Devastación ambiental en el Estado de Hidalgo y otros

 Les comparto este dictamen preliminar a 24 casos, hecho por cuenta de los que abajo se señalan, a nombre del 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

CAPÍTULO MEXICO

 

Post-Audiencia

“Devastación ambiental y resistencia popular en el centro de México”

 

 

Tula, Hidalgo, 10 y 11 de octubre de 2014

Comité Dictaminador:

 

Dalia Ortiz Zamora

Juanita Ochoa Chi

Natalia Pérez Cordero

Alejandro Corona Bahre

 

  

Presentación.

La Post-Audiencia “Devastación ambiental y resistencia popular en el centro de México”, realizada en la ciudad de Tula, Hidalgo, durante los días 10 y 11 de octubre de 2014, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, “Libre comercio, violencia estructural, impunidad y derecho de los pueblos”, busca darle continuidad a los trabajos de la audiencia de “Devastación ambiental y derechos de los pueblos”, presentada en la Ciudad de México los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013.

El dictamen final de esa audiencia constató el desamparo institucional, la simulación y la impunidad del Estado mexicano frente a la devastación ambiental, que ha permitido la configuración de una estructura de impunidad que limita y somete al medioambiente y a las víctimas de estas agresiones en su reclamo de justicia, reparación integral del daño y la aplicación del principio precautorio para evitar los riesgos ambientales en el país.

Este dictamen condenó al Estado mexicano por la violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo sustentable de sus habitantes. En síntesis, se condenó enérgicamente al Estado mexicano por la desviación de poder a favor de las empresas nacionales y transnacionales, que ha provocado la devastación ambiental del país, calificando sus acciones como crímenes de lesa humanidad en contra de los pueblos definidos en el estatuto de Roma, ratificado por México, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población mexicana. Entre otras cosas, esta desviación de poder se ha caracterizado por un doble discurso de defensa de los derechos humanos y dictado simultáneo de leyes que los vulneran, de las cuales la reforma energética es solo el más reciente y masivo ejemplo.

Esta post-audiencia aquí celebrada, a la que preceden 14 preaudiencias, corrobora este dictamen, y lo amplia documentando casos y testimonios paradigmáticos de destrucción ambiental de una región en la que se emplazan importantes instalaciones industriales en el país, que cubre los estados de Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz. Ello queda manifiesto en las doce violaciones a derechos humanos que se presentan más adelante como parte de este dictamen.

La audiencia general introductoria realizada en Ciudad Juárez, en mayo del 2012, ha reconstruido el contexto integro de los impactos de las políticas neoliberales sobre los derechos de las y los mexicanos, simbolizadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que se traducen en una violación masiva y sistemática de los derechos a través de la desviación del poder.

Al marco del TLC se debe agregar el Plan Puebla-Panamá gestionado por el gobierno de Fox con los Estados Unidos para el fomento de megaproyectos y la infraestructura que éstos requieren, en parte de la zona geográfica aquí discutida, y el Plan Mérida gestionado por el gobierno de Calderón con el vecino país para profundizar la militarización de México. Este último ha fortalecido las posibilidades de una represión masiva a la población mexicana que se inconforme con estas situaciones, además de que ha contribuido a incrementar en diversos casos la violencia y con ello, a despoblar algunas regiones del país a fin de crear condiciones propicias para el extractivismo, dado el papel de proveedor de minerales e hidrocarburos que la globalización dirigida desde Estados Unidos le ha asignado a México, todo ello con el pretexto del combate al narcotráfico, a su vez también fomentado en muchos casos desde los niveles de gobierno.

En últimas fechas, se añado al marco del proyecto neoliberal globalizador en México la contrarreforma energética, que entregará en un futuro cercano ya no solo una proyectada mayor parte de los hidrocarburos de México, sino una parte creciente de las utilidades directas de la actividad petrolera a transnacionales y economías extranjeras y con ello, el sometimiento total de la economía, el patrimonio nacional y el trabajo de los mexicanos a los intereses de Estados Unidos y otras potencias.

Procedimiento.

Los miembros de este comité hemos tenido la oportunidad de escuchar casos que denuncian y evidencian con pruebas y testimonios las problemáticas socioambientales de sus regiones. Tras las exposiciones, el comité ha recibido además informes escritos, algunos muy detallados, documentos oficiales, fotografías y vídeos que avalan su noble y sencilla palabra.

Los miembros que conformamos el jurado dictaminador somos:

• Dalia Ortiz Zamora. Geóloga por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra en ingeniería ambiental y doctora en ciencias. Profesora de la facultad de ingeniería.
• Juanita Ochoa Chi. Economista por la Facultad de la UNAM, maestra en sociología y doctora en ciencias políticas. Profesora e investigadora de la UACM.
• Natalia Pérez Cordero. Licenciada por la Facultad de derecho de la UNAM. Abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
• Alejandro Corona Bahre. Licenciado por el Departamento de Economía de la UIA, con estudios de maestría en administración de la tecnología por la UNAM y militante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

 

 Introducción.

Los pueblos y comunidades de la región centro de México, que forman parte de diversas agrupaciones, colectivos sociales y comunidades campesinas e indígenas, han presentado ante este comité dictaminador una visión amplia de las problemáticas ambientales que afectan a la región, que han generado una devastación natural, económica, social y cultural sin precedentes, producto de la industrialización y de la urbanización salvaje, agravadas desde los ochenta por la globalización dictada desde Estados Unidos, que ha reasignado a México un papel fundamentalmente extractivista y solo localizadamente agrícola e industrial.

Este comité dictaminador reconoce el esfuerzo realizado por los 24 colectivos y comunidades que han tenido el valor y la entereza de presentar sus casos y testimonios en esta post-audiencia. Sabemos que su presencia aquí ha implicado un gran esfuerzo que será imitado, reconocido y recompensado por las generaciones presentes y futuras que habitan nuestros valiosos y generosos territorios.

