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PASIVO LABORAL A DEUDA PÚBLICA A COSTA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Actualización con respecto del tema de los pasivos laborales de Pemex, al 19 de agosto de 2014:

1. Ya fue aprobada, como parte de la Ley Federal  de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la asunción formal del Estado  de los pasivos laborales. 

2. La figura de pasivo laboral en empresas públicas se pone contablemente en operación para privatizar. En el caso de Pemex fue en 1998. Antes se pagaba, como debiera ser, como gasto corriente. Pemex desembolsa de su propia tesorería estas pensiones con regularidad y sin problema de liquidez alguno hasta la fecha. La asunción formal del llamado pasivo laboral por parte del Estado fue por presiones externas: los extranjeros que se quieren asociar con Pemex o comprar partes de la empresa (por ejemplo sus refinerías), en contra la Ley Federal del Trabajo no quieren asumir responsabilidades laborales como el pago de pensiones, para con los que contribuyeron con su trabajo a la generación de la riqueza que ahora quieren apropiarse.

3. El pasivo laboral fue calculado de manera tramposa, a ¡100 años! y cambiando supuestos de cálculo recientemente. Solo así se puede explica un brinco de casi 78% del monto (1).  También se considera que incluye montos que no son propios de un pasivo laboral, pero la ley dice que se va a auditar, lo cual es de lo poco positivo de esta legislación.

4. El trabajador petrolero genera ingresos netos como pagar su pensión y 35 veces más. Las pensiones y jubilaciones  representan solo el 1.77% de los ingresos brutos. Es evidente que las pensiones son perfectamente pagables.  Eso no se le informó a la opinión pública de manera cabal. En realidad, las seguirá pagando Pemex con su contribución fiscal . También podemos ver a los trabajadores como empleados del resto de los mexicanos, pues Pemex sigue siendo de la nación. En ese caso, sus pensiones se pueden ver como un contraprestación o un costo por la riqueza fiscal que le generan los petroleros a los mexicanos mismos. Sin embargo, el mal uso de esta riqueza ya no es cosa de los trabajadores, sino de gobernantes, oligarcas y líderes sindicales corruptos.

5. Cuando se quiere vender una empresa, se culpa a los trabajadores y se busca desaparecer o castigar al maximo el pago de pensiones, es una fórmula que no falla, se aplica cada vez. No solo el pueblo no sufre un aumento de costo en el caso de las pensiones, ya se estaba pagando, como he dicho, sino el poder legislativo quiso forzar con sus leyes una “rebajita” en las pensiones. 

6. En nuestro caso particular, manchar la imagen de los trabajadores y con ello de Pemex, es parte de la estrategia para que fracase la consulta popular contra la reforma energética. Además, es una forma de llevar más negocio a los bancos que explotan a la población robándole “comisiones” con el apoyo de las regulaciones e imposiciones gubernamentales.

(1) Otros elementos se pueden ver en http://www.dolorespadierna.com/dolorespl2/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:la-corrupcion-institucionalizada-es-la-verdadera-causa-de-la-inflacion-de-pasivos-laborales-&catid=3:newsflash

 

Este es el texto completo original de este publicación:

“Este es un comunicado de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) y el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE)

¿El pasivo laboral de PEMEX y CFE es culpa de los trabajadores?

¿Lo va a pagar el pueblo de México?

Hemos creado un cúmulo increíble de recursos a lo largo de 76 años, que no sólo han dado base al desarrollo nacional, sino que son y han sido absolutamente suficiente para que se hubieran creado las reservas necesarias para dar respaldo adecuado y oportuno al pasivo laboral; la omisión de estas reservas no sólo muestra una clara responsabilidad administrativa, sino es consecuencia del saqueo fiscal y vía corrupción de que han sido víctimas PEMEX y CFE, y que ahora se quiere cargar a las y los trabajadores; lo cual se agravará con la actual reforma energética que va ir extinguiendo las utilidades de éstas.
En los medios de difusión se ha señalado que la mayoría automática de la Cámara de Diputados pretende transformar en deuda pública los pasivos laborales de PEMEX y CFE, en beneficio de nosotros los trabajadores. Sin embargo, esto es sólo un desplante mediático, que pretende engañarnos a los trabajadores de PEMEX y CFE, para simular que Peña Nieto va a respetar los derechos de los trabajadores y jubilados, como lo ha planteado una y otra vez, faltando de manera absoluta a la verdad, pero al mismo tiempo, que servirá para que la población mexicana en general siga teniendo en mal concepto a los sindicatos y los derechos laborales adquiridos con justicia.
La realidad, es que los artículos 3º y 4º Transitorios de la Ley General de Deuda Pública, se traducen en un chantaje jurídico, que busca que los trabajadores de PEMEX y CFE hagamos una renuncia masiva de nuestros derechos, entrometiéndose además en el régimen laboral interno de PEMEX y CFE, lo que resulta inconstitucional: “Deberán modificarse el contrato colectivo”, dice este Dictamen; “deberá modificarse el Reglamento de los trabajadores de confianza”, otra vez dice este Dictamen.
El Artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo, es claro de que el contrato colectivo no puede concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. La Carta Magna y la ley de cita, declaran la nulidad de pleno derecho de toda renuncia de los derechos humanos laborales. Pero esto no tiene relevancia, pues a la oligarquía representada en los tres Poderes no les importa el estado de derecho.

Por otra parte, el gobierno federal no se obliga a llevar a cabo la asunción de este pasivo laboral, sino que se dice que “podrá” hacerlo, y no en la totalidad de este pasivo, sino sólo en su caso asumirá una “proporción” del mismo.
El chantaje jurídico, se traduce: en que si los trabajadores queremos que el pasivo laboral sea absorbido en los términos referidos, entonces los trabajadores de nuevo ingreso deberán pagar solos sus pensiones con sus propios recursos, mediante cuentas individuales que manejarán las Afores, las fraudulentas Afores, las desacreditadas afores; también significa, que en primera estos trabajadores ya no tienen asegurada una pensión; que serán pensiones de miseria; que deberán cotizar muchos más años, que se van a transferir cantidades multimillonarias al insaciable capital financiero, básicamente extranjero, tercero, que a los jóvenes del país, que pareciera que no son mexicanos, se les discrimina frente a los demás trabajadores, condenándoseles de por vida a empleos precarios, sin futuro. Y además, es un claro desmantelamiento del contrato colectivo de los trabajadores petroleros.
Por lo que hace a los trabajadores petroleros actualmente en activo, de manera progresiva, se nos irán ajustando los parámetros para determinar nuestras pensiones, es decir, se nos irá reduciendo el monto de las mismas y, además se nos incrementará la edad para pensionarnos, entre otros. En el caso de CFE, a los trabajadores en activo, con derechos generados para una pensión conforme al contrato colectivo de trabajo, se nos sujetarán a mecanismos para que “voluntariamente” (entre comillas), opten por las cuentas individuales, por las Afores, como si fueran de nuevo ingreso.
En relación a las jubilaciones y pensiones en curso de pago, “se supone” que se nos respetará; esto en tanto no se nos desconozcan, como sucedió con los trabajadores ferrocarrileros, que quedaron con paupérrimas pensiones del IMSS.
Por de lo dicho, el pasivo laboral no se cubrirá con recursos presupuestales, esto es otra simulación, pues en realidad los acabaremos pagando los propios trabajadores de PEMEX y CFE, pues los transitorios son claros en que: “La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior.” Es decir, si los trabajadores somos despojados de 1,000 millones, serán mil millones los que irán a cubrir el pasivo laboral. Concretamente, seremos los trabajadores activos los que sufriremos a partir del momento en que se modifiquen los contratos colectivos una merma en sus derechos para garantizar las pensiones de los jubilados. Divide y vencerás, reza el dicho.
No hay pues, beneficio alguno para nosotros los trabajadores, sino saqueo de nuestros derechos; el propósito real, es dejar a PEMEX y CFE sin cargas a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores, para facilitar las alianzas y su desmantelamiento y privatización como lo reclaman las corporaciones, especialmente extranjeras; además esto permite crear un mercado de mano de obra más fluido para la transferencia a precio de remate de la mano de obra altamente calificada de PEMEX y CFE en beneficio de las empresas privadas. Es también un camino, para elevar el índice de expoliación de los trabajadores, para mayores recursos fiscales y, de utilidades para las empresas privadas, saqueadoras del patrimonio nacional.

