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PASIVO LABORAL A DEUDA PÚBLICA A COSTA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Actualización con respecto del tema de los pasivos laborales de Pemex, al 19 de agosto de 2014:

1. Ya fue aprobada, como parte de la Ley Federal  de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la asunción formal del Estado  de los pasivos laborales. 

2. La figura de pasivo laboral en empresas públicas se pone contablemente en operación para privatizar. En el caso de Pemex fue en 1998. Antes se pagaba, como debiera ser, como gasto corriente. Pemex desembolsa de su propia tesorería estas pensiones con regularidad y sin problema de liquidez alguno hasta la fecha. La asunción formal del llamado pasivo laboral por parte del Estado fue por presiones externas: los extranjeros que se quieren asociar con Pemex o comprar partes de la empresa (por ejemplo sus refinerías), en contra la Ley Federal del Trabajo no quieren asumir responsabilidades laborales como el pago de pensiones, para con los que contribuyeron con su trabajo a la generación de la riqueza que ahora quieren apropiarse.

3. El pasivo laboral fue calculado de manera tramposa, a ¡100 años! y cambiando supuestos de cálculo recientemente. Solo así se puede explica un brinco de casi 78% del monto (1).  También se considera que incluye montos que no son propios de un pasivo laboral, pero la ley dice que se va a auditar, lo cual es de lo poco positivo de esta legislación.

4. El trabajador petrolero genera ingresos netos como pagar su pensión y 35 veces más. Las pensiones y jubilaciones  representan solo el 1.77% de los ingresos brutos. Es evidente que las pensiones son perfectamente pagables.  Eso no se le informó a la opinión pública de manera cabal. En realidad, las seguirá pagando Pemex con su contribución fiscal . También podemos ver a los trabajadores como empleados del resto de los mexicanos, pues Pemex sigue siendo de la nación. En ese caso, sus pensiones se pueden ver como un contraprestación o un costo por la riqueza fiscal que le generan los petroleros a los mexicanos mismos. Sin embargo, el mal uso de esta riqueza ya no es cosa de los trabajadores, sino de gobernantes, oligarcas y líderes sindicales corruptos.

5. Cuando se quiere vender una empresa, se culpa a los trabajadores y se busca desaparecer o castigar al maximo el pago de pensiones, es una fórmula que no falla, se aplica cada vez. No solo el pueblo no sufre un aumento de costo en el caso de las pensiones, ya se estaba pagando, como he dicho, sino el poder legislativo quiso forzar con sus leyes una “rebajita” en las pensiones. 

6. En nuestro caso particular, manchar la imagen de los trabajadores y con ello de Pemex, es parte de la estrategia para que fracase la consulta popular contra la reforma energética. Además, es una forma de llevar más negocio a los bancos que explotan a la población robándole “comisiones” con el apoyo de las regulaciones e imposiciones gubernamentales.

(1) Otros elementos se pueden ver en http://www.dolorespadierna.com/dolorespl2/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:la-corrupcion-institucionalizada-es-la-verdadera-causa-de-la-inflacion-de-pasivos-laborales-&catid=3:newsflash

 

Este es el texto completo original de este publicación:

“Este es un comunicado de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) y el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE)

¿El pasivo laboral de PEMEX y CFE es culpa de los trabajadores?

¿Lo va a pagar el pueblo de México?