Con gran respeto hacemos un reconocimiento a Caminando por la Justicia A. C. y Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina; Lino García Terán y Jesús Cornejo Caballero  representantes de Tezontepec de Aldama; Argelia Velázquez León representada por Irma León Tovar, afectadas por el basurero de Tula; los pueblos de Xochitlán de las Flores, San Andrés Tultepec y Nantza representados por Roberto Beltrón; el ejido Nopala de Villagrán representado por su comisario ejidal Lucas Fuentes Bravo; el pueblo Hñahñu del municipio de Santiago de Anaya; Frente de comunidades en contra de la incineración de residuos sólidos urbano e industriales, representado por Enrique Ramírez López; Yuri Uribe Montero representando a 14 comunidades de Tula de Allende y Tepetitlán afectadas por la presa Endhó; David Hernández Uribe representante de la comunidad de Juchitlán Bathi, municipio de Chapantongo y otras 15 comunidades aledañas; Felipe Jiménez Sánchez del Sindicato Mexicano de Electricistas; las comunidades de Segunda del Llano, Primera del Llano, Iturbide, y otras doce comunidades del Estado de Hidalgo; La Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo AC, la Red Unidos por los Derechos Humanos y Comunidades de la región del Totonacapan y la Alianza Mexicana contra el Fracking, representadas por Alejandra Jiménez; Gonzalo Rodríguez Cano  representante de Asociación de Productores Ecologistas Tatexco A. C. (Apetac); Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía; la comunidad de Santiago Tlacotepec a través de su Comité ciudadano; comunidad Hñahñu de San Idelfonso y su representante César Cruz Benítez; EcoTuzuapan representando a las comunidades de Palmar de Bravo, Puebla; Chogosteros en Accion de la comunidad de Jaltipan; los testimonios de ejido de San Marcos, Zumpango, Estado de México, Izúcar de Matamoros, Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Estos colectivos en su conjunto nos han dado una panorámica trágicamente ejemplar de la devastación ambiental en el país. Han testimoniado y documentado casos dramáticos de afectaciones al medio ambiente, la salud y la cultura de sus poblaciones generados por: los parques industriales de Tula, Atitalaquia (Hidalgo) y el de Jilotepec (Estado de México); los corredores industriales de Salamanca (el denominado Manchester mexicano) y Cuautitlán-Tepeji del Río-San Juan del Río (uno de los más contaminados del mundo, pues concentra 115 empresas que generan cientos de miles de contaminantes provenientes de la petroquímica, termoeléctricas, cementeras y sus respectivas incineradoras); los despojos e impactos ambientales en el agua, aire y tierras de cultivo y afectaciones a la salud de las poblaciones generados por las cementeras Holcim Apasco, Cruz Azul, Cemex, Fortaleza Santa Anita y Lafarge, que han generado una crisis de escasez y contaminación del agua inédita en la región; los efectos ambientales generados por las actividades de Petróleos Mexicanos y sus contratistas, en particular las refinerías ubicadas en Hidalgo y Salamanca, las petroquímicas, así como los derrames por explotación de pozos y aplicación de nuevas tecnologías para extracción de gas (fracking), en Veracruz, cuyos efectos todos se han traducido en la muerte de especies de flora y fauna y afectaciones de la salud de miles de personas; el despojo desencadenado por la explotación de minerales metálicos y no metálicos y la destrucción del ambiente y la salud de las comunidades que siempre se acompaña de una violencia, persecución, criminalización  y asesinatos de sus opositores; la destrucción ambiental y comunitaria a través de múltiples modalidades de acumulación de desechos provenientes de diversas fuentes, como los derrames de la industria del petróleo, las letrinas de líquidos residuales del fracking, los lodos tóxicos provenientes de las refinerías depositados en socavones de las comunidades de Salamanca y Atotonilco, la incineración de residuos tóxicos industriales y hospitalarios por parte de las cementeras, la acumulación de residuos urbanos y tóxicos de todo tipo en el tiradero a cielo abierto de Tula y el despojo de tierras desencadenado por la construcción del tren rápido México-Querétaro y las carreteras construidas y proyectadas en la región, destruyendo ambiente y zonas arqueológicas detectadas por las propias comunidades (a través del engaño, estafa, anulación de derechos indígenas, marginación extrema y reubicación de comunidades, así como de la criminalización de su protesta); y agresiones a los derechos laborales con el fin de facilitar la privatización de los recursos energéticos del país, referido por los electricistas del SME del estado de Hidalgo. Mención aparte requiere el complejo caso de la presa Endhó, construida en los años cincuenta sin el consentimiento de las comunidades, desplazadas a zonas sin agua, y alimentada desde los años setenta con los residuos orgánicos e industriales acarreados via aguas negras desde la Ciudad de México y el corredor industrial Cuautitlán-Tepeji-San Juan del Río, considerada como la presa más contaminada de América Latina, que afecta un área de 1,260 hectáreas y a 800 familias, las cuales reportan altos grados de mortalidad y casos de mutación genética, cáncer, hepatitis, afectaciones a la piel, enfermedades degenerativas, corroboradas por estudios que se han hecho en la región;

En el ejercicio pleno de nuestras competencias y como parte de una colectividad dispuesta a defender sus fuentes de vida y felicidad, este comité se dio a la tarea de conocer, analizar y ponderar los casos, testimonios y evidencias presentados, a fin de dar cuenta del carácter estructural y permanente de las múltiples afectaciones perpetradas por el Estado y las empresas, que dan cuenta de una violación sistemática y dolosa de los derechos fundamentales a la vida y la salud y a un ambiente sano, derechos territoriales, consulta y consentimiento libre e informado, en la región centro de México y otros estados.

En el marco de los tratados internacionales y en particular del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la defensa de nuestro territorio ejemplificada en los 24 casos presentados son un ejemplo de valentía y determinación dignos de ser reconocidos y animados, por lo que suscribimos la consistencia de sus argumentos, la solidez de las evidencias, y denunciamos con ellas una inobjetable responsabilidad de las diferentes instancias del estado mexicano, empresas y corporaciones nacionales e internacionales, que a lo largo de décadas imponen el deterioro y destrucción de sus espacios de vida.

Agravios comunes y particulares.

 

1. Empresa “ATC, Inmobiliaria S.A. de C.V.”

Es una fabricante maquiladora e importadora de plaguicidas ubicada en el parque industrial del municipio de Atitalaquia.

Los demandantes son Caminando por la Justicia AC y Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, representados por Hugo Mendoza Vargas, a nombre de vecinos del parque industrial.

La principal afectación es el incendio de la planta verificado el 7 de abril de 2013 donde ardieron agroquímicos para elaborar los pesticidas. Se desconoce la cantidad y tipo preciso de tóxicos que se incendieron. En reuniones, las autoridades quedaron de clausurar esta empresa, pero no ha sido clausurada y sigue trabajando. No hubo reparación por parte de la misma.

Si bien ATC cerró, se sospecha que el laboratorio incendiado fue reconstruido en una empresa vecina del mismo dueño, cuya razón social se desconoce.

Entre las afectaciones, están un cuadro de intoxicación que llevaron a desmayos y diarreas entre otros efectos, El incendio ocurrió muy cerca de la ubicación de empresas de alimentos como Bimbo, Zigma Alimentos (Fud) y Cargill, entre otras.

El número de afectados fue de 7,000 moradores de los municipios de Atitalaquia y Atotonilco.

Los tóxicos despedidos por el incendio tienen efectos cancerígenos a través de la contaminación del agua y aire.

Las demandas más importantes a las autoridades fueron el cierre, responsabilización y pago de indemnizaciones de la empresa,  la creación de un fideicomiso para problemas de salud, la construcción de un atlas de riesgo, un hospital de especialidad de oncología, estudios del agua y medio ambientales, la constitución de una comisión ciudadana en auditoria y seguridad, el impulso de una agricultura y ganadería libre de tóxicos y la instalación de potabilizadoras, la gran mayoría de las cuales no fueron atendidas.

1. Caso Tezontepec

Tezontepec de Aldama es un municipio del Estado de Hidalgo

El demandante es el municipio citado, representado por Lino García Terán y Jesús Cornejo Caballero.

Las afectaciones por contaminación de agua, tierra y aire que se describen son masivas y resultan de la actividad de las cementeras Tolteca (ahora Cemex) y Cruz Azul, la planta termoeléctrica Francisco Pérez Rios, la refinería Miguel Hidalgo, empresas textiles, así como los parques industriales de Tula, Tepeji del Río y Atitalaquia, el agua de riego que viene desde la Presa Endhó, que como se ha mencionado antes contiene innumerables sustancias tóxicas, los agrotóxicos que se emplean en el campo y la explosión de ATC mencionada en el caso anterior. Se añaden las fumigaciones que llevan a cabo los agricultores sin protección alguna.