En suma, nacerán corporativos inmensamente ricos, al lado de trabajadores pobres, al lado de un país también pobre y humillado.

En tal virtud, exigimos que se supriman los aludidos artículos 3º y 4º , Transitorios, por ser un arquetipo de inconstitucionalidad e injusticia.

Finalmente, un llamado a las y los trabajadores de petróleos, para que no creamos más la mentira de que serán respetados nuestros derechos y a la población mexicana para que no haga eco de la campaña, una vez más, de desprestigio contra los trabajadores de Pemex. No es ella la que pagará ese pasivo, son los propios trabajadores.

Compañeros, que nuestro destino como petroleros no sea el triste de una vez muy combativo gremio de los ferrocarrileros. ¡La movilización para la defensa de nuestros derechos es indispensable!

¡POR EL RESPETO IRRESTRICTO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES!

UNION NACIONAL DE TECNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTyPP)
COMITÉ NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA ENERGIA (CNEE)”

Nota: este es el texto de los artículos transitorios tercero y cuarto
Tercero. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios a la entrada en vigor del presente Decreto y, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, y modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento del pasivo laboral por parte del Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida.
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal, una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación.
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cuarto. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones que correspondan a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento del pasivo laboral por parte del Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa, y contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro; que se establezcan los mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados hasta el 18 de agosto de 2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de cuentas individuales, y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo para la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida.
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual a que se hace referencia en el párrafo anterior.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación.
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Acción urgente vs Senadores por dictamen Ley Hidrocarburos

Hola amigos,

los que están en contra de la reforma energética les pido enviar hoy mismo, domingo 8 de junio a las siguientes direcciones.

dpenchyna@senado.gob.mx;salvador.vega@pan.senado.mx; rabindranath.salazar@senado.gob.mx;;carlos.romero@senado.gob.mx;oscarrosas@senado.gob.mx;ernesto.gandara@senado.gob.mx;jose.orihuela@senado.gob.mx;hector.yunes@senado.gob.mx;panchodominguez@senado.gob.mx;jorge.lavalle@senado.gob.mx;franciscocabezadevaca@senado.gob.mx;fmayans@senado.gob.mx;adanaugusto@senado.gob.mx;ninfa.salinas@senado.gob.mx;mbartlett@senado.gob.mx;rgraciag@senado.gob.mx;mchicoh@senado.gob.mx;zoerobledo@senado.gob.mx;eburgosg@senado.gob.mx;sonia.mendoza@senado.gob.mx;

el siguiente texto o semejante.

“Estimadas senadoras, estimados senadores

Ustedes tendrán el 10 de junio la alta responsabilidad de dictaminar la Ley de Hidrocarburos y les pido actuar como ciudadanos de nacionalidad mexicana, socialmente responsables. Les comparto 10 puntos que deben considerar.

  1. El gobierno federal habla mucho de la renta petrolera y promete que la Nación se quedará con ella, pero no define el concepto ni en la Ley de Hidrocarburos ni en la Ley de Ingresos Petroleros, cuando la esencia de los contratos de exploración y producción es el reparto de la renta.
  2. La ley de Hidrocarburos no establece un ingreso mínimo garantizado para la Nación por ser propietario de los hidrocarburos.
  3. De hecho, los contratos privados de extracción de hidrocarburos y en particular las licencias, son concesiones con otro nombre, para regalar las utilidades que son del pueblo mexicano.
  4. En todo caso, la maximización de ingresos de la nación prometida no depende como dice el gobierno, del modelo contractual, responsabilidad de la SENER, sino del régimen fiscal futuro, tanto de los privados como de Pemex. Se nos quiere engañar acerca de quien carga la responsabilidad de los ingresos.
  5. Se dará la pérdida de control sobre las cantidades de crudo producidas y exportadas y con ello, del suministro de combustibles a nivel nacional vía refinación.
  6. El nuevo modelo de participación de particulares en toda la cadena de la actividad petrolera, traerá consigo el decaimiento inexorable de la industria mexicana, el desabasto a nivel nacional y el auge de la dependencia energética
  7. La Constitución de servidumbre legal es instrumento para despojar de tierras y lotes urbanos a sus dueños si son de utilidad para alguna fase de la actividad industrial o comercial de los hidrocarburos. Se trata de un atentado más contra los pobres de México.
  8. Aunque uno de los objetivos de la reforma es que las empresas del Estado sean tratadas como cualquier otro participante en el mercado, existe un trato desigual y discriminatorio hacia ellas, y todas las facilidades para los privados. Esto llevará junto con otros factores a la desaparición de Pemex, nuestra fuente de riqueza. El gobierno federal actúa de manera perversa y nos pretende engañar. La desaparición de Pemex y las utilidades compartidas llevarán a desequilibrio fiscal, aumento de impuestos, baja del gasto público y con ello, aumento en la criminalidad.
  9. El despojo de la riqueza en este país nos convertirá en una colonia pobre del imperio del norte.
  10. Se abre la posibilidad de la intervención incluso militar de extranjeros, en los destinos políticos y sociales de nuestra nación.

La Ley de Hidrocarburos está viciada de origen y debiera de desecharse por completo

 

Atentos saludos

(Poner su nombre)”

Cambienlo a su gusto, añadiendo “además, consideramos que la reforma energética etc”

El martes 10 ya no tendrá caso. Háganlo hoy lunes, por favor.

Saludos

Alejandro

PD en los siguientes dias habrá otras peticiones semejantes de mi parte

2PD Créditos: basado en textos de Ramón Centeno y Silvia Ramos y en el debate que se hace al seno de esa organización.

Análisis de la (contra)reforma energética

Este texto sufrió ajustes importantes en el tema laboral y de subsidios el 13 de enero de 2013 y precisiones en el tema de libertad de políticas de contratación que asistirá a las nuevas empresas del Estado que sustituirán a las paraestatales, en el tema de despidos y otros, el 19 de enero de 2014.

Una nueva actualización se hizo el 29 de enero, precisando el significado del concepto “a su justo valor” y haciendo una corrección en el tema de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.

Resumen ejecutivo.-

La reforma energética pone las bases para la desaparición parcial o total de Pemex, a conveniencia de los extranjeros y sus operadores nacionales.  Pemex perderá en 2 años o menos su condición de organismo público descentralizado y se convertirá en empresa productiva del Estado, pudiendo ser vendida o liquidada. Las actividades industriales serán cedidas a los privados en poco tiempo, Pemex conservará por un tiempo más una parte de las extractivas, principalmente por la figura de la asignación directa (aunque también pudiera trabajar bajo contrato como las transnacionales). Una diversidad de actividades administrativas será llevada por nuevas agencias gubernamentales. Los privados recibirán todas las facilidades del gobierno y del mismo Pemex. Recibirán insumos por debajo de su precio comercial y recontratarán parte del personal a mitad de sueldo o menos. Pemex estará perdiendo activos continuamente por la vía de la venta “a su justo valor”,  de las asociaciones o del desmantelamiento. Falta claridad respecto de la evolución futura de precios de energéticos, pero se estima subirán por el efecto combinado de una probable quita de subsidios y el poder de los oligopolios. Se menciona que los trabajadores serán atendidos en el ISSSTE. Habrá despidos masivos en diferentes momentos, a lo largo de varios años.