Hemos creado un cúmulo increíble de recursos a lo largo de 76 años, que no sólo han dado base al desarrollo nacional, sino que son y han sido absolutamente suficiente para que se hubieran creado las reservas necesarias para dar respaldo adecuado y oportuno al pasivo laboral; la omisión de estas reservas no sólo muestra una clara responsabilidad administrativa, sino es consecuencia del saqueo fiscal y vía corrupción de que han sido víctimas PEMEX y CFE, y que ahora se quiere cargar a las y los trabajadores; lo cual se agravará con la actual reforma energética que va ir extinguiendo las utilidades de éstas.
En los medios de difusión se ha señalado que la mayoría automática de la Cámara de Diputados pretende transformar en deuda pública los pasivos laborales de PEMEX y CFE, en beneficio de nosotros los trabajadores. Sin embargo, esto es sólo un desplante mediático, que pretende engañarnos a los trabajadores de PEMEX y CFE, para simular que Peña Nieto va a respetar los derechos de los trabajadores y jubilados, como lo ha planteado una y otra vez, faltando de manera absoluta a la verdad, pero al mismo tiempo, que servirá para que la población mexicana en general siga teniendo en mal concepto a los sindicatos y los derechos laborales adquiridos con justicia.
La realidad, es que los artículos 3º y 4º Transitorios de la Ley General de Deuda Pública, se traducen en un chantaje jurídico, que busca que los trabajadores de PEMEX y CFE hagamos una renuncia masiva de nuestros derechos, entrometiéndose además en el régimen laboral interno de PEMEX y CFE, lo que resulta inconstitucional: “Deberán modificarse el contrato colectivo”, dice este Dictamen; “deberá modificarse el Reglamento de los trabajadores de confianza”, otra vez dice este Dictamen.
El Artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo, es claro de que el contrato colectivo no puede concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. La Carta Magna y la ley de cita, declaran la nulidad de pleno derecho de toda renuncia de los derechos humanos laborales. Pero esto no tiene relevancia, pues a la oligarquía representada en los tres Poderes no les importa el estado de derecho.

Por otra parte, el gobierno federal no se obliga a llevar a cabo la asunción de este pasivo laboral, sino que se dice que “podrá” hacerlo, y no en la totalidad de este pasivo, sino sólo en su caso asumirá una “proporción” del mismo.
El chantaje jurídico, se traduce: en que si los trabajadores queremos que el pasivo laboral sea absorbido en los términos referidos, entonces los trabajadores de nuevo ingreso deberán pagar solos sus pensiones con sus propios recursos, mediante cuentas individuales que manejarán las Afores, las fraudulentas Afores, las desacreditadas afores; también significa, que en primera estos trabajadores ya no tienen asegurada una pensión; que serán pensiones de miseria; que deberán cotizar muchos más años, que se van a transferir cantidades multimillonarias al insaciable capital financiero, básicamente extranjero, tercero, que a los jóvenes del país, que pareciera que no son mexicanos, se les discrimina frente a los demás trabajadores, condenándoseles de por vida a empleos precarios, sin futuro. Y además, es un claro desmantelamiento del contrato colectivo de los trabajadores petroleros.
Por lo que hace a los trabajadores petroleros actualmente en activo, de manera progresiva, se nos irán ajustando los parámetros para determinar nuestras pensiones, es decir, se nos irá reduciendo el monto de las mismas y, además se nos incrementará la edad para pensionarnos, entre otros. En el caso de CFE, a los trabajadores en activo, con derechos generados para una pensión conforme al contrato colectivo de trabajo, se nos sujetarán a mecanismos para que “voluntariamente” (entre comillas), opten por las cuentas individuales, por las Afores, como si fueran de nuevo ingreso.
En relación a las jubilaciones y pensiones en curso de pago, “se supone” que se nos respetará; esto en tanto no se nos desconozcan, como sucedió con los trabajadores ferrocarrileros, que quedaron con paupérrimas pensiones del IMSS.
Por de lo dicho, el pasivo laboral no se cubrirá con recursos presupuestales, esto es otra simulación, pues en realidad los acabaremos pagando los propios trabajadores de PEMEX y CFE, pues los transitorios son claros en que: “La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior.” Es decir, si los trabajadores somos despojados de 1,000 millones, serán mil millones los que irán a cubrir el pasivo laboral. Concretamente, seremos los trabajadores activos los que sufriremos a partir del momento en que se modifiquen los contratos colectivos una merma en sus derechos para garantizar las pensiones de los jubilados. Divide y vencerás, reza el dicho.
No hay pues, beneficio alguno para nosotros los trabajadores, sino saqueo de nuestros derechos; el propósito real, es dejar a PEMEX y CFE sin cargas a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores, para facilitar las alianzas y su desmantelamiento y privatización como lo reclaman las corporaciones, especialmente extranjeras; además esto permite crear un mercado de mano de obra más fluido para la transferencia a precio de remate de la mano de obra altamente calificada de PEMEX y CFE en beneficio de las empresas privadas. Es también un camino, para elevar el índice de expoliación de los trabajadores, para mayores recursos fiscales y, de utilidades para las empresas privadas, saqueadoras del patrimonio nacional.