Aunque el demandante se concentra en el caso de Tezontepec, señala que el número de afectados es muy grande, ya que comprende 17 municipios de la región Tula Tepeji Valles del Mezquital, en el Estado de Hidalgo, que poseen una población de 625,000 habitantes.

Los efectos sobre la salud son muy amplios: respiratorios, cardiovasculares, crónico-degenerativos, destacadamente el cáncer, así como los espantosos casos de insensibilidad congénita, de consecuencias frecuentemente mortales. En el municipio de Tezontepec hay 50 muertes de cáncer al año, con variedad creciente de tipos de esta enfermedad.

Las demandas incluyen la construcción de un hospital de oncología,  recursos para las campañas de prevención y manejo de sustancias agroquímicas, vigilancia de las emisiones industriales en la zona, programas emergentes para afectados en salud y que las multas a empresas se destinen a la población y no a la Secretaria de Hacienda federal, entre otras.

1. Caso Basurero Tula

Este caso es el de una parcela que una particular que rentó a 4 municipios, que son Tula de Allende, Atotonilco, Tlaxcoapan y Atitalaquia, para un supuesto relleno sanitario con un contrato de una vigencia de 18 meses.

La demandante es Irma León Tovar, representada por su hija Argelia Velázquez León.

Las afectaciones son no solo de carácter agrario sobre los derechos de las demandantes que han promovido la rescisión del contrato de arrendamiento sin éxito, sino de carácter social, ya que el predio se usa no para relleno sanitario sino como basurero a cielo abierto, se depositan desechos industriales y hospitalarios cuando el basurero está previsto para desechos urbanos, sin verificación del tipo de residuos proveniente de diferentes empresas, como Pemex, y sin la infraestructura necesaria para evitar la contaminación de suelos, agua y aire.

El número de afectados es un número indeterminado de habitantes de la Cd. de Tula.

Las afectaciones a la Salud, como en los casos anteriores, son respiratorias y crónico-degerativas.

La demanda es que se les devuelva la propiedad previa remediación, para darle uso agrícola.

1. Caso Río Rosas

El río Rosas proviene del Estado de México. Los demandantes son los pueblos de Xochitlán de las Flores, San Andrés Tultepec y Nantza, representados por Roberto Beltrón. Son comunidades ribereñas del río.

La afectación es la contaminación del río por descargas industriales del parque industrial de Jilotepec. Los árboles frutales de las comunidades se han llenado de plagas y acaban por secarse. Esto ha provocado que producción frutícola disminuya y se afecte su economía en general. Además han desaparecido del río el acocil, que es un camarón de agua dulce y especies varias de peces.

El número de afectados es indeterminado.

Se reportan daños dermatológicos diversos.

Las demandas incluyen estudios ambientales, toxicológico y epidemiológicos independientes, un estricto control de desechos tóxicos del parque industrial de Jilotepec y que se castigue a los responsables de la devastación del río Rosas, la reparación del daño integral y viable a las comunidades afectadas, así como la garantía de que no se traspasen los daños a otras comunidades.

1. Caso Tren México Querétaro, Nopala

Este caso aborda la construcción del tren suburbano México Querétaro y su paso por tierras ejidales del municipio de Nopala de Villagrán.

El demandante es el ejido Nopala de Villagrán representado por Lucas Fuentes Bravo, presidente del Comisariado Ejidal.

Las afectaciones son el despojo de tierras ejidales para el paso del mencionado tren y la consecuente interrupción de proyectos productivos, en particular la extracción de materiales pétreos como arena, grava, tezontle y tepetate.

El número de afectados son 150 ejidatarios cooperativistas y sus familias y otras comunidades donde pasará el tren.

Sus demandas se enfocan a cambiar el trazo del tren, y en su defecto el pago justo de las tierras donde se encuentra el proyecto sustentable de los ejidatarios.

Caso 6. Santiago de Anaya

Es el caso de la afectación del municipio de Santiago de Anaya por la cementera de Carlos Slim “Fortaleza Santa Anita”.

Las afectaciones se refieren a la contaminación del aire, agua y cosechas cubiertas de ceniza. Se acusa además a la Conagua de extraer agua por medio de 8 pozos para alimentar la ciudad de Pachuca, dejando a los moradores con agua solo una vez a la semana.

El número de afectados es la población del municipio de alrededor de 14,000 personas y de otros municipios como Actopan, Arenal, Ixmiquilpan y San Salvador.

Reportan como daños a la salud afectaciones a la vista de los niños.

Sus demandas se concentran al cierre de la cementera y que se busquen alternativas de suministro de agua para Pachuca y de esta forma garantizar el abasto de consumo de agua en la comunidad.

7. Caso ECOLTEC

Ecoltec es una cementera subsidiaria de Holcim Apasco que ha causado repetidamente cuadros de afectación de la salud en la población. La denuncia también va contra Cemex y Lafarge.

Los demandantes son el Frente de comunidades en contra de la incineración de residuos sólidos urbano e industriales, representada por Enrique Ramírez López, los pobladores de los municipios de Atotonilco y Apasco y otras comunidades en las inmediaciones del corredor industrial Tula-Tepeji-Apaxco.

Las afectaciones son por incineración de basura y otros compuestos por industrias cementeras, caleras, refinerías, termoeléctricas, fundidoras entre otras que generan dioxinas y otros COP (contaminantes orgánicos persistentes), que se alojan en la cadena alimenticia con graves efectos mutagénicos y carcinogénicos sobre el humano.

En marzo del 2009 fallecieron once campesinos al limpiar un cárcamo que emanaba gases tóxicos por la contaminación del Río Salado, en donde se presume, hay descargas de ECOLTEC.

Además se traen entre 5 y 10 toneladas diarias de basura del Bordo Poniente desde hace un año para incinerar en la empresa.

Además, como parte del caso, se reporta la denuncia de la Comunidad del Barrio de Bovedas a la empresa Cal del Tigre que quema combustibles alternos (es decir basura) sin licencia para ello.

En esta zona la Profepa ha dictaminado la existencia de contaminación pero se les a las empresas seguir operando. La Universidad de  Tula Tepeji dice que no tiene el equipo para hacer estudios y mediciones relativos a la problemática, acerca de la cual por otra parte se desinforma a la población a través de medios de comunicación.

Los afectados son decenas de miles de pobladores de los municipios y zonas mencionadas.

Los problemas de salud son de alergias, de vías respiratorias y de cáncer y al sistema nervioso de niños y adultos dañando funciones básicas como la memoria y la atención. Ante estas afectaciones, el IMSS solo cuenta con servicios de primeros auxilios.

Los denunciantes demandan normas para que empresas dejen de incinerar basura como combustible y en particular que ya no se traiga basura del Bordo Poniente.

Caso 8. Presa Endhó

La presa Endhó es el destino final del emisor central del drenaje de la Ciudad de México y del corredor industrial Cuautitlán-Tepeji-San Juan del Río.

Las demandantes son 14 comunidades de Tula de Allende y Tepetitlán representadas por Yuri Uribe Mortero.