Agradecimientos.- a los incansables compañeros de la UNTyPP con quienes revisé este texto para su mejora. A diversos analistas del PRD, como Alejandro Encinas y Morena, como Claudia Sheinbaum, cuyos textos previos revisé con detenimiento.

Desarrollo.-

El día de la Guadalupana, 12 de diciembre de 2013, se aprobó a nivel federal la reforma energética. El día 14 se dio su aprobación a nivel estatal. El marco legal para el desmantelamiento de la industria petrolera nacional se hizo realidad, como habíamos anunciado. Pemex perderá a más tardar en dos años su condición de organismo público descentralizado y se convertirá en empresa productiva del Estado (transitorio tercero del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía”). Las empresas tendrán libertad en sus políticas de contratación (según transitorio vigésimo fracción II), pudiendo por ejemplo pagar menos que ahora al personal de base, dependiendo esto último del poder de negociación que aún conserve el STPRM y más a los altos funcionarios y la empresa podrá ser vendida o liquidada con mayor facilidad en algunos años más, si así lo decidiera el gobierno mexicano. El transitorio segundo dice que los derechos laborales de los trabajadores se respetarán: eso quiere decir que las liquidaciones serán conforme a ley y posiblemente, que el derecho a organizarse se respetará, al menos en términos de la supervivencia del STRPM. No queda claro que sucederá en la práctica con tales derechos cuando se de la transición a empresas productivas del Estado.

La exploración y extracción de crudo se hará a través como de privados e inicialmente también a través de Pemex (Artículo 27 constitucional). Habrá para los privados y teóricamente para Pemex licencias con todas las características de una concesión excepto el acreditamiento de reservas, así como contratos de producción y de utilidad compartida, y de servicios (transitorio cuarto, segundo párrafo). Con las primeras dos figuras, el estado mexicano renuncia a la opción de tomar decisiones soberanas eficaces en materia de venta de crudo y con ello, también de montos de crudo a refinar. El futuro régimen fiscal de Pemex aún está por determinarse en la legislación secundaria, pero una posibilidad es que con respecto de asignaciones se mantenga el esquema vigente y que con respecto de contratos, enfrente las mismas condiciones que las transnacionales. Fluvio Ruíz,  consejero profesional de Pemex, opina que no hay alivio para la empresa en la nueva propuesta, según se puede ver picando aquí.

En la exposición de motivos de la reforma, la autonomía técnica y de gestión de Pemex quedan condicionadas a que la conversión administrativa se concluya en todos sus detalles regulatorios (séptimo párrafo de la sección Transición de organismos a empresas productivas del Estado.  La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que será ahora el órgano más importante de la Sener, tendrá autonomía operativa, funcional y de gestión (transitorio décimo segundo). La CNH hará las licitaciones, firmará contratos, supervisará áreas contratadas y podrá ordenar la suspensión, clausura o desmantelamiento de instalaciones (transitorio décimo inciso b). Mientras exista, Pemex podrá hacer su propia subcontratación, pero si las hace como contratista del Estado, las correspondientes licitaciones también correrán por cuenta de la CNH (transitorio sexto párrafo nueve). Por otra parte, la CNH tendrá el resguardo de la información geológica y geofísica (transitorio décimo inciso b). Los estudios se hacen por contratistas y hoy día el control es de Pemex Exploración y Producción. La idea es que CNH ponga  a disposición de cualquier empresa la información. Preocupa que por vía de la corrupción solo comparta la información con ciertos actores. Además la intención de hacer depender la CNH únicamente de contribuciones y aprovechamientos (transitorio décimo segundo) es receta para desastre. La CNH necesitaría recursos en gran cantidad para cumplir con su propósito estratégico. Una vez más, se profundiza el antinacional esquema neoliberal de no dotar a los órganos de gobierno con recursos adecuados para su operación. Es decir, se engaña a la población cuando se dice que el gobierno controlará a las empresas transnacionales.

La Secretaría de Energía será directamente responsable de la adjudicación formal de las áreas de explotación (“asignaciones”) a Pemex (transitorio décimo inciso a). Sener también diseñará aspectos técnicos de contratos y procesos de licitación. Hacienda establecerá sus condiciones económicas (transitorio décimo inciso d). La exposición de motivos señala que “la variable de decisión (para determinar un ganador) es el porcentaje de utilidades que recibirá el contratista.” (p.212 de la versión dictaminada por comisiones del Senado, del Decreto de reforma energética) Esto seguramente se verá reflejado en la legislación secundaria. Podemos esperar colusión entre las empresas para arrancar a su favor los porcentajes más altos posibles y la única defensa, en caso de que el gobierno le quede una gota de inteligencia, será el aspecto fiscal y seguirse para ello apoyando en lo que es hoy en día Pemex Exploración y Producción. Otra forma de corrupción sería que el licitador ya tenga acuerdo previo con uno de los concursantes. Por otra parte, en la UNTyPP creemos que este esquema no es el más importante, sino el de las licencias, que estimamos podrán ser otorgadas a petición directa de la transnacional.

Pemex, por el momento, podrá conservar los lotes con los que cuenta hoy en día (transitorio sexto inciso b), por la vía de otro mecanismo, la llamada asignación directa (mecanismo que ya existía antes de la reforma). Sin embargo, esto está sujeto a que entregue reportes técnicos y financieros a la CNH, la que podrá decidir si Pemex conserva el área o se “regresa al estado” (para su posterior entrega a privados). Consideramos que por razones fiscales, en el caso de la extracción de crudo, Pemex conservará sus campos más tiempo que en el caso del gas. En Burgos por ejemplo, ya todos los lotes tienen dueño previsto. Por supuesto, el lobby de las transnacionales y el entreguismo de los tomadores de decisiones mexicanos con todo y la barrera fiscal, que se detalla más abajo, será incesante. Tendremos a Pemex con el papel de una cenicienta al servicio de las transnacionales, haciéndoles trabajos (pues esta es una práctica común ya hoy día en Pemex) y cediendo activos a  ”su justo valor económico” cuando la actividad de un privado lo requiera, como se especifica en el párrafo séptimo del transitorio sexto.

Mientras que a Pemex se le desmantela, a los privados se les permite asentar en sus estados contables los contratos correspondientes y sus beneficios esperados. Acerca del polémico tema del acreditamiento contable de reservas, si bien la exposición de motivos señala que “en los contratos de producción compartida, las empresas pueden registrar como activos para efectos contables, las reservas de crudo”, en transitorios (quinto) no hay mención de ello. Esta contradicción se puede interpretar como el resultado de una pugna de última hora entre PRI y PAN.

Ya comentamos detalles  de la CNH, pero varias otras instancias del gobierno federal tendrán nuevas funciones que se le quitarán a Pemex. Tal es el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que además de tener la supervisión de la distribución de gas y de electricidad, ahora tendrá la del crudo: otorgamiento de permisos para el almacenamiento, y la regulación del transporte y la distribución por ductos, del acceso de terceros a los mismos y de la venta del producto (transitorio décimo inciso c). Tanto CNH como CRE, instancias que ya existían, quedan ahora establecidas a nivel constitucional, en el artículo 28 párrafo octavo.