En suma, nacerán corporativos inmensamente ricos, al lado de trabajadores pobres, al lado de un país también pobre y humillado.

En tal virtud, exigimos que se supriman los aludidos artículos 3º y 4º , Transitorios, por ser un arquetipo de inconstitucionalidad e injusticia.

Finalmente, un llamado a las y los trabajadores de petróleos, para que no creamos más la mentira de que serán respetados nuestros derechos y a la población mexicana para que no haga eco de la campaña, una vez más, de desprestigio contra los trabajadores de Pemex. No es ella la que pagará ese pasivo, son los propios trabajadores.

Compañeros, que nuestro destino como petroleros no sea el triste de una vez muy combativo gremio de los ferrocarrileros. ¡La movilización para la defensa de nuestros derechos es indispensable!

¡POR EL RESPETO IRRESTRICTO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES!

UNION NACIONAL DE TECNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTyPP)
COMITÉ NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA ENERGIA (CNEE)”

Nota: este es el texto de los artículos transitorios tercero y cuarto
Tercero. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios a la entrada en vigor del presente Decreto y, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, y modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento del pasivo laboral por parte del Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida.
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal, una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación.
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cuarto. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones que correspondan a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento del pasivo laboral por parte del Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa, y contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro; que se establezcan los mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados hasta el 18 de agosto de 2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de cuentas individuales, y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo para la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida.
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual a que se hace referencia en el párrafo anterior.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación.
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

¿Dijo Lázaro Cárdenas lo que dijo Peña Nieto que dijo?

Hola,

para efectos de mi trabajo, el día en que se publicó la infausta iniciativa de Peña Nieto ,12 de agosto de 2013, hice un análisis de reformas constitucionales y leyes secundarias de la época, determinando que Peña y su equipo hablaban, como suele ser entre políticos, a medias verdades para armar una tomada de pelo completa. Pero no puse por escrito lo revisado, sino hice un breve reporte para otros fines.

Sin embargo, analistas más responsables que un servidor hicieron lo propio y publicaron sendos artículos que desmontan la escenografía del Sr. Peña. Asimismo, Cuauhtemoc Cárdenas, seguramente enterado de por donde venía el golpe, había publicado apenas unos días antes un artículo con una carta de su padre a Jesus Reyes Heroles, el viejo, el de los tamaños.

Esos tres artículos me parece que dan una imagen completa del tamaño del engaño mediático que se quiso hacer con la figura del presidente Cárdenas. Hay que decir que el PRI ya no ha insistido en esa parte de su fraude al pueblo, pero conviene dejar concentrados en un solo lugar estos documentos. Aprovecho para agradecer a Alfonso Díaz Reyes, que me hizo llegar dos de ellos.

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INSULTO PALABRA POR PALABRA

13 agosto, 2013 · de observatoriodehistoria

por Halina Gutiérrez Mariscal, Luis Fernando Granados y Fernando Pérez Montesinos *

Que quieran privatizar la industria de los hidrocarburos es una cosa. Hace tiempo que es evidente para quien quiera ver y escuchar las palabras de los ideólogos del régimen que reforma es un eufemismo para decir “privatización”. Pero que mientan para convencernos de su propósito es un asunto enteramente distinto, pues la mentira es un insulto a nuestra inteligencia. Un insulto. Quizá lo único bueno es que la mentira también ha revelado una vez más la insuficiencia del argumento privatizador y hace manifiesta una actitud culposa por parte de sus abogados.

Ayer, a la hora de presentar su “reforma energética”, Enrique Peña Nieto mintió con todos los dientes. No es que haya dicho una verdad a medias o que haya interpretado los hechos según su interés político. No. Simple y sencillamente intentó engañarnos. Al menos respecto de un punto que él mismo considera importante. Para curarse en salud de la acusación de ser contrario al espíritu cardenista, en su discurso dijo que su propuesta de reforma constitucional “retoma palabra por palabra el artículo 27 del general Lázaro Cárdenas” (aquí está el discurso completo). Esto es falso. Falso de toda falsedad. Porque no existe tal cosa como el artículo 27 “de” Lázaro Cárdenas. Y porque en ningún momento en la segunda mitad de los años treinta la constitución contempló el tipo de contratos que Enrique Peña Nieto acaba de proponer.