Las afectaciones son originalmente la reubicación de los poblados a zonas sin agua y la desaparición de la pesca y turismo así como la extinción de flora y fauna y actualmente las emanaciones e infiltraciones de aguas negras orgánicas e industriales sin tratamiento alguno, haciendo de ella la zona más contaminada de Hidalgo. Además, no pueden usar las aguas de la presa para ningún fin ya que están concesionadas. Otra es el deterioro ambiental por la construcción de la autopista Arco Norte.

Son alrededor de 20,000 afectados.

Las afectaciones a la salud son leucemia, cáncer, hepatitis, asma, irritación de ojos, problemas dermatológicos, dientes manchados y riesgos sanitarios varios.

Las demandas son el saneamiento de la presa y  pozos, plantas tratadoras, dotación de tierra agrícola, concesión de agua, construcción de hospital de oncología, la reclasificación como zona de alta marginalidad y fideicomiso público con representación social para la ejecución de acciones ambientales.

1. Sistema de agua

Se refiere al sistema comunitario de extracción de agua potable de un pozo del poblado de Juchitlán Bathi en el municipio de Chapantongo.

Los demandantes son los pobladores de la población citada, representados por el Sr. David Hernandez Uribe y 15 comunidades de municipios aledaños.

La afectación es el alza injustificada del costo de la energía eléctrica con impacto directo en el bombeo de agua potable, causando problemas de supervivencia a las comunidades. O pagan el bombeo de agua o pagan alimentación y otros gastos. Con Luz y Fuerza pagaban 22,000 mensuales y ahora es de 45,000. Otro problema son los tiraderos a cielo abierto cercanos a sus comunidades, los cuales reciben basura de todo el municipio y de Iguala, con la consecuencia de 50 manantiales superficiales contaminados.

Sus principales demandas se centran en que se deje de cobrar una tarifa tan alta e injusta así como que se les devuelva económicamente los excedentes de pagos emitidos. Demandan también que se reconozca el mencionado sistema comunitario de agua, que fue construido por la comunidad y no por el gobierno y que se reponga la tubería vieja y desgastada del mismo, la cual provoca fugas y contaminación por oxidación de las tuberías.

1. Caso SME

El SME es el Sindicato Mexicano de Electricistas cuyos afiliados fueron despojados de su fuente de trabajo al cerrar la Compañía de Luz y Fuerza.

El demandante es el SME representado por Felipe Jiménez Sánchez

La afectación es el despojo de su fuente de trabajo en una serie de acciones que involucran decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los trabajadores fueron desalojados con lujo de violencia de sus lugares de trabajo por la policía federal, bancaria, ministerial y personal ejército mexicano vestido de policías federales preventivos.

El número de afectados es más de 44 mil trabajadores.

Denuncian un gran deterioro y desincorporación familiar en los y las trabajadoras del Sindicato.

Cabe mencionar que el SME ha convocado, también en esta audiencia, a la población usuaria de energía eléctrica a organizarse en contra de las altas tarifas eléctricas y no pagar el servicio.

Sus demandas son el reconocimiento del patrón sustituto, los salarios caídos, las prescripciones del contrato colectivo de trabajo y el reingreso de trabajo.

1. Caso Refinería y Termoeléctrica

Se refiere a las instalaciones de Pemex y CFE en Tula Hidalgo.

Los demandantes son habitantes de las comunidades de Segunda del Llano, Primera del Llano, Iturbide, y otras doce comunidades del Estado de Hidalgo.

Las afectaciones son los vertidos de residuos al río Tula por parte de la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y Clarimex en el Parque Industrial que contienen más de 104 sustancias tóxicas, algunas desconocidas, la quema de gas de la refinería, así como concesiones de uso de agua por 44,000 millones para la refinería y 41,000 millones para la termoeléctrica, de metros cúbicos por año. Pemex ya no paga indemnizaciones. Las autoridades de tres niveles son omisas.

Las afectaciones a la salud son cánceres de estómago, esófago, infartos, enfermedades de la piel, respiratorias y malformaciones genéticas. Además reportan diabetes por cambios en la cultura de la alimentación.

Se demandan hospitales y que los residuos tóxicos no sean quemados.

En el contexto de este caso vale la pena mencionar los resultados de un estudio presentado en esta audiencia por parte de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo AC, realizado en 2011 y el cual reporta que el 58% de una población encuestada de quince municipios del estado consideraba que una nueva refinería hasta hace poco proyectada, aunque ahora cancelada, en el municipio de Tula de Allende, generaría perjuicios de contaminación ambiental.

1. Caso Fractura Hidráulica en el Totonacapan Veracruzano

La fractura hidráulica o fracking es una técnica para extraer hidrocarburos del subsuelo que contamina mantos freáticos, genera sismos y contribuye  calentamiento global.

Son varios demandantes, entre los que destacan la Red Unidos por los Derechos Humanos y comunidades de la región del Totonacapan, representadas por Alejandra Jiménez.

Las afectaciones son el uso de la técnica de fracking hidráulico, hecho negado por las autoridades, en esa zona, lo afecta gravemente la disponibilidad de agua salubre para consumo humano y la contaminación de los mantos freáticos, asi como deterioro cultural y de identidad por la presencia de empresas privadas nacionales e internacionales, casos de prostitución y abandono del campo en favor de la actividad petrolera. Para 2012 hay 3520 pozos perforados, parte de los cuales con técnica hidráulica y un pozo letrina, que es de inyección de agua contaminada descartada al subsuelo profundo. Otras afectaciones son de la actividad petrolera son explosiones, derrames, fugas de gas y muerte de ganado.

1. Caso Industria petrolera y sus pasivos ambientales en la región sur de Veracruz

El demandante es la Asociacion de Productores Ecologistas Tatexco AC (Apetac), representado por Gonzalo Rodríguez Cano.

Las afectaciones son los impactos de más de cincuenta años de actividad industrial (petrolera, petroquímica y química principalmente) sobre las comunidades, entre las cuales destaca el mal manejo de los desechos tóxicos y los derrames de crudo, que han tenido como consecuencia la disminución de la pesca en el río Tatexco, la poca productividad en tierras de cultivo que históricamente fueron rentables y la mortandad de ganado mayor y animales domésticos. Se expone en particular el caso de la planta deshidratadora de crudo llamada Ágata que vertía en a fines de los noventa sus desechos directamente al río.

Las demandas principales son

• un estudio de salud pública generalizado no manipulado de los efectos de la contaminación
• la restauración ecológica de toda la cuenca y de las zonas afectadas
• Se respete las normas en materia de medio ambiente y salud y se use tecnología eficiente.
• se detenga la privatización de los hidrocarburos y minerales
• la vida en un mundo sin tóxicos
• El transito global a fuentes de energías renovables de bajo impacto para el medio ambiente

1. Salamanca Guanajuato

En la ciudad de Salamanca está la refinería Antonio M. Amor, contaminante de la región.

El demandante es el Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía

Las afectaciones son causadas por la refinería, una termoeléctrica y el corredor industrial del Bajío con industrias químicas y petroquímicas, que descargan en el rio Lerma, el cual atraviesa la ciudad de Salamanca. La contaminación del río Lerma a su vez afecta los suelos con agroquímicos, lo que resulta en una de las ciudades más contaminadas del país. Otra afectación es la quema de gas, con la consiguiente contribución a la contaminación y el calentamiento global.

Destacan también el accidente de Techkem con generación de pasivos ambientales muy graves y el relleno de socavones con tóxicos a cielo abierto por parte de la empresa Quidesa, empresa que sigue operando.