En el tema del gas natural, se le asigna a un nuevo Centro Nacional de Control de Gas Natural (CNCG) , entidad paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, la tarea de la adquisición y administración de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento del gas (transitorio décimo sexto a). Pemex Gas y Petroquímica Básica le cederá de inmediato todos sus contratos. Así, PGPB cederá actividades al CRE y al CNCG, cederá muy pronto sus ductos, conservará únicamente separación y compresión del gas (para la posterior probable venta de las correspondientes instalaciones) y será de los organismos más debilitados de forma inmediata. Se comenta que mucho personal de PGPB irá a dar a lo que es aún Pemex Refinación.

Con la reforma al artículo 28 constitucional, el Estado mexicano renuncia a garantizar el suministro de combustibles necesario para la actividad económica del país, sometiendo a esta a las veleidades del mercado oligopólico y a decisiones tomadas en Estados Unidos. Aunque la actividad de Pemex en el ramo industrial no queda prohibida, no hay en las reformas previsión de que Pemex conserve o reciba recursos para evitar que pierda su papel de industrializadora de crudo, pues queda excluida del mencionado 28 como actividad estratégica. La intención privatizadora se cumplirá y las refinerías, petroquímicas, compresoras y ductos serán vendidas o Pemex entrará en asociaciones con los privados. El otorgamiento de permisos para estas actividades correrá por cuenta de la Secretaría de Energía (Sener), según indica el transitorio décimo inciso a). Una parte de productos se dejarán de fabricar por completo, como ya ocurrió en la petroquímica, empeorando la balanza comercial del país debido a la consecuente necesidad de importaciones. Por supuesto, esto irá acompañado de despidos masivos de técnicos y profesionistas y de personal de base. Si se llega hasta un 40% del personal de Pemex, como dicen algunos, dependerá de la capacidad de reacción del STPRM. Prevemos que como en el caso de Pajaritos y de la industria eléctrica, las empresas privadas recibirán todas las facilidades del gobierno y del mismo Pemex para su mayor rentabilidad posible. Esas facilidades incluirán venta de insumo (en este caso el crudo o el gas) debajo de su precio comercial, alguna recontratación de personal pero a mitad de sueldo, si acaso y la libertad de cobrar gasolinas más caras para el consumidor.

Pemex estará perdiendo activos continuamente por la vía de la venta “a su justo valor”, de las asociaciones o del desmantelamiento. “A su justo valor” significa para muchas instalaciones valor cero, dada la política de precios internos seguida por la empresa, que forza la aparición de pérdidas contables. Lo interior, independientemente que el valor de construcción de cualquiera de esas instalaciones de miles de millones de dólares.

El aspecto ambiental de la actividad petrolera, donde las transnacionales se han caracterizado por ser altamente depredadoras, dependerá de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos dependiente de SEMARNAT (transitorio decimonoveno). Entre sus tareas estará supervisar desde el punto de vista ambiental el desmantelamiento y abandono de instalaciones petroleras.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo recibirá las utilidades que correspondan a México por la actividad petrolera a través de contratos (artículo 27 constitucional, párrafo 8 y transitorio décimo cuarto). El fiduciario será el Banco de México, pero la SHCP presidirá el Fondo. El uso de los recursos está etiquetado para ser canalizado en forma descendente al presupuesto federal, fondos de estabilización ya existentes, títulos de gobierno, pensiones, ciencia y tecnología, becas y proyectos, pero no se espera sea significativo, dado que las petroleras impondrán sus condiciones en materia fiscal y contractual. Se trata de una simulación este esquema con el que supuestamente llegarían recursos para el desarrollo del país. Sin embargo, en un arranque de sentido común por parte de quienes diseñaron la reforma, la contribución de la actividad petrolera al presupuesto federal se deberá mantener en 4.7% del PIB (transitorio décimo cuarto párrafo cuarto). Se entiende que Pemex, con su contribución fiscal convencional bajo la figura de asignaciones, seguirá siendo variable de ajuste, por lo que su futuro dependerá menos de los criterios de la CNH que del éxito de los privados en su extracción.

El Corporativo, en esencia, quedará antes de que acabe el sexenio reducido a temas de relaciones laborales y pago de trabajadores, actividad litigiosa de la Gerencia Jurídica, su administración interna y claro, la administración de la deuda externa de Pemex, así como las actividades de tesorería e informática que de lo anterior y que de su pago de impuestos se deriven. Pierde la actividad de contratos y parte de sus actividades de tesorería. Aquí al igual que en otras áreas de Pemex, esperamos despidos masivos. Sin embargo, es probable que siga, mientras exista, en sus especulaciones con Repsol, astilleros de Galicia y otros negocios privados que se le vayan ocurriendo al director general o de finanzas, no relacionadas con el objeto de la empresa.

La diversidad de instancias a cargo de la actividad petrolera teóricamente podrían significar mayor transparencia y control mutuo en la toma de decisiones, pero a la vez significa que cada instancia, más débil que el Pemex integrado de hoy día, tenga que lidiar con poderosas transnacionales por separado.

El transitorio séptimo habla de promover cadenas productivas y contenidos nacionales, pero como el mismo texto señala, esto está sujeto a los tratados de libre comercio, con lo cual esta intención declarada es un engaño.

El transitorio octavo es grave porque subordina la propiedad ejidal y comunal a las necesidades de las petroleras. Repite el tan dañino criterio aplicado para la minería, cuestionado ampliamente por ONGs y legisladores y entra en contradicción directo con lo que al respecto de estas formas de propiedad dice el 27 constitucional. Es cierto que desde siempre la actividad petrolera había tenido preferencia, pero desde 1938, no para los extranjeros, sino para la empresa mexicana.

El transitorio décimo primero de la versión de la reforma entregada al Senado para su aprobación indicaba que desaparecerían los subsidios en los energéticos. En combinación con el poder oligopólico de las transnacionales y las tendencias de escasez de energéticos a nivel mundial, estos no bajarían sino subirían de precio. Aunque el  transitorio mencionado en la versión que finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya no hace mención alguna en el tema de subsidios, indicando que el gobierno midió el costo político de incumplir las promesas de baja de los energéticos, a la larga una baja, incluso con más subsidios, para “cumplirle a la población” dificilmente podrá sostenersedebido a los otros que aquí mencionamos.

El transitorio noveno habla de transparencia en la actividad petrolera y su aplicación a rajatabla deberá ser defendida por la izquierda a como de lugar, en tanto se revierta esta reforma.

Un transitorio vigésimo primero habla de prevención y castigo de corrupción en personas privadas, servidores públicos incluyendo consejeros y personal en la toma de decisiones relacionadas con la actividad petrolera. Sin embargo, con el corrupto sistema de justicia mexicano, la toma de control de la industria petrolera mexicana tendrá como única contención probable, por un tiempo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras ésta seguirá presionando a los legisladores para reducir el gasto público y empujar la privatización de los servicios públicos para la población mexicana.

