone que la combinación de las reformas al 13,39 y 83 de la LFT produce este efecto, al menguar aún más la protección de los trabajadores frente al outsourcing, introducir contratos discontinuos y el salario por hora.

Esta tutela tiene el alcance microeconómico de  proteger el salario familiar. Esto no le interesa al empresariado mexicano, que bajo presión competitiva propia de este sistema económico, aspira, con apoyo del gobierno federal, a tratar al empleado tal y como se trata de un recurso material: se usa y el bagazo que sobre, se desecha. Este primitivismo se extiende a una incomprensión de los efectos macroeconómicos de esta actitud, que perjudica a la propia clase empresarial sin que esta lo entienda. Básicamente, la reducción de ingresos por la
vía de contratos discontinuos y salarios por hora y la reducción de prestaciones (una forma de ingreso diferido) por outsourcing y los propios contratos discontinuos conducen a una baja de la demanda efectiva agregada por vía de la reducción en el consumo privado, que es o debe ser “uno de los componentes tradicionales de impulso al avance del Producto Interior Bruto” (Ruesga, 2012), y que es además expresión directa del bienestar de la población, si bien, como hemos comentado, ese punto no es del interés
de los empresarios y el gobierno federal. En pocas palabras de economista, lleva a la contracción de la demanda.
Esto, a su vez, lleva a una baja en la actividad empresarial, y por lo tanto a más desempleo (y la criminalidad que eso conlleva, más otros factores inestabilidad social), y no a más empleo, como pretende la iniciativa de ley de Calderón en su página 7. La misma no hará más que retro-alimentar la perversión de ahorrar en costos de producción, entiéndase salarios, de parte de los grupos empresariales, en vez de buscar, en todo caso, la competitividad por el lado de la innovación.
En el caso de España, como exponen diversos analistas (Casais Padilla, 2011 y 2012 b; Ruesga 2012;  Navarro, Torres López y Garzón 2011), las sucesivas reformas laborales han tenido justamente ese efecto.

Figura 1. Fuente: Eurostat y elblogsalmon.com

reproducido por Casais Padilla, 2012 c, Lámina 47

En España, de 2010 a la fecha, en datos trimestrales anualizados,

Figura 2. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, España

reproducido por Casais Padilla, 2012 c, Lámina 49

La baja de actividad trae consigo un creciente déficit fiscal gubernamental. O bien, se puede intentar compensar la misma vía crédito al consumo, lo que a su vez fácilmente puede generar una burbuja crediticia como la que se vivió en España, en la década pasada, seguida de una crisis financiera mayúscula que sigue hasta hoy, (Casais Padilla, 2012 b), con dicho país sumido en más desempleo que nunca y con una crisis de impagos (moratoria) amenazando.

Figura 3. Fuente: Banco de España,

reproducido por Casais Padilla, 2012 c, Lámina 53

Es significativo también el efecto sobre la participación salarial en el PIB español (en comparación con Alemania, en esta gráfica):

Figura 4. Fuente: Annual Macro Economic Data Base from the European Commission,

reproducido por Casais Padilla, 2012 c, Lámina 39

En el caso de México, con 30 años de políticas neo-liberales, que el sector empresarial nacional e internacional ambiciona seguir profundizando con esta reforma laboral, sin que eso signifique crecimiento para el país, sino incremento de la riqueza personal de grandes empresarios, la evolución de la distribución entre salarios y ganancias se ve así:

Figura 5. Fuente: Elaboración del autor, con datos del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, citados por La Jornada, 2010

(Los datos de 2010 son como siguen (fuente INEGI)

Otra gráfica interesante es la relación entre trabajadores sindicalizados y distribución del ingreso, en este caso en Estados Unidos. La relación inversa se intensifica con la llegada del neoliberalismo a ese país, en la década de los ochenta.