Los daños a salud, además de los ya conocidos en estos casos, incluyen la muerte de una persona y ganado en el mencionado socavón.

1. Nevado de Toluca

Este caso se refiere a la defensa del Parque Nacional del Nevado de Toluca.

El demandante es la comunidad de Santiago Tlacotepec a través del comité ciudadano del mismo pueblo.

Las afectaciones son el cambio de categoría de Parque Nacional a Área Natural de Protección de Flora y Fauna sin consultar a la población ejidataria aledaña. Con eso se ha abierto la posibilidad de trazar una carretera, construir hoteles o teleférico y la tala ya comenzó. Se ha culpado a los ejidatarios de no saber cuidar el Parque.

La afectación a la salud es general, con la desaparición de un pulmón importante para la región y un espacio de recreación colectivo.

La demanda es que se derogue el decreto de recategorización del parque nacional y no avance la urbanización y devastación de la zona.

1. San Idelfonso, Municipio Tepeji del Río, Hidalgo

El demandante es la Comunidad Hñahñu de San Idelfonso, y su representante es César Cruz Benítez.

Las afectaciones se derivan de la construcción del Tren México Querétaro, el cual afectará una zona de vestigios arqueológicos, pasará encima de un ojo de agua, por un área protegida natural, al lado de una escuela de música y terrenos de cultivo de temporal y de autoconsumo. No se les ha consultado debidamente porque a nivel federal aún no se les da el reconocimiento como pueblo indígena. Otra afectación es la presencia de Cementos Cruz Azul que ha destruido flora y fauna, que es muy espesa en la zona.

Los afectados son 7,000.

La demanda es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no autorice al trazo del tren.

1. Caso EcoTuzuapan AC

Tuzuapan se encuentra en el Municipio Palmar de Bravo, Puebla

Los demandantes son comunidades representadas por Mauricio Rosas Morales.

Las afectaciones se derivan de la compra de tierras por Cruz Azul a solo uno $1.50 el metro cuadrado.  Por la actividad de la cementera, sus tierras están muertas. No hay cosechas y no pueden ya exportar, con la consiguiente pérdida de la fuente de trabajo. Asimismo, dos pozos de agua potable se han secado y otros se han derrumbado a causa de las detonaciones que hace la empresa. También hay daños ambientales por los polvos que generan las turbinas de la  cementera. El gobierno ha incumplido toda clase de acuerdos, incluyendo la construcción de un hospital.

Los daños a la salud incluyen cáncer, enfermedades pulmonares, partos prematuros, abortos, malformaciones genéticas.

Las demandas incluyen monitoreo por parte de gobierno, un hospital y la reforestación por parte de Cruz Azul, entre otras.

1. Caso Jaltipan

El caso es de impacto sobre el medio ambiente y la salud de la población de Jaltipan.

El demandante es el movimiento Chogosteros en Accion, habitantes de la comunidad de Jaltipan.

La afectaciónes la presencia de una bodega almacenadora de coque en su comunidad. El coque contiene residuos químicos y metales pesados que son perjudiciales para el medio ambiente. Las condiciones ecológicas en la región  no son aptas para el almacenaje de éstos pues éste  puede afectar los mantos freáticos de la misma.

Existen importantes irregularidades de término de las normas mexicanas.  Por ejemplo, el coque no debiera permanecer a cielo abierto, sino en un lugar seco. Su manejo es de alto riesgo. El coque contiene dióxido de azufre, vanadio, níquel, cromo, azufre y CO2 entre otros. Hay daños necróticos a la flora y cultivos.

Las afectaciones a la salud son sobre vías respiratorias, los efectos cancerígenos, la irritación  de membranas de mucosas

La demanda es que se retire de la zona el almacén de Coque.

Testimonios

1. Ejido de San Marcos. Los temas son el despojo de tierra disfrazado de venta y cambio de uso de suelo ejidal a industrial en el cruce del Arco Norte y la autopista México Querétaro. La autoridad ejidal se prestó a engaños y se generó un conflicto entre ejidatarios, a consecuencia del cual se perdió entre otras cosas el beneficio comunitario de un lienzo charro, antes propiedad de todos los ejidatarios.Hay contaminación del río Tula. La cooperativa Cruz Azul ha comprado hectareas y piensan explotarlas y quitar la zona boscosa, siendo esta la zona única considerada el pulmón de la región.
2. Río Tula. La refinería deposita los desechos al río Tula. El gobierno no hace nada al respecto y se vierten todos los drenajes sin fosa séptica. Se denuncia la devastación forestal por el paso del ferrocarril de Ferromex.
3. Zumpango, Estado de México. Contaminación de cultivos por agroquímicos al canal principal de riego por parte de tres empresas que están en las laderas del canal. Más de 500 hogares han sufrido empobrecimiento en consecuencia. Solicitan la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de las tres empresas y que sean sancionados los responsables.
4. Izúcar de Matamoros. Fabrica de agroquímicos y fertilizantes “El Dragón”. El 23 de marzo de 2010 hubo una explosión de 9 tambos con sustancias altamente peligrosas  que afecto 80 mil habitantes al formarse una nube toxica que inundo a las colonias aledañas. El activismo en contra de la fábrica fue criminalizado y hostigado usando organizaciones como Antorcha Campesina. Ésta cerró durante 15 meses  pero actualmente sigue operando.
5. Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas.  Saqueo por parte de la empresa Black Fire al querer extraer barita y titanio con el apoyo de los comisarios ejidales. Empezaron a notar la muerte de animales domésticos y que la gente del ejido vecino se enfermaba por bañarse en el arroyo cercano a la minera, el cual ya estaba contaminado. A la fecha siguen en resistencia y la minera no está operando, y han tomado la decisión de no dejar entrar otras.
6. La mina Michoacán en Lázaro Cárdenas. Se denuncia que la mina Arcelor Mittal, empresa acerera, provoca una fuerte contaminación ambiental debido a que las descargas van directamente al rio sin ningún tipo de tratamiento; también que la mina trabaja sin permiso para poder operar y que no cuenta con una manifestación de impacto ambiental. La población afectada en torno a la mina es cerca de 40 mil habitantes.  Con amparos han logrado detener parcialmente la actividad minera.

Autoridades responsables.

Se responsabiliza al Gobierno Federal y las exparaestatales PEMEX y CFE, así como a las secretarías de  Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  ProBosque,  Comisión Nacional  Forestal,  Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Agraria, Comisión Nacional de Hidrocarburos,  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Policía Federal y Sicartsa (empresa minera paraestatal) y como autoridad regional, a la Comisión Ambiental Metropolitana.

En el estado de Hidalgo se identifica como responsables de la devastación ambiental al Gobierno Estatal, las secretarias de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  así como al Consejo Estatal de Ecología, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Refinería Miguel Hidalgo de PEMEX y la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la CFE. También se señalan como responsables a los ayuntamientos de Atitalaquia, Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Ayuntamiento de Tlaxcoapan, Nopala de Villagrán y Chapantongo y algunos comisariados ejidales, aunque otros como el de Tezontepec están comprometidos en la defensa de su tierra y patrimonio nacional.