En lo laboral, sale el sindicato del Consejo de Administración de Pemex (transitorio vigésimo fracción IV) . Como ya se dijo, los empleados se contratarán bajo “un régimen especial de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades” (vigésimo, fracción III). Eso podría implicar penalización salarial en los empleados de nivel bajo y más recompensa salarial a los de nivel alto, tratando de retener el capital intelectual de la empresa o abusando a favor de hijos de políticos. Al parecer, sin embargo, el STPRM se anota un éxito momentáneo pues hay una relación directa entre los anuncios de despido de trabajadores por outsourcing previstos para el 23 de diciembre de 2013  y el convenio administrativo sindical N°  10717/2013 del 29 de julio. Esto podría suponer que algunos sectores de trabajadores de Pemex volverán a ocuparse de Pemex en vez de estar en un cuasi ocio, al que llegaron desplazados por el outsourcing (una política destinada originalmente a debilitar el sindicato). Con ello se disminuiría  el número de despidos de trabajadores de base. Si es así, esto implicará que muchos se tengan que cambiar de ciudad. Sin embargo, otros analistas piensan que las empresas de outsourcing serán recontratadas posteriormente. Finalmente, es importante anotar que al quedar fuera del Consejo, el sindicato pierde poder. De hecho el convenio 10717 podría ser revertido pronto.  Asimismo, lo que implica el ya mencionado transitorio 20 fracción III es que o bien el contrato colectivo de trabajo de los petroleros quedará sin efecto, o bien se le impondrá a los trabajadores fuertes modificaciones al mismo.

En cuanto al sistema de pensiones de Pemex, no hay mención directa. Únicamente en el transitorio décimo cuarto inciso 5 a) hay mención de un sistema universal de pensiones financiado por el Fondo Mexicano del Petróleo. Lo que se ha confirmado por dos fuentes independientes es que amenazan con pasar a los trabajadores de Pemex al ISSSTE a partir de 2015.

Conclusiones.-La reforma rebasa cualquier previsión de quienes analizaron lo que podría venir. Sin duda los efectos negativos de la misma ameritan la movilización del Pueblo hasta que sea derogada.

YGNACIO LÓPEZ MENDOZA, HUELGUISTA DE HAMBRE, ASESINADO

9 de noviembre de 2013

El horror… han matado a Ygnacio. Fue salvajemente torturado antes de morir y luego se simuló un accidente automovilístico.

Milenio señala que “hace un par de días el alcalde de Santa Ana Maya recibió una llamada para decirle que estaban enterados que el gobierno federal le daría recursos ‘frescos’ para el municipio y que debía aportar más dinero –como extorsión- para poder trabajar.”

“Antes de ser asesinado, Ygnacio López  denunció que los ediles michoacanos pagan cuotas al crimen organizado, a los Caballeros Templarios”, dice la nota.
Asimismo, el expresidente Felipe Calderón se pronunció sobre la muerte de López Mendoza a través de su cuenta de Twitter, e incluso tuiteó que el gobierno federal debe evitar que la PGJ de Michoacán manipule la autopsia e investigación de la muerte del edil michoacano.

Pero además, “el fin de semana pasado, López Anaya renunció al Partido del Trabajo (PT) y se sumó a las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)” según la nota de Milenio.

En una reunión con senadores el viernes, el Secretario de Gobernación Osorio Chong denuncia el asesinato, pero se lava las manos y se suelta en una serie de incongruencias e insensibilidades dignas de un trastorno mental.

“No podemos ponerles cuerpos de seguridad a cada municipio, a cada presidente municipal”, dice, pero les reclama que ninguno de ellos “ha ofrecido datos para realizar trabajo en contra del crimen” y que “no pueden justificar la no participación en que están amenazados”. Textual, según otra nota del Milenio.

Este era el estado de mi post  en la versión anterior, del 23 de octubre de 2013:

¡Últimas noticias! Ha levantado su huelga de hambre el Dr. Ygnacio López Mendoza,  Presidente Municipal de Santa Ana Maya, después de 18 días de iniciada.

Parece que consiguió buenas cosas para fortalecer las finanzas y en general la autonomía de  los municipios del país. Los detalles aquí.

Enhorabuena y felicidades a Ygnacio, un ejemplo a seguir. El tipo de acciones que se necesitan para arrancarle por pedacitos el poder a las oligarquías.

Lo que sigue es el etado en que se hallaba este post antes de que terminara la huelga :

“Desde el 4 de octubre está en huelga de hambre el Dr. Ygnacio López Mendoza, a un lado del Senado mexicano, en una tienda de campaña en la Plaza Luis Pasteur, misma que está en la esquina que forman Reforma e Insurgentes, en el D.F..
El Dr. López Mendoza fue militante del PRD, y posteriormente del PT, partido con el que ganó la elección de 2011 por la Presidencia Municipal de Santa Ana Maya.
Con su acción, López Mendoza busca llevar a la luz pública las crecientes limitaciones, incluso parálisis, de los municipios en el ejercicio de su gobierno, en particular de los 2000 municipios del país con menos de 50,000 habitantes.

La Federación concentra el 80% de los recursos presupuestarios, 16% los estados y solo el 4% los municipios. La centralización del país sigue su curso. Por ejemplo; Los municipios se enfrentan a la imposición de mandos únicos de policía a nivel estatal o federal. Los estados presionan a los gobiernos municipales para ceder el cobro del impuesto predial y del agua a los propios estados o a empresas administradoras que se llevan parte del cobro. Casos sonados son el del Estado de México, durante el gobierno de  Peña), y el de Hidalgo, durante el gobierno de Osorio Chong. Eso nos muestra de que lado masca la iguana con los actuales gobernantes: privatizadores en los hechos. Los del PAN eran simples aficionados por comparación.

Ahora también el fenómeno se da en Michoacán, pese a la visita de solidaridad que hizo el gobernador de esa entidad al alcalde Ygnacio.
López Mendoza señala que la institución municipal ha dejado de ser garante del bienestar de los ciudadanos. Sólo se le permite recibir y conocer demandas y reclamos, pero no ser actor de la transformación social.
La demanda principal de la huelga de hambre es que los ejecutivos y legislativos estatales y federales atiendan las agendas de los gobiernos locales presentadas por las asociaciones de alcaldes del país por años y jamás incluidas en la agenda nacional.

Otras demandas son:
1. Apoyo para la conformación de gobiernos municipales profesionales, honestos, transparentes, ciudadanizados, capaces de incidir en el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social.
2. Aumento de su participación en el Fondo General de Participaciones
3. Participación en las decisiones de seguridad nacional y estatales, fiscales etc.
4. Reelección por un período del gobierno municipal
5. Simplificación de reglas de operación de programas federales relacionados
Esta agenda está consensada por la FENAMM (presidentes municipales del PRI), ANAC (PAN) y AALMAC (PRD, MC, PT)
El Dr. López Mendoza, que es médico, tiene una reputación intachable de gente cercana al pueblo.  En las noches, hasta antes de su huelga de hambre en el D.F., el seguía dando consultas a sus pacientes, mientras que en las mañanas realizaba sus tareas como presidente municipal.

Ygnacio ha dicho que hará la huelga hasta sus últimas consecuencias y en un escrito dirigido a Peña, le dice que pone su vida en sus manos.

Creo que requiere de amplísima ayuda con toda la presión social que podamos ejercer sobre nuestros “gobernantes”

Fuentes: conversación con Ygnacio López Mendoza, sus asistentes y materiales entregados por los mismos, como volantes y la carta a Peña Nieto

Las últimas novedades, al 16 de octubre, son que ya hay algunas propuestas de parte de la SEDATU para los municipios, pero Ygnacio seguirá en huelga hasta que no se asienten compromisos por escrito. Hoy platiqué con él. Se mantiene en buena salud, aunque delgado y débil, después de 12 días de huelga.”