Figura 6. Fuente: Gordon, C., reproducida por Casais Padilla, 2012 a, p.16

Como agravante, el consumo de la clase empresarial enriquecida no compensa, de ningún modo, consumo popular perdido. Santos Ruesga (2012), señala que el traslado de recursos desde las retribuciones salariales a los rendimientos empresariales y de capital “significa que la disponibilidad de renta  (ingreso personal) por el conjunto de los trabajadores disminuye en favor de aquellas otras que tienen una menor propensión marginal al consumo.”  Esto es, que con su consumo, la clase adinerada estimula menos la economía nacional que las clases populares.  Pueden, por ejemplo, gastar en consumo  en el extranjero, en bienes suntuarios de importación, ahorrar e invertir en dólares o lo que es peor, dedicar el recurso a actividades financieras especulativas o el crimen organizado.

Volviendo a las reformas calderonista, debe alertarnos también la combinación de contratos a prueba y de capacitación, que encadenados generan hasta 7 meses de servicios sin costo de rescisión, después de los cual un empleado puede ser relevado por otro por otros 7 meses y así sucesivamente, sin mayor penalización para el empresario. De acuerdo a la experiencia española, la economía acaba dominada por este tipo de contratación. En ese país, “La temporalidad pasó a cronificarse y afectar a un tercio del mercado de trabajo” (Casais Padilla, 2011, p.42), reforzando aún más la precarización del empleo. Casais Padilla (2012 a) también señala como ejemplo el caso alemán, donde las legislaciones de este tipo precipitan inexorablemente la desaparición o disminución notoria del empleo fijo.

En resumen, las reformas estructurales impulsadas por los Estados Unidos, el empresariado mexicano e inspirados en parte por el fallido modelo español, consisten, al igual que en España y otros lugares, en “reducir el Estado de bienestar, recortar los derechos laborales, debilitar a los sindicatos, reducir los salarios y aumentar la explotación para, en definitiva, incrementar los beneficios de las clases empresariales” (Casais Padilla, 2011). Pende sobre nosotros, además, la amenaza de que la contracción del sector productivo para el consumo lleva a crisis financieras por varios conductos.

Debemos evitar que México se encamine al suicidio económico que, como caracteriza este autor (2011) el caso español, implica la reforma laboral y su golpe a la fuente natural de la actividad económica, que es el consumo, solo para complacer la visión empresarial cortoplacista que impulsa el calderonismo y también la reforma priista a la que, si la de Calderón es rechazada, habremos de enfrentarnos igualmente.

Agradezco las atenciones del Dr. Enrique Casais Padilla, Investigador del Departamento Economía Aplicada i de la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, para la preparación de este trabajo, así como la Lic. María de Jesús López Amador, Técnica Académica Titular B de la propia IIE.

El autor, Alejandro Corona Bahre, es licenciado en economía de la Universidad Iberoamericana y sindicalista de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, cursando actualmente la maestría en administración de la tecnología de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

 

Bibliografía

Casais Padilla, E. (2011), La respuesta a la crisis en la UE: España camino de su ‘década perdida’, en Revista Problemas del Desarrollo, 166 (42), julio-septiembre 2011, IIE, UNAM, México

_____________  (2012 a), Globalización neoliberal y mercados laborales: los casos de EE.UU., Alemania y España, texto en revisión

_____________  (2012 b), Entrevista realizada por Alejandro Corona B el 11 de septiembre de 2012, en el IIE, UNAM, México

_____________ (2012 c), Del ‘milagro económico’ al rescate: 20 años de contradicciones en España, presentación en Powerpoint fechada el 12 de septiembre de 2012, México

Fuentes Muñiz, M. (2012), Análisis de la iniciativa de Felipe Calderón de Reforma Laboral, presentación en Powerpoint fechada septiembre de 2012, México

Garavito Elías, R. A. (2011), Daños colaterales: prestaciones sociales y reforma laboral, ponencia presentada en el VI Seminario de economía del trabajo y la tecnología, Crisis Global y cambios en el mercado de trabajo, Noviembre de 2011, IIE, UNAM, Mexico

Navarro, Torres López y Garzón (2011), Hay alternativas: Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, Sequitur, ATTAC España, 2011, Madrid

Ruesga, S. (2012), Efectos macroeconómicos de la reciente reforma laboral en “Un mundo de relaciones laborales”, Blog de Augusto Plató,  http://augustoplato.blogspot.mx

Zúniga, J.A., Cae a 29.2% la participación de salarios en el PIB, pero ganancias suben a 61.6%, nota publicada el 19 de octubre de 2010, La Jornada, México

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/19/economia/029n2eco

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