Entre 1934 y 1940, el artículo 27 de la constitución fue reformado una sola vez: al año siguiente de la expropiación petrolera (al menos de acuerdo con este estudio de  la Cámara de Diputados). Obviamente, esa reforma es la única con la que podría relacionarse la afirmación de Peña Nieto. Ocurre, sin embargo, que la reforma de noviembre de 1939 —que no obstante entró en vigor apenas en noviembre de 1940— sólo se propuso suprimir el régimen de concesiones, hasta entonces el mecanismo preferido para regular la relación entre la ley y el orden económico existente (aquélla afirmando que todos los recursos naturales son propiedad de la nación, éste impulsando la commodification de las relaciones sociales). Ni la iniciativa de Cárdenas ni el texto constitucional reformado hablan de contratos (aquí el texto de la iniciativa y aquí el decreto). Ni una palabra. Al contrario, lo que entonces se estableció es que

Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos.

Con todo, Enrique Peña Nieto no es un mitómano vulgar. Su mentira no es mera fabulación, sino alteración interesada de los hechos. Empíricamente, consiste en “elevar a rango constitucional” una de las disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27, aprobada por el congreso en noviembre de 1940, semanas antes de que Cárdenas dejara la presidencia. En efecto, el artículo 7 de esa ley contempló la posibilidad de

[…] establecer contratos con los particulares, a fin que estos lleven a cabo, por cuenta del gobierno federal, los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que se obtengan [aquí está el documento].

Como el viraje antiestatista de la ley se corresponde con la extraña manera en que Cárdenas terminó su mandato —cediendo a la presión de la derecha dentro y fuera del gobierno para garantizar la continuidad del régimen—, simbólicamente el engaño se basa en suponer que la política cardenista fue siempre la misma y que fue además de una coherencia absoluta; como si Peña Nieto sólo fuera capaz de percibir al señor cuyo retrato aparecía en los billetes de 10 mil pesos.

Con todo, en la invocación fraudulenta del Cárdenas del 18 de marzo cabe ver una suerte de derrota cultural de quienes, como Peña Nieto, llevan años insistiendo en que el único modo de solucionar la crisis de la industria petrolera es abrirla al mercado (lo mismo da si mucho o poquito). Porque, por supuesto, la premisa del engaño, el elemento que la hace posible, es una convicción social, recogida incluso por las encuestas de opinión, acerca del sentido de la expropiación petrolera y la creación de Pemex, que hasta ahora parece no haber sido afectada por la propaganda gubernamental. En ese sentido, la mentira clara y distinta de Peña Nieto no es más que una nueva evidencia de que el petróleo es de todos no por obra y gracia de un general michoacano sino por la voluntad de millones de personas —millones que ayer fuimos insultadas por el presidente de la república.

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¿PALABRA POR PALABRA?

19 agosto, 2013 · de observatoriodehistoria · ·

por Bernardo Ibarrola *

“Lo que busca la reforma energética es que el artículo 27 de la constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra”, dice la propaganda gubernamental actual. Si esto fuera cierto, al ejecutivo federal le bastaría con enviar una propuesta para que el actual artículo 27 constitucional volviera a decir, palabra por palabra, lo que decía tras la reforma de 1940, cosa que sería, a ojos vistas, una completa insensatez.

Contundente apoyo ciudadano a la reforma de 1938. ¿Podría el actual

gobierno ufanarse de tal apoyo a su propuesta de reforma?

Lo que en realidad están haciendo los publicistas de la presidencia es usar una maña elemental, vieja como la escritura de la historia: encontrar en algún documento del pasado la frase que les conviene para los proyectos del presente y utilizarla como slogan. Descontextualizan y anacronizan, lo que pone en evidencia su ignorancia o su mala voluntad, o ambas cosas.

La “Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo”, publicada en el Diario Oficial el 9 de noviembre de 1940 —cuya liga está cada vez más escondida en el sitio de presidencia— establece que

Los contratos de que hablan los artículos anteriores, solo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador.