Llamado a la base trabajadora de Petróleos Mexicanos

Trabajadores de Petróleos Mexicanos

Me dirijo a Ustedes, como trabajador de Pemex despedido por defender la industria petrolera nacional,  para manifestarles mi más profunda preocupación por el destino que pretende dar el Gobierno Federal a Petróleos Mexicanos y hacer un llamado a la reflexión y a la acción en defensa de nuestra querida empresa.

La iniciativa de reforma energética y el paquete económico 2014 presentados por el Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo entrañan la práctica desaparición de la empresa en poco tiempo. La reforma propuesta del artículo 28 constitucional elimina de entre las áreas estratégicas de la economía mexicana, a la extracción y procesamiento del petróleo,  nuestro preciado recurso natural nacional, y quita al gobierno mexicano la responsabilidad de operar en forma exclusiva estas áreas.  El Paquete Económico 2014 quita a Pemex gran parte de la contratación de actividades extractivas (pues esta recaerá en SENER),  la comercialización (recaerá en un ente externo a la empresa) y gran parte de los movimientos de tesorería (en un fideicomiso controlado por la SHCP).

El efecto combinado de ambas reformas, el trato de privilegio que se da a las empresas privadas cuando entran en competencia con los organismos paraestatales y el discurso de que las refinerías no son rentables, hacen prever la pronta desaparición de la refinación nacional, como ya ha sido el caso de la petroquímica como el de los ferrocarriles, donde ni siquiera los privados tienen actividad sustancial. Finalmente, quedará Pemex Exploración y Producción manteniendo su actividad en tanto el balance fiscal del gobierno lo requiera, pero transfiriendo continuamente “valor”, es decir, riqueza, a la iniciativa privada, haciendo trabajo para que la IP cobre. Esto implicará decenas de miles de despidos en la industria, por cierto ya avalados por el convenio 10717/2013 entre el sindicato y la empresa y que el respeto a  los derechos laborales se reducirá, si acaso, a otorgar liquidaciones de ley. Solo esto debiera ser suficiente para impedir el avance de estas reformas.

Sin embargo, nuestra reflexión debe ir  más allá, pues el trabajador petrolero y sus líderes tenemos una altísima responsabilidad ante la nación. Pemex es el primer contribuyente fiscal del país y carga por esta vía con el financiamiento de un tercio de la educación, la salud y los programas sociales de nuestro país, entre muchas otras cosas. Permitir  el desmantelamiento de Pemex en beneficio de las grandes empresas privadas del mundo significa la acelerada reducción del financiamiento del estado social mexicano. Significa, en fin, el empobrecimiento adicional, en forma brutal, de los mexicanos, la creciente dependencia del exterior y la pérdida de la poca soberanía nacional que aún nos queda como país.

Debemos reconocer, además, que los buenos salarios que percibimos los petroleros, no sólo se deben a la alta productividad a la vez que al alto riesgo industrial de una industria como ésta, sino también a la valiente decisión del Pueblo mexicano en 1938 de apoyar la nacionalización de la industria petrolera mexicana. Esto constituye otra razón para actuar en agradecimiento con la nación. Hay muchas razones por las cuales el trabajador petrolero tiene, y debe actuar de acuerdo a, un compromiso moral con el pueblo de México

Hago este llamado convencido de que los trabajadores petroleros, desde el manual hasta el ingeniero, tienen el conocimiento y la capacidad de organización para defender una industria petrolera cien por ciento nacional, como lo es hoy en día, y para contribuir a transparentarla desde adentro,  en un esfuerzo como ya se hizo en 1938.

Alguno dirá, como es que un despedido hace este llamado, y como podré yo hacer caso, si en consecuencia me van a despedir a mi también. Yo les digo: si se organizan no los pueden despedir a todos, pero si no hacen nada, todos lo serán, poco a poco. Sopesen los argumentos dados antes, riesgos y su responsabilidad personal.

Es indispensable reconstruir a Pemex y a México mismo sobre una base de solidaridad y los petroleros debiéramos salir por delante con el ejemplo.

Alejandro Corona Bahre

Llamado de la UNTyPP a la unidad en la acción contra la reforma energética

UNION NACIONAL DE TECNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS

(UNTyPP)

Registro STPS: 5878

AL PUEBLO DE MEXICO

A LOS SINDICATOS, EDUCATIVOS, INDUSTRIALES Y SIMILARES

A LAS ORGANIZACIONES CIVILES

A LAS AMAS DE CASA

A LOS ESTUDIANTES

A LOS NO ORGANIZADOS

A LOS INTELECTUALES

A LOS LUCHADORES SOCIALES

 

“Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa ¡oh Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio”.

Ante la inminente aprobación de las contra-reformas de nuestra Carta Magna por los vende-patrias enquistados en las Cámaras de Diputados y de Senadores, afines a la privatización de la educación y de nuestra industria petrolera y eléctrica, así como la desaparición histórica de derechos laborales y sociales consagradas en la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos conquistados a sangre y fuego en la Revolución Mexicana y durante la Expropiación Petrolera,  tenemos derecho a manifestarnos y defender, lo que nuestros padres, abuelos y bisabuelos aportaron, tanto dinero como sus pertenencias, para expropiar nuestro petróleo a los extranjeros. Ciudadanos mexicanos, llegó nuevamente el momento de defender nuestro patrimonio y,

DADAS LA CIRCUNSTANCIAS QUE ESTAMOS VIVIENDO, CONVOCAMOS A LA UNIDAD EN LAS ACCIONES CONTRA LAS REFORMAS A NUESTRA CONSTITUCION

La UNTyPP (Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros) es una organización sindical independiente de profesionistas activos de Petróleos Mexicanos reprimidos por el Estado Mexicano corrupto, por organizarnos como Técnicos y Profesionistas Petroleros y defender nuestra industria, por lo que, a pesar de haber logrado en el 2009 el registro sindical No. 5878 y su correspondiente Toma de Nota ante la STPS, han expulsado a más de 50 de nuestros directivos y militantes nacionales –sin goce de salarios y servicios médicos- de Petróleos Mexicanos.

A últimas fechas, a raíz de estar participando en las manifestaciones contra la privatización de las plantas Petroquímicas de Pajaritos, Ver., conjuntamente con los trabajadores de base del STPRM y pobladores de la región sur de Veracruz, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto a través del Director de Pemex Emilio Lozoya Austin y el Director Corporativo de Administración de Pemex, nos han querido chantajear ofreciéndonos algunas reinstalaciones de nuestros despedidos a cambio de mantenernos ajenos al proceso de privatización petrolera, que se promueve so pretexto de modernización y falta de recursos. Conscientes de que las medidas privatizadoras, por desclasificar a Pemex como industria estratégica nacional y atentar contra la soberanía nacional, ponen en riesgo el futuro de nuestro país y, consecuentes con nuestra Declaración de Principios, manifestamos nuestro repudio al juego de intereses y al sistema de represión laboral y sindical que prevalece en el interior de Pemex. Asimismo, declaramos que “preferimos mil veces seguir despedidos que aceptar una traición a la patria” y ratificamos que con la facultad que nos otorga la Ley, interpondremos un Amparo Constitucional contra dicha iniciativa, por lo que los convocamos de inmediato a la UNIDAD de causas frente al neoliberalismo.

Por lo antes expuesto, llamamos al apoyo inmediato a la lucha magisterial de la CNTE, a la defensa de Pemex, a la defensa de la generación de Energía Eléctrica, al rechazo al incremento de impuesto a medicinas y alimentos, a levantar la cuasi-exención de impuestos al gran empresariado y a repudiar la contra-reforma de nuestra ley laboral.

¡¡POR UNA INDUSTRIA PETROLERA INTEGRADA Y NACIONAL AL SERVICIO DE LA PATRIA!!