En el Estado de México se responsabiliza al Gobierno Estatal, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Policía Estatal y el Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ciudadana en materia ambiental del Estado de México. También se identifican como responsables a los ayuntamiento de los municipios de San Francisco Zoyoniquilpan, Jilotepec, Santiago Tlacotepec, así como la policía municipal de Santiago Tlacotepec y el comisariado ejidal de San Francisco Soyaniquilpan, municipio de Jilotepec.

En Puebla se responsabiliza al Gobierno del Estado, Congreso del Estado, Secretaría de Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Palmar del Bravo.

En Michoacán se responsabiliza a la Comisión Estatal de Ecología, Procuraduría de Protección al Ambiente y la Comisión Federal del Estado, mientras que en Veracruz al Gobierno Estatal, el Congreso de Estado, las secretarías de Salud y de Medio Ambiente, así como al ayuntamiento de Totonacapan.

Asimismo se responsabiliza a los tres Poderes, niveles de gobierno e instituciones públicas de los estados de Guanajuato y Chiapas.

Empresas y particulares responsables.

Dentro de las empresas y particulares responsables de la devastación del medio ambiente y la salud de las comunidades del estado de Hidalgo se encuentran las compañías Agroquímicos ATC (propiedad de Velsimex), Cargill, Sigma, Arcangel S. A. de C. V.  (operadora del relleno sanitario de Tula), Jesús Ramírez Garibay (empresa Tovillas y Elias), Proyectos de Infraestructura Mexicana S. A. de C. V., Prointec, Cementera “Fortaleza” Santa Anita, Grupo Carso, Ecoltec, Holcim-Apasco, las empresas ubicadas dentro del Corredor industrial Cuautitlán-Tepejí-San Juan del Río, Grupo Cruz Azul, Cementera Tolteca-Cemex, Lafargue, Fud, Parque industrial Atitalaquia, Comité Ecológico Tula-Tepetitlán y Clarimex.

En el Estado de México destaca Química Delta, Ranchos los Curiel, una empresa sin razón social conocida que maneja los residuos, Antonio Alanís (comprador de bienes ejidales),  Minerales Male y las empresas emplazadas en el Parque industrial de Jilotepec.

Por el estado de Veracruz se encuentran las empresas especialistas en productos derivados de la petroquímica como Braskem Idesa Sapi, Clariant México, Dak Resinas Americanas México, Fabricante y Comercializadora Beta, Fefermex, Grupo Celanese, Industria Química del Istmo, Innophos Fosfatados  de México, Luperox Iniciadores, Mexichem Derivados, así como Oxiteno México. También son responsables las empresas Sales del Istmo, Unigel Acrícilos y Tetraetilo de México (Temsa).

En Puebla se responsabilizan al Bufete Geológico e Ingeniería Básica, Cycna de Oriente, así como también al Grupo Cruz Azul.

En Guanajuato se responsabilizan a las empresas Negromex, Montrose (subsidiaria de Monsanto), Tekchem, Univex y Fertimex.

En Michoacán y Chiapas son responsables las mineras Arcelor Mittal, El Caracol, Black Fire y Minerales Male.

Derechos humanos violados.

 

En todos los testimonios escuchados durante la audiencia complementaria del eje de “Devastación ambiental y Derechos de los Pueblos” del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en el municipio de Tula, Hidalgo, se evidenció que ante la inobservancia de la Constitución, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Pacto de San Salvador” y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y  la diversa legislación en materia ambiental, agraria, social y laboral, las violaciones a diversos derechos humanos en la región son muy comunes y además van en aumento.

Las principales afectaciones redundan particularmente en múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de diversas comunidades ubicadas en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, de acuerdo con los testimonios y pruebas recibidas por este comité dictaminador del Tribunal Permanente de los Pueblos (TTP),  donde  se identifica la constante omisión de las autoridades estatales mexicanas -de todos los niveles de gobierno- para garantizar la protección del medio ambiente y de la biodiversidad que ahí habitan, incluyendo a las comunidades ejidales, indígenas, e incluso a la población que habita en las ciudades cercanas, como el Distrito Federal.

Esta abstinencia de parte de las autoridades ha permitido e incluso facilitado que distintas empresas, privadas y paraestatales, dedicadas a la explotación de recursos naturales y a la industria química, realicen sus actividades sin tomar en cuenta las normas básicas de seguridad para prevenir cualquier tipo de contaminación del aire, agua y suelo, de acuerdo con  lo establecido en la legislación ambiental, tanto nacional^[1] como internacional.

A pesar de que en la propia Constitución Política Federal Mexicana en su artículo cuarto reconoce entre otros derechos, el derecho que tienen todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y por lo tanto la obligación de las autoridades para protegerlo, este derecho se ha identificado como violado en todos los casos que fueron presentados ante este Tribunal. En el mismo artículo se señala explícitamente que se generarán responsabilidades a quien provoque daño y deterioro ambiental, y eso incluye a empresas y particulares.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó en el año 2011 el instrumento titulado “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar'», que fueron elaborados para definir la responsabilidad de las empresas respecto de los derechos humanos, a fin de prevenir que con sus actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, o en su caso, hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.

En una especie de simulación jurídica, se han creado a nivel nacional distintos recursos jurídicos destinados para denunciar y exigir reparaciones por los diversos daños y deterioros al medio ambiente, y las consecuencias sociales y al ecosistema que ello genera, cometidos tanto por la omisión de las autoridades estatales, la corrupción de las autoridades ejidales y estatales, así como por la actuación negligente de parte de las empresas para prevenir daños ambientales y sociales. Lamentablemente la mayoría de aquellos recursos de denuncia no son eficaces, y muy pocas veces se logra detener las actividades contaminantes de las empresas, pues se ponderan arbitrariamente los beneficios económicos que generan dichas actividades antes que los daños que se generan en el medio ambiente, en la flora y fauna, y las repercusiones a los derechos humanos de las personas que se ven directamente afectadas por dichas actividades, por lo que existe una evasión absoluta de las obligaciones estatales y de las empresas frente a los derechos humanos de las personas.

En este sentido, a continuación se describirán brevemente las violaciones identificadas a los distintos derechos humanos de las poblaciones que se ven directamente afectadas por las actividades de las distintas empresas, así como por la omisión de las autoridades que les siguen permitiendo actuar con total impunidad y sin la menor restricción:

• Violación del derecho humano al medio ambiente sano, que se manifiesta en la contaminación de ríos y presas, de pozos de agua, del subsuelo y de zonas de cultivo, a causa de arrojar desechos tóxicos y orgánicos al agua. Asimismo existe contaminación del aire a raíz de los procesos de producción y de la quema de basura y de diversos combustibles que se utilizan en la actividad cotidiana de las empresas industriales.

• Violación del derecho al agua potable, a causa de los desechos químicos, orgánicos y metales pesados que se vierten en el agua en los distintos procesos industriales que realizan las empresas que se encuentran ubicadas en la zona, además de que no existen plantas de saneamiento ni tratamiento del agua, por lo que diversos estudios especializados referidos por los denunciantes han identificado altos niveles de contaminación en el agua de distintos ríos y presas en el estado de Hidalgo. A pesar de lo anterior, la falta de recursos económicos de la mayoría de la población no les ha dejado más opción que utilizar el agua contaminada para su consumo, lo cual ha generado a su vez afectaciones a su salud.