¿El actual proyecto de presidencia también pretende recuperar esta parte de la ley cardenista? Si es así, entonces ningún particular extranjero ni ninguna sociedad mexicana que cotice en alguna bolsa —para cotizar en bolsa hay que emitir acciones— podrá participar en la industria petrolera. Fuera del nuevo negocio quedarían Exxon, Shell, Total y la Tabasco Oil Company, recién adquirida por Carlos Slim a través del grupo Carso, que participa en la bolsa desde hace mucho tiempo. ¿Palabra por palabra o sólo las palabras que les convienen?

Un simple vistazo a los documentos básicos del asunto petrolero en tiempos de Cárdenas nos sugiere —si se leen con atención y algo de honestidad— que hace 75 años la verdadera disyuntiva era entre intereses privados e intereses públicos. Dijo el presidente Cárdenas en su “Manifiesto a la nación” el 18 de marzo de 1938:

Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.

Riqueza potencial de la Nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria petrolera en México.

Examinemos la obra social de las empresas: ¿en cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?

¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y alguna vez ilegales?

Unos meses más tarde, en la “Exposición de motivos” de la iniciativa de ley para modificar el artículo 27, Cárdenas explicaba con menos apasionamiento y más precisión

Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales, cuya tutela procurará el Gobierno con todo empeño y energía.

Eso dijo Lázaro Cárdenas: en lo que respecta a la industria petrolera, los intereses privados llegan a ser distintos o antagónicos a los intereses generales, y no se ve motivo para que “continúen formándose y vigorizándose”. Eso dijo. Palabra por palabra, como se puede ver en el sitio de la Presidencia de la República.

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El primer artículo hace mención del viraje a la derecha de Cárdenas en el último momento de su gobierno. También se alega por Peñistas que su apoyo a cierto tipo de ayuda extranjera (acotada como ya vimos, de  una manera que EPN no hace) fue por razones prácticas. Sin embargo, esa “ayuda” sería en realidad un robo, como describe el propio Lázaro en la carta que a continuación presenta Cuauhtemoc y la reacción de Lázaro ante esto y las medidas tomadas por Ruiz Cortines y otros siguió siendo de un nacionalismo que se perdió con la llegada de los egresados de Harvard y Yale al poder y que ahora Peña pretendió burdamente a la vez escamotear y secuestrar.

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Lázaro Cárdenas y la reforma energética
Cuauhtémoc Cárdenas

Estamos a unos días, por no decir a unas horas, de que se anuncie la propuesta del gobierno de la República sobre las reformas en materia energética. En los últimos días, desde el lado oficial se han multiplicado las expresiones que la reforma, que ya pronto se dará a conocer, se corresponde con los cambios introducidos en la legislación petrolera a raíz de la expropiación, esto es, en los últimos meses de la administración de Lázaro Cárdenas en 1940.

El pensamiento y las posiciones de Lázaro Cárdenas en materia de política petrolera, como en otros temas que tuvo siempre presentes (la reforma agraria, la libertad de los presos políticos, la defensa de la soberanía y la autodeterminación, y la paz) no fueron estáticos de diciembre de 1940, en que concluyó su gobierno, hasta el 19 de octubre de 1970, día en que falleció. Así, cuando consideraba que debía hacer manifestación pública sobre alguna cuestión, de acuerdo o en desacuerdo con la administración en turno, siempre lo hizo, y no recuerdo que en relación a los cambios en las políticas petroleras que se efectuaron en los 30 años que vivió como ex presidente, se haya expresado contrario a cualquiera de ellas.

Quisiera, en relación con estas ideas, transcribir lo esencial del contenido de una carta que Lázaro Cárdenas dirigiera a Jesús Reyes Heroles, fechada el 30 de marzo de 1968 ( Epistolario de Lázaro Cárdenas. Siglo XXI Editores. 1974. Páginas 91 a 93), que dice:

“Me considero impulsado a expresar a usted mi solidaridad ante las explicables, aunque injustificadas críticas que representativos del sector empresarial han publicado en relación a su importante informe del 18 de los corrientes, y en particular sobre las tesis por usted sustentadas respecto a los tradicionales inconformes con las crecientes actividades económicas de los estados republicanos modernos (…)

“A la vez, expreso a usted mi firme simpatía personal por la conceptuosa y firme defensa que hizo en su informe de las atribuciones públicas del gobierno revolucionario, en relación a las responsabilidades del sector privado empresarial.