México, D.F. a 28 de agosto del 2013

Atentamente,

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

http://www.untypp.org.mx                  @untypp                   untypp@gmail.com
FB: UNTyPP

¿Dijo Lázaro Cárdenas lo que dijo Peña Nieto que dijo?

Hola,

para efectos de mi trabajo, el día en que se publicó la infausta iniciativa de Peña Nieto ,12 de agosto de 2013, hice un análisis de reformas constitucionales y leyes secundarias de la época, determinando que Peña y su equipo hablaban, como suele ser entre políticos, a medias verdades para armar una tomada de pelo completa. Pero no puse por escrito lo revisado, sino hice un breve reporte para otros fines.

Sin embargo, analistas más responsables que un servidor hicieron lo propio y publicaron sendos artículos que desmontan la escenografía del Sr. Peña. Asimismo, Cuauhtemoc Cárdenas, seguramente enterado de por donde venía el golpe, había publicado apenas unos días antes un artículo con una carta de su padre a Jesus Reyes Heroles, el viejo, el de los tamaños.

Esos tres artículos me parece que dan una imagen completa del tamaño del engaño mediático que se quiso hacer con la figura del presidente Cárdenas. Hay que decir que el PRI ya no ha insistido en esa parte de su fraude al pueblo, pero conviene dejar concentrados en un solo lugar estos documentos. Aprovecho para agradecer a Alfonso Díaz Reyes, que me hizo llegar dos de ellos.

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INSULTO PALABRA POR PALABRA

13 agosto, 2013 · de observatoriodehistoria

por Halina Gutiérrez Mariscal, Luis Fernando Granados y Fernando Pérez Montesinos *

Que quieran privatizar la industria de los hidrocarburos es una cosa. Hace tiempo que es evidente para quien quiera ver y escuchar las palabras de los ideólogos del régimen que reforma es un eufemismo para decir “privatización”. Pero que mientan para convencernos de su propósito es un asunto enteramente distinto, pues la mentira es un insulto a nuestra inteligencia. Un insulto. Quizá lo único bueno es que la mentira también ha revelado una vez más la insuficiencia del argumento privatizador y hace manifiesta una actitud culposa por parte de sus abogados.

Ayer, a la hora de presentar su “reforma energética”, Enrique Peña Nieto mintió con todos los dientes. No es que haya dicho una verdad a medias o que haya interpretado los hechos según su interés político. No. Simple y sencillamente intentó engañarnos. Al menos respecto de un punto que él mismo considera importante. Para curarse en salud de la acusación de ser contrario al espíritu cardenista, en su discurso dijo que su propuesta de reforma constitucional “retoma palabra por palabra el artículo 27 del general Lázaro Cárdenas” (aquí está el discurso completo). Esto es falso. Falso de toda falsedad. Porque no existe tal cosa como el artículo 27 “de” Lázaro Cárdenas. Y porque en ningún momento en la segunda mitad de los años treinta la constitución contempló el tipo de contratos que Enrique Peña Nieto acaba de proponer.

Entre 1934 y 1940, el artículo 27 de la constitución fue reformado una sola vez: al año siguiente de la expropiación petrolera (al menos de acuerdo con este estudio de  la Cámara de Diputados). Obviamente, esa reforma es la única con la que podría relacionarse la afirmación de Peña Nieto. Ocurre, sin embargo, que la reforma de noviembre de 1939 —que no obstante entró en vigor apenas en noviembre de 1940— sólo se propuso suprimir el régimen de concesiones, hasta entonces el mecanismo preferido para regular la relación entre la ley y el orden económico existente (aquélla afirmando que todos los recursos naturales son propiedad de la nación, éste impulsando la commodification de las relaciones sociales). Ni la iniciativa de Cárdenas ni el texto constitucional reformado hablan de contratos (aquí el texto de la iniciativa y aquí el decreto). Ni una palabra. Al contrario, lo que entonces se estableció es que

Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos.

Con todo, Enrique Peña Nieto no es un mitómano vulgar. Su mentira no es mera fabulación, sino alteración interesada de los hechos. Empíricamente, consiste en “elevar a rango constitucional” una de las disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27, aprobada por el congreso en noviembre de 1940, semanas antes de que Cárdenas dejara la presidencia. En efecto, el artículo 7 de esa ley contempló la posibilidad de

[…] establecer contratos con los particulares, a fin que estos lleven a cabo, por cuenta del gobierno federal, los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que se obtengan [aquí está el documento].

Como el viraje antiestatista de la ley se corresponde con la extraña manera en que Cárdenas terminó su mandato —cediendo a la presión de la derecha dentro y fuera del gobierno para garantizar la continuidad del régimen—, simbólicamente el engaño se basa en suponer que la política cardenista fue siempre la misma y que fue además de una coherencia absoluta; como si Peña Nieto sólo fuera capaz de percibir al señor cuyo retrato aparecía en los billetes de 10 mil pesos.

Con todo, en la invocación fraudulenta del Cárdenas del 18 de marzo cabe ver una suerte de derrota cultural de quienes, como Peña Nieto, llevan años insistiendo en que el único modo de solucionar la crisis de la industria petrolera es abrirla al mercado (lo mismo da si mucho o poquito). Porque, por supuesto, la premisa del engaño, el elemento que la hace posible, es una convicción social, recogida incluso por las encuestas de opinión, acerca del sentido de la expropiación petrolera y la creación de Pemex, que hasta ahora parece no haber sido afectada por la propaganda gubernamental. En ese sentido, la mentira clara y distinta de Peña Nieto no es más que una nueva evidencia de que el petróleo es de todos no por obra y gracia de un general michoacano sino por la voluntad de millones de personas —millones que ayer fuimos insultadas por el presidente de la república.

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¿PALABRA POR PALABRA?

19 agosto, 2013 · de observatoriodehistoria · ·

por Bernardo Ibarrola *

“Lo que busca la reforma energética es que el artículo 27 de la constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra”, dice la propaganda gubernamental actual. Si esto fuera cierto, al ejecutivo federal le bastaría con enviar una propuesta para que el actual artículo 27 constitucional volviera a decir, palabra por palabra, lo que decía tras la reforma de 1940, cosa que sería, a ojos vistas, una completa insensatez.

Contundente apoyo ciudadano a la reforma de 1938. ¿Podría el actual

gobierno ufanarse de tal apoyo a su propuesta de reforma?

Lo que en realidad están haciendo los publicistas de la presidencia es usar una maña elemental, vieja como la escritura de la historia: encontrar en algún documento del pasado la frase que les conviene para los proyectos del presente y utilizarla como slogan. Descontextualizan y anacronizan, lo que pone en evidencia su ignorancia o su mala voluntad, o ambas cosas.

La “Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo”, publicada en el Diario Oficial el 9 de noviembre de 1940 —cuya liga está cada vez más escondida en el sitio de presidencia— establece que

Los contratos de que hablan los artículos anteriores, solo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador.

¿El actual proyecto de presidencia también pretende recuperar esta parte de la ley cardenista? Si es así, entonces ningún particular extranjero ni ninguna sociedad mexicana que cotice en alguna bolsa —para cotizar en bolsa hay que emitir acciones— podrá participar en la industria petrolera. Fuera del nuevo negocio quedarían Exxon, Shell, Total y la Tabasco Oil Company, recién adquirida por Carlos Slim a través del grupo Carso, que participa en la bolsa desde hace mucho tiempo. ¿Palabra por palabra o sólo las palabras que les convienen?