• Violación al derecho a la salud, consecuencia directa de la contaminación de ríos y presas, del subsuelo y del aire, lo cual ha generado la aparición de enfermedades crónico degenerativas que antes de la explosión industrial que se diera en los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Guanajuato y Michoacán, no existían. Sin embargo, actualmente van en aumento el número de personas con cáncer, enfermedades renales, nacimientos con malformaciones a causa de consumir agua y alimentos contaminados, así como enfermedades respiratorias por la contaminación que hay en el aire. También se identifica el incremento de la mortandad de la flora y fauna del lugar. A pesar de lo anterior, y aun cuando las distintas comunidades llevan exigiendo por años la construcción de un hospital público oncológico a la fecha dichas demanda no ha sido atendida, lo cual agrava la violación al derecho a la salud y a la vida.

• Violación del derecho a la alimentación, debido a que el agua contaminada con químicos y metales pesado se utiliza en ciertas zonas para regar los distintos cultivos, cuya producción se destina para el autoconsumo pero también en algunos casos para la venta, por lo que al consumir alimentos altamente contaminados se priva el acceso a alimentos adecuados. Además, el derecho a la alimentación, de acuerdo con el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, debe garantizar una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor, supuestos que no se cumplen en los casos conocidos durante la audiencia, ya que existe la preocupación permanente de la población ante el consumo de alimentos contaminados que además ha favorecido el incremento de la mortandad de la población.

• Violaciones al derecho a la propiedad, a raíz del crecimiento industrial en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, el gobierno se ha dedicado a expropiar diversos terrenos privados, comunales y ejidales, a fin de destinarlos a la explotación de recursos naturalesa pesar de que no se ha demostrado la causa de utilidad pública. En otros casos hay presión por parte de personal de las empresas para exigir la venta de las tierras comunales, a costos excesivamente bajos e irracionales.

• Violación a diversos derechos de los pueblos indígenas. En la audiencia complementaria se identificaron los casos de comunidades indígenas Hñahñu, quienes además de verse amenazados por la construcción de megaproyectos como el del tren rápido México-Querataro, han tenido que enfrentar luchas jurídicas por su reconocimiento como comunidad indígena, y por lo tanto acceder a los programas que benefician a esos grupos sociales, e incluso se les niega su derecho a sus tierras ancestrales y por lo tanto el derecho a la consulta previa y participación sobre dichas tierras.

• Violación a los derechos de la infancia. Los niños y niñas han sido una población particularmente afectada por la contaminación ambiental del lugar. En ciertas regiones de Hidalgo, como en el municipio de Tezontepec existen casos de niños que nacen con alteraciones genéticas, o por ejemplo en el municipio de Apasco y Totonilco, se encuentran casos de niñas y niños en edad escolar que presentan déficit en el aprendizaje, quienes al consumir agua y alimentos contaminados se han visto afectados en su sistema nervioso y en su memoria. También hay zonas donde los nacimientos de infantes con malformaciones van en aumento. En general estas acciones repercuten en el derecho de las niñas y niños  a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

• Violación del derecho al trabajo. En este punto destaco el caso de los trabajadores de la extinta empresa Luz y Fuerza de Hidalgo, quienes narraron las violaciones arbitrarias a sus derechos laborales adquiridos al desaparecer la mencionada empresa eléctrica, a la fecha siguen en la lucha de que se reconozca el cambio de patrón y no la rescisión de su contrato, lo que fue violatorio de su contrato laboral, y de los derechos que ya tenían reconocidos. Por otra parte, la contaminación al agua y a las tierras de cultivo ha generado tierras infértiles y alimentos contaminados, lo que ha quitado la fuente de ingresos principal de todas las comunidades rurales de las distintas regiones del centro del país, principalmente en el estado de Hidalgo, por lo que muchas personas han tenido que recurrir a nuevas fuentes de empleo, que en ocasiones les generan muchos menores recursos que con su actividades en el campo, con lo cual también se ve directamente perjudicada su calidad de vida.

• Violaciones a derechos culturales, la irrupción de distintas empresas que tienen como fin la explotación de recursos naturales ha generado ruptura en el tejido social en distintas comunidades, además de que ha atentado contra algunos de sus valores culturales que han tenido que modificarse para adaptarse a un nuevo paradigma económico neoliberal, que busca acabar con el campo y por ende con las costumbres culturales de las comunidades ejidales e indígenas que en el habitan. A raíz de la expropiación de propiedades, se han perdido recintos culturales en ciertas comunidades como un lienzo charro en el ejido de San Francisco Soyaniquilpan. También peligra a causa de la posible construcción del tren rápido México-Querétaro una escuela de música en el municipio de San Ildefonso perteneciente a la comunidad indígena hñahñu.

• Violación del derecho de acceso a la información y participación social. En muchos casos se ha identificado la permanente denegación de información  a aquellas personas que solicitan datos sobre las concesiones para explotar recursos naturales a distintas empresas, ocurre lo mismo cuando se han solicitado los acuerdos que sustentan dichas concesiones. También se ha solicitado información sobre las sustancias y actividades peligrosas que se utilizan por las distintas industrias, sin embargo tampoco se ha proporcionado dicha información. Otra violación que es una constante es la falta consulta previa a las comunidades ante la construcción de megas proyectos, lo que genera que se lleven a cabo los proyectos sin consulta, otra práctica recurrente que impide la participación social en la toma de decisiones ambientales ha sido la corrupción de las autoridades ejidales y agrarias, quienes son sobornadas para obtener por medio de engaños las firmas de los miembros de la comunidad, para después simular una supuesta aceptación en la construcción de megaproyectos.

• Diversos actos de hostigamiento, criminalización y amenazas en contra de las comunidades a causa de las actividades de defensa de su tierra. Ello ha sido reflejado en enfrentamientos con policías durante manifestaciones sociales para exigir el saneamiento de aguas y del aire, también ha habido personas que han recibido amenaza anónimas para que detengan su lucha y dejen de exigir sus demandas ambientales. Incluso hubo un caso identificado en la Presa Endhó de una persona que fue detenida por tomar agua de la presa.

• Violaciones al derecho de acceso a la justicia. A pesar de que existen diversos recursos jurídicos destinados a proteger el medio ambiente sano y los derechos vinculados, la práctica demuestra que los mismos son completamente ineficientes, las denuncias que se presentan no avanzan lo que genera un retardo injustificado en la obtención de justicia. Las autoridades ambientales en lugar de presionar a las empresas para que mejoren la calidad de sus actividades a fin de evitar repercusiones en el ambiente, optan por recomendar a los pobladores que abandonen sus casas. Y aun cuando en pocos casos existen recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos, las mismas son completamente ignoradas tanto por las autoridades como por las empresas, lo que redunda en una negación total de la justicia y reparación.

Demandas generales.

Las demandas sentidas y plenamente justificadas por parte de las comunidades son las siguientes:

En el tema de energía y minerales:

• Cierre de las cementeras.
• Reforestación por parte de la empresa Cruz Azul.
• Que se retire de la zona el almacén de Coque en Jaltipan.
• Establecer zona de desastre ambiental en Salamanca.• Prohibición del fracking.
• Se detenga la privatización de los hidrocarburos y minerales.
• El transito a fuentes de energías renovables de bajo impacto para el medio ambiente.