“La interdependencia de las relaciones sociales explica que es sólo un espejismo creer en la existencia autónoma de los capitalistas privados, que no son los únicos inventores de la ciencia y la técnica contemporáneas. Además, dadas las tendencias acumulativas de los grandes capitales privados y sus correlaciones con los monopolios internacionales, está en su origen y esencia acaparar y explotar riquezas naturales de los territorios ajenos, sobre todo de los recursos no renovables, agotándolas a la par que la fuerza humana de trabajo, logrando con ello cuantiosas utilidades. Más aún, al amparo de concesiones y privilegios, se forman estatutos de excepción extraterritorial violatorios de la soberanía. Es del dominio público que los consorcios petroleros han ejercido incentivos y presiones para desviar a la industria nacionalizada de sus objetivos iniciales e intrínsecos, al grado de que su economía ha sufrido la carga de compensaciones infladas, como las de la compañía El Águila, SA, que a su exagerada cuantía se agregó la del pago en moneda extranjera. No es inoportuno anotar que el espíritu nacionalista de la expropiación de 1938 y de la Reforma Constitucional de 9 de noviembre de 1940, no se respetaron plenamente: los contratos de exploración y explotación permitidos por la Ley Reglamentaria de 1941, se concedieron con participación en la producción del petróleo a empresas nacionales y extranjeras (afortunadamente ya se cancelaron los 18 contratos). El institucional reconocimiento de las concesiones confirmatorias facilitó indemnizaciones indebidamente autorizadas por la Ley Reglamentaria de 1958, mediante convenios privados sobre compensaciones a superficiarios, con la agravante circunstancia de que en las indemnizaciones se llegó a valorizar la potencialidad del subsuelo petrolífero, reivindicado por México desde la vigencia del artículo 27 constitucional.

“Muy certeras sus palabras del informe, de que ‘los hombres del gobierno son servidores y no negociantes. Deben convencerse que las tareas administrativas y la acción política se dirigen al servicio de la sociedad’ y de que ‘no dejemos por descuido, apetito o complicidad, que se transformen en utilidades individuales, que son utilidades de la nación’.

“Por lo anterior aplaudo tanto al criterio presidencial, que ‘señaló la conveniencia de sustituir la rentabilidad máxima de cada empresa, por la noción de la mayor eficacia global de las inversiones con fines sociales’, como a sus conceptos sobre que ‘la orientación fundamental de nuestra economía mixta consiste en el desarrollo por y para la independencia nacional, el bienestar social, las libertades espirituales y el perfeccionamiento democrático’ y de que se deben ‘de determinar las grandes directivas acordes con los fines perseguidos y lograr que los sectores público, social y privado de México actúen de conformidad con ellas’, dejando el sector privado de despilfarrar sus utilidades, eludir impuestos, evadir la legislación social, presionar la unidad laboral con sindicatos blancos y sin operar como mandaderos del capital extranjero.

“Esta advertencia de usted recoge el sentir general ante la creciente competencia del capital inversionista extranjero, que está minando nuestra autonomía económica al obtener máximos beneficios. Es tan peligrosa esta situación que los extranjeros ya se han apoderado del 60 por ciento de la industria de transformación desplazando a empresarios mexicanos y ocasionando que el comercio de exportación sufra las arbitrarias bajas de precios, en cambio de las alzas de los valores de importación.

Estoy seguro que seguirá usted con integridad doctrinaria y dinámica infatigable los postulados de la nacionalización de la industria petrolera mexicana, y que continuará superándola, mediante las reformas legales y administrativas conducentes, ya que esta industria no es únicamente factor básico del desarrollo de la industria nacional, sino de la autonomía económica y política del país (…).

En fin, creo que resulta oportuno reflexionar sobre lo que expresara Lázaro Cárdenas 30 años después de la expropiación.

Subrayado de C. Cárdenas

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