Un simple vistazo a los documentos básicos del asunto petrolero en tiempos de Cárdenas nos sugiere —si se leen con atención y algo de honestidad— que hace 75 años la verdadera disyuntiva era entre intereses privados e intereses públicos. Dijo el presidente Cárdenas en su “Manifiesto a la nación” el 18 de marzo de 1938:

Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.

Riqueza potencial de la Nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria petrolera en México.

Examinemos la obra social de las empresas: ¿en cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?

¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y alguna vez ilegales?

Unos meses más tarde, en la “Exposición de motivos” de la iniciativa de ley para modificar el artículo 27, Cárdenas explicaba con menos apasionamiento y más precisión

Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales, cuya tutela procurará el Gobierno con todo empeño y energía.

Eso dijo Lázaro Cárdenas: en lo que respecta a la industria petrolera, los intereses privados llegan a ser distintos o antagónicos a los intereses generales, y no se ve motivo para que “continúen formándose y vigorizándose”. Eso dijo. Palabra por palabra, como se puede ver en el sitio de la Presidencia de la República.

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El primer artículo hace mención del viraje a la derecha de Cárdenas en el último momento de su gobierno. También se alega por Peñistas que su apoyo a cierto tipo de ayuda extranjera (acotada como ya vimos, de  una manera que EPN no hace) fue por razones prácticas. Sin embargo, esa “ayuda” sería en realidad un robo, como describe el propio Lázaro en la carta que a continuación presenta Cuauhtemoc y la reacción de Lázaro ante esto y las medidas tomadas por Ruiz Cortines y otros siguió siendo de un nacionalismo que se perdió con la llegada de los egresados de Harvard y Yale al poder y que ahora Peña pretendió burdamente a la vez escamotear y secuestrar.

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Lázaro Cárdenas y la reforma energética
Cuauhtémoc Cárdenas

Estamos a unos días, por no decir a unas horas, de que se anuncie la propuesta del gobierno de la República sobre las reformas en materia energética. En los últimos días, desde el lado oficial se han multiplicado las expresiones que la reforma, que ya pronto se dará a conocer, se corresponde con los cambios introducidos en la legislación petrolera a raíz de la expropiación, esto es, en los últimos meses de la administración de Lázaro Cárdenas en 1940.

El pensamiento y las posiciones de Lázaro Cárdenas en materia de política petrolera, como en otros temas que tuvo siempre presentes (la reforma agraria, la libertad de los presos políticos, la defensa de la soberanía y la autodeterminación, y la paz) no fueron estáticos de diciembre de 1940, en que concluyó su gobierno, hasta el 19 de octubre de 1970, día en que falleció. Así, cuando consideraba que debía hacer manifestación pública sobre alguna cuestión, de acuerdo o en desacuerdo con la administración en turno, siempre lo hizo, y no recuerdo que en relación a los cambios en las políticas petroleras que se efectuaron en los 30 años que vivió como ex presidente, se haya expresado contrario a cualquiera de ellas.

Quisiera, en relación con estas ideas, transcribir lo esencial del contenido de una carta que Lázaro Cárdenas dirigiera a Jesús Reyes Heroles, fechada el 30 de marzo de 1968 ( Epistolario de Lázaro Cárdenas. Siglo XXI Editores. 1974. Páginas 91 a 93), que dice:

“Me considero impulsado a expresar a usted mi solidaridad ante las explicables, aunque injustificadas críticas que representativos del sector empresarial han publicado en relación a su importante informe del 18 de los corrientes, y en particular sobre las tesis por usted sustentadas respecto a los tradicionales inconformes con las crecientes actividades económicas de los estados republicanos modernos (…)

“A la vez, expreso a usted mi firme simpatía personal por la conceptuosa y firme defensa que hizo en su informe de las atribuciones públicas del gobierno revolucionario, en relación a las responsabilidades del sector privado empresarial.

“La interdependencia de las relaciones sociales explica que es sólo un espejismo creer en la existencia autónoma de los capitalistas privados, que no son los únicos inventores de la ciencia y la técnica contemporáneas. Además, dadas las tendencias acumulativas de los grandes capitales privados y sus correlaciones con los monopolios internacionales, está en su origen y esencia acaparar y explotar riquezas naturales de los territorios ajenos, sobre todo de los recursos no renovables, agotándolas a la par que la fuerza humana de trabajo, logrando con ello cuantiosas utilidades. Más aún, al amparo de concesiones y privilegios, se forman estatutos de excepción extraterritorial violatorios de la soberanía. Es del dominio público que los consorcios petroleros han ejercido incentivos y presiones para desviar a la industria nacionalizada de sus objetivos iniciales e intrínsecos, al grado de que su economía ha sufrido la carga de compensaciones infladas, como las de la compañía El Águila, SA, que a su exagerada cuantía se agregó la del pago en moneda extranjera. No es inoportuno anotar que el espíritu nacionalista de la expropiación de 1938 y de la Reforma Constitucional de 9 de noviembre de 1940, no se respetaron plenamente: los contratos de exploración y explotación permitidos por la Ley Reglamentaria de 1941, se concedieron con participación en la producción del petróleo a empresas nacionales y extranjeras (afortunadamente ya se cancelaron los 18 contratos). El institucional reconocimiento de las concesiones confirmatorias facilitó indemnizaciones indebidamente autorizadas por la Ley Reglamentaria de 1958, mediante convenios privados sobre compensaciones a superficiarios, con la agravante circunstancia de que en las indemnizaciones se llegó a valorizar la potencialidad del subsuelo petrolífero, reivindicado por México desde la vigencia del artículo 27 constitucional.

“Muy certeras sus palabras del informe, de que ‘los hombres del gobierno son servidores y no negociantes. Deben convencerse que las tareas administrativas y la acción política se dirigen al servicio de la sociedad’ y de que ‘no dejemos por descuido, apetito o complicidad, que se transformen en utilidades individuales, que son utilidades de la nación’.

“Por lo anterior aplaudo tanto al criterio presidencial, que ‘señaló la conveniencia de sustituir la rentabilidad máxima de cada empresa, por la noción de la mayor eficacia global de las inversiones con fines sociales’, como a sus conceptos sobre que ‘la orientación fundamental de nuestra economía mixta consiste en el desarrollo por y para la independencia nacional, el bienestar social, las libertades espirituales y el perfeccionamiento democrático’ y de que se deben ‘de determinar las grandes directivas acordes con los fines perseguidos y lograr que los sectores público, social y privado de México actúen de conformidad con ellas’, dejando el sector privado de despilfarrar sus utilidades, eludir impuestos, evadir la legislación social, presionar la unidad laboral con sindicatos blancos y sin operar como mandaderos del capital extranjero.

“Esta advertencia de usted recoge el sentir general ante la creciente competencia del capital inversionista extranjero, que está minando nuestra autonomía económica al obtener máximos beneficios. Es tan peligrosa esta situación que los extranjeros ya se han apoderado del 60 por ciento de la industria de transformación desplazando a empresarios mexicanos y ocasionando que el comercio de exportación sufra las arbitrarias bajas de precios, en cambio de las alzas de los valores de importación.

Estoy seguro que seguirá usted con integridad doctrinaria y dinámica infatigable los postulados de la nacionalización de la industria petrolera mexicana, y que continuará superándola, mediante las reformas legales y administrativas conducentes, ya que esta industria no es únicamente factor básico del desarrollo de la industria nacional, sino de la autonomía económica y política del país (…).

En fin, creo que resulta oportuno reflexionar sobre lo que expresara Lázaro Cárdenas 30 años después de la expropiación.

Subrayado de C. Cárdenas

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