En el tema del Agua:

• Saneamiento de la presa y pozos y la instalación de plantas potabilizadoras en las comunidades afectadas por la presa Endhó.
• Instauración de alternativas de suministro de agua para Pachuca que no genera afectaciones al resto de las poblaciones.
• Se deje de cobrar una tarifa elevada e injusta de luz a quienes dependen de la electricidad para el bombeo de agua potable
• Se reconozca el sistema comunitario de agua potable construido por la comunidad de Chapantongo y haya un cambio total de la tubería vieja y desgastada.
• La restauración ecológica de toda la cuenca y de las zonas afectadas de la región sur de Veracruz.

En el tema de la basura:

• Cierre y remediación de las regiones afectadas por el basurero de Tula.
• Devolución de la propiedad del basurero de Tula, previa remediación para darle uso agrícola.
• Que Ecoltec deje de incinerar basura como combustible.
• Un estricto control de desechos tóxicos del parque industrial de Jilotepec.
• Que residuos tóxicos no sean quemados en las instalaciones de Pemex y CFE en Tula.
• Detener la urbanización salvaje de la zona en el Nevado de Toluca.

En el tema de regulación de la tierra:

• Derogación del decreto de recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca.

En el tema de reparación del daño:

• El cierre de ATC, responsabilización y pago de indemnizaciones a la población, así como la constitución de una comisión ciudadana en auditoria y seguridad.
• Que el monto de las multas a las industrias se destine a la reparación de los diversos daños ocasionados en las zonas.
• Reparación del daño y castigo a los responsables de la devastación ambiental en las diferentes regiones.

En el tema de la salud:

• Creación de un fideicomiso para resolver los problemas de salud, el impulso de una agricultura y ganadería libre de tóxicos, así como la elaboración de un atlas de riesgo de las comunidades afectadas por ATC.
• Programas emergentes para afectados en salud.
• La construcción de hospitales de oncología en las comunidades afectadas.
• Vigilancia de las emisiones industriales en la zona de Tezontepec de Aldama.
• Estudios de salud pública independientes en el caso Río Rosas y Veracruz.
• Elaboración de estudios ambientales, toxicológicos y epidemiológicos independientes en los casos Río Rosas, ATC y de los pasivos de la industria petrolera en Veracruz.

En el tema agrario:

• Campañas de prevención y manejo de sustancias agroquímicas en las diferentes zonas afectadas.
• Dotación de tierra agrícola en las márgenes de la presa Endhó.
• Modificar el trazo del tren rápido México-Querétaro o en su defecto el pago justo por las tierras que se utilizarán.

En el tema laboral:

• Reconocimiento del patrón sustituto, restitución de los puestos de trabajo y de los salarios caídos de los trabajadores de Luz y Fuerza.

General legal:

• Aplicación del principio precautorio en los diferentes casos expuestos.

Recomendaciones generales del comité dictaminador.

Al estado mexicano y a las instituciones bajo su autoridad:

La regulación estricta de las  empresas de químicos en particular el cierre de la empresa que sustituyo a ATC.

La aplicación de multas, sanciones penales y cierre definitivo  a empresas en caso de accidentes como el ocurrido en  la empresa ATC en Hidalgo y Dragón en Izucar de Matamoros, Puebla.

Regular las vías de transporte, en particular, se exige el cambio en el trazo del tren rápido México-Querétaro, y en su defecto el pago justo de las tierras

Negar el Instituto Nacional de Antropología e Historia la  autorización del trazo del tren en zonas arqueológica de  la región.

El cobro de multas a empresas que violenten las normas ambientales que se destinen a la población afectada sin que éstas se desvíen a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

La medición, control y vigilancia de las emisiones industriales y desechos tóxicos en la zona industrial del centro de México y zonas industriales referidas en otros estados.

La creación de un marco normativo de responsabilidad empresarial en caso de violaciones a derechos humanos.

Prohibir  la tecnología de Fractura hidráulica en el país.

Derogar la llamada Reforma Energética y sus leyes secundarias.

En materia de residuos

Que las empresas respeten la prohibición vigente en México de la incineración de basura como combustible

El cierre inmediato de tiraderos a cielo abierto en Hidalgo y otros estados  y la remediación de los sitios.

En materia de regulación de la tierra

Se derogue el decreto de recategorización del Parque Nacional del Nevado de Toluca

Se dote de tierras a afectados ambientales que así lo soliciten

Se reforeste la tierra afectada por las empresas presentes en los estados

Respecto de la restauración ambiental

La remediación inmediata del cerro de la Cruz en Guanajuato y sanciones penales, civiles y administrativas que correspondan.

´

La revisión  e implementación de normas que protejan el medio ambiente y salud

En materia de agua

La limpieza y restauración del río Lerma.

En general, la restauración ecológica de cuencas y de las zonas afectadas por los desechos de las industrias

La aplicación de sanciones y castigo a los responsables de la devastación del río Rosas

El saneamiento de presas y pozos de la región Centro y de otros estados, con base en investigaciones ecológicas sustentables.

Se busquen alternativas de suministro de agua para Querétaro y Pachuca que no impliquen la pérdida de  agua potable y de riego  de otras zonas de Hidalgo

Renovación de la infraestructura hidráulica obsoleta en las comunidades de Hidalgo

Se reconozcan los sistemas comunitarios de agua potable

Salud

 

La implementación de programas emergentes para afectados en salud en todo el Estado de Hidalgo y zonas petroleras del país.

Se aplique inmediatamente un estudio de salud pública en los estados industriales de Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz La realización de estudios ambientales, toxicológicos y epidemiológicos independientes.

La indemnización justa para los afectados por explosión de los laboratorios de ATC y todas aquellas poblaciones afectadas por las actividades contaminantes de las empresas industriales

Se construya infraestructuras de salud con recursos suficientes para atender los  problemas ocasionados por las industrias y sus desechos.

En particular, que se construyan y habiliten urgentemente hospitales con  especialidad en oncología en las  zonas afectadas por la industria y sus desechos tóxicos

La aplicación de recursos públicos con representación social para la ejecución de acciones ambientales comunitarias.

La reparación del daño integral y viable a las comunidades afectadas

Trabajo

 

El inmediato reconocimiento del patrón sustituto para los trabajadores de la extinta empresa paraestatal de Luz y Fuerza y la recuperación de salarios caídos, a la fecha de hoy.

En conclusión, este Comité dictaminador exigimos de todas las autoridades mexicanas primero, el pleno y total respeto a todos los derechos humanos de toda la población mexicana, y en particular se respete los derechos territoriales de las comunidades y pueblos de la región del centro de México y estados aledaños y, se reconozca en todo momento su derecho primigenio sobre sus tierras ancestrales y del ecosistema que en ellas habitan y que forman parte importante y fundamental de su forma de vida. Al mismo tiempo, demandamos del estado mexicano garantice medidas efectivas de no repetición, a fin de evitar que los hechos expuesto durante la audiencia complementaria sigan ocurriendo, por lo tanto exigimos reforzar los controles y la vigilancia directa y permanente sobre las actividades que las distintas industrias y empresas contaminantes imponen a las comunidades, asimismo exigimos se otorgue la reparación integral de  todas las víctimas directas e indirectas. Finalmente, reiteramos que no se deje de investigar a las autoridades responsables que han permitido que el desastre ambiental en la Nación siga avanzando de manera impune y criminal por parte de las distintas autoridades y empresas.

[1] Véase, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (en adelante LGEEPA): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf