Les comparto este dictamen preliminar a 24 casos, hecho por cuenta de los que abajo se señalan, a nombre del 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

CAPÍTULO MEXICO

 

Post-Audiencia

“Devastación ambiental y resistencia popular en el centro de México”

 

 

Tula, Hidalgo, 10 y 11 de octubre de 2014

Comité Dictaminador:

 

Dalia Ortiz Zamora

Juanita Ochoa Chi

Natalia Pérez Cordero

Alejandro Corona Bahre

 

  

Presentación.

La Post-Audiencia “Devastación ambiental y resistencia popular en el centro de México”, realizada en la ciudad de Tula, Hidalgo, durante los días 10 y 11 de octubre de 2014, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, “Libre comercio, violencia estructural, impunidad y derecho de los pueblos”, busca darle continuidad a los trabajos de la audiencia de “Devastación ambiental y derechos de los pueblos”, presentada en la Ciudad de México los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013.

El dictamen final de esa audiencia constató el desamparo institucional, la simulación y la impunidad del Estado mexicano frente a la devastación ambiental, que ha permitido la configuración de una estructura de impunidad que limita y somete al medioambiente y a las víctimas de estas agresiones en su reclamo de justicia, reparación integral del daño y la aplicación del principio precautorio para evitar los riesgos ambientales en el país.

Este dictamen condenó al Estado mexicano por la violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo sustentable de sus habitantes. En síntesis, se condenó enérgicamente al Estado mexicano por la desviación de poder a favor de las empresas nacionales y transnacionales, que ha provocado la devastación ambiental del país, calificando sus acciones como crímenes de lesa humanidad en contra de los pueblos definidos en el estatuto de Roma, ratificado por México, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población mexicana. Entre otras cosas, esta desviación de poder se ha caracterizado por un doble discurso de defensa de los derechos humanos y dictado simultáneo de leyes que los vulneran, de las cuales la reforma energética es solo el más reciente y masivo ejemplo.

Esta post-audiencia aquí celebrada, a la que preceden 14 preaudiencias, corrobora este dictamen, y lo amplia documentando casos y testimonios paradigmáticos de destrucción ambiental de una región en la que se emplazan importantes instalaciones industriales en el país, que cubre los estados de Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz. Ello queda manifiesto en las doce violaciones a derechos humanos que se presentan más adelante como parte de este dictamen.

La audiencia general introductoria realizada en Ciudad Juárez, en mayo del 2012, ha reconstruido el contexto integro de los impactos de las políticas neoliberales sobre los derechos de las y los mexicanos, simbolizadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que se traducen en una violación masiva y sistemática de los derechos a través de la desviación del poder.

Al marco del TLC se debe agregar el Plan Puebla-Panamá gestionado por el gobierno de Fox con los Estados Unidos para el fomento de megaproyectos y la infraestructura que éstos requieren, en parte de la zona geográfica aquí discutida, y el Plan Mérida gestionado por el gobierno de Calderón con el vecino país para profundizar la militarización de México. Este último ha fortalecido las posibilidades de una represión masiva a la población mexicana que se inconforme con estas situaciones, además de que ha contribuido a incrementar en diversos casos la violencia y con ello, a despoblar algunas regiones del país a fin de crear condiciones propicias para el extractivismo, dado el papel de proveedor de minerales e hidrocarburos que la globalización dirigida desde Estados Unidos le ha asignado a México, todo ello con el pretexto del combate al narcotráfico, a su vez también fomentado en muchos casos desde los niveles de gobierno.

En últimas fechas, se añado al marco del proyecto neoliberal globalizador en México la contrarreforma energética, que entregará en un futuro cercano ya no solo una proyectada mayor parte de los hidrocarburos de México, sino una parte creciente de las utilidades directas de la actividad petrolera a transnacionales y economías extranjeras y con ello, el sometimiento total de la economía, el patrimonio nacional y el trabajo de los mexicanos a los intereses de Estados Unidos y otras potencias.

Procedimiento.

Los miembros de este comité hemos tenido la oportunidad de escuchar casos que denuncian y evidencian con pruebas y testimonios las problemáticas socioambientales de sus regiones. Tras las exposiciones, el comité ha recibido además informes escritos, algunos muy detallados, documentos oficiales, fotografías y vídeos que avalan su noble y sencilla palabra.

Los miembros que conformamos el jurado dictaminador somos:

  • Dalia Ortiz Zamora. Geóloga por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra en ingeniería ambiental y doctora en ciencias. Profesora de la facultad de ingeniería.
  • Juanita Ochoa Chi. Economista por la Facultad de la UNAM, maestra en sociología y doctora en ciencias políticas. Profesora e investigadora de la UACM.
  • Natalia Pérez Cordero. Licenciada por la Facultad de derecho de la UNAM. Abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
  • Alejandro Corona Bahre. Licenciado por el Departamento de Economía de la UIA, con estudios de maestría en administración de la tecnología por la UNAM y militante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

 

 Introducción.

Los pueblos y comunidades de la región centro de México, que forman parte de diversas agrupaciones, colectivos sociales y comunidades campesinas e indígenas, han presentado ante este comité dictaminador una visión amplia de las problemáticas ambientales que afectan a la región, que han generado una devastación natural, económica, social y cultural sin precedentes, producto de la industrialización y de la urbanización salvaje, agravadas desde los ochenta por la globalización dictada desde Estados Unidos, que ha reasignado a México un papel fundamentalmente extractivista y solo localizadamente agrícola e industrial.

Este comité dictaminador reconoce el esfuerzo realizado por los 24 colectivos y comunidades que han tenido el valor y la entereza de presentar sus casos y testimonios en esta post-audiencia. Sabemos que su presencia aquí ha implicado un gran esfuerzo que será imitado, reconocido y recompensado por las generaciones presentes y futuras que habitan nuestros valiosos y generosos territorios.

Con gran respeto hacemos un reconocimiento a Caminando por la Justicia A. C. y Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina; Lino García Terán y Jesús Cornejo Caballero  representantes de Tezontepec de Aldama; Argelia Velázquez León representada por Irma León Tovar, afectadas por el basurero de Tula; los pueblos de Xochitlán de las Flores, San Andrés Tultepec y Nantza representados por Roberto Beltrón; el ejido Nopala de Villagrán representado por su comisario ejidal Lucas Fuentes Bravo; el pueblo Hñahñu del municipio de Santiago de Anaya; Frente de comunidades en contra de la incineración de residuos sólidos urbano e industriales, representado por Enrique Ramírez López; Yuri Uribe Montero representando a 14 comunidades de Tula de Allende y Tepetitlán afectadas por la presa Endhó; David Hernández Uribe representante de la comunidad de Juchitlán Bathi, municipio de Chapantongo y otras 15 comunidades aledañas; Felipe Jiménez Sánchez del Sindicato Mexicano de Electricistas; las comunidades de Segunda del Llano, Primera del Llano, Iturbide, y otras doce comunidades del Estado de Hidalgo; La Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo AC, la Red Unidos por los Derechos Humanos y Comunidades de la región del Totonacapan y la Alianza Mexicana contra el Fracking, representadas por Alejandra Jiménez; Gonzalo Rodríguez Cano  representante de Asociación de Productores Ecologistas Tatexco A. C. (Apetac); Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía; la comunidad de Santiago Tlacotepec a través de su Comité ciudadano; comunidad Hñahñu de San Idelfonso y su representante César Cruz Benítez; EcoTuzuapan representando a las comunidades de Palmar de Bravo, Puebla; Chogosteros en Accion de la comunidad de Jaltipan; los testimonios de ejido de San Marcos, Zumpango, Estado de México, Izúcar de Matamoros, Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Estos colectivos en su conjunto nos han dado una panorámica trágicamente ejemplar de la devastación ambiental en el país. Han testimoniado y documentado casos dramáticos de afectaciones al medio ambiente, la salud y la cultura de sus poblaciones generados por: los parques industriales de Tula, Atitalaquia (Hidalgo) y el de Jilotepec (Estado de México); los corredores industriales de Salamanca (el denominado Manchester mexicano) y Cuautitlán-Tepeji del Río-San Juan del Río (uno de los más contaminados del mundo, pues concentra 115 empresas que generan cientos de miles de contaminantes provenientes de la petroquímica, termoeléctricas, cementeras y sus respectivas incineradoras); los despojos e impactos ambientales en el agua, aire y tierras de cultivo y afectaciones a la salud de las poblaciones generados por las cementeras Holcim Apasco, Cruz Azul, Cemex, Fortaleza Santa Anita y Lafarge, que han generado una crisis de escasez y contaminación del agua inédita en la región; los efectos ambientales generados por las actividades de Petróleos Mexicanos y sus contratistas, en particular las refinerías ubicadas en Hidalgo y Salamanca, las petroquímicas, así como los derrames por explotación de pozos y aplicación de nuevas tecnologías para extracción de gas (fracking), en Veracruz, cuyos efectos todos se han traducido en la muerte de especies de flora y fauna y afectaciones de la salud de miles de personas; el despojo desencadenado por la explotación de minerales metálicos y no metálicos y la destrucción del ambiente y la salud de las comunidades que siempre se acompaña de una violencia, persecución, criminalización  y asesinatos de sus opositores; la destrucción ambiental y comunitaria a través de múltiples modalidades de acumulación de desechos provenientes de diversas fuentes, como los derrames de la industria del petróleo, las letrinas de líquidos residuales del fracking, los lodos tóxicos provenientes de las refinerías depositados en socavones de las comunidades de Salamanca y Atotonilco, la incineración de residuos tóxicos industriales y hospitalarios por parte de las cementeras, la acumulación de residuos urbanos y tóxicos de todo tipo en el tiradero a cielo abierto de Tula y el despojo de tierras desencadenado por la construcción del tren rápido México-Querétaro y las carreteras construidas y proyectadas en la región, destruyendo ambiente y zonas arqueológicas detectadas por las propias comunidades (a través del engaño, estafa, anulación de derechos indígenas, marginación extrema y reubicación de comunidades, así como de la criminalización de su protesta); y agresiones a los derechos laborales con el fin de facilitar la privatización de los recursos energéticos del país, referido por los electricistas del SME del estado de Hidalgo. Mención aparte requiere el complejo caso de la presa Endhó, construida en los años cincuenta sin el consentimiento de las comunidades, desplazadas a zonas sin agua, y alimentada desde los años setenta con los residuos orgánicos e industriales acarreados via aguas negras desde la Ciudad de México y el corredor industrial Cuautitlán-Tepeji-San Juan del Río, considerada como la presa más contaminada de América Latina, que afecta un área de 1,260 hectáreas y a 800 familias, las cuales reportan altos grados de mortalidad y casos de mutación genética, cáncer, hepatitis, afectaciones a la piel, enfermedades degenerativas, corroboradas por estudios que se han hecho en la región;

En el ejercicio pleno de nuestras competencias y como parte de una colectividad dispuesta a defender sus fuentes de vida y felicidad, este comité se dio a la tarea de conocer, analizar y ponderar los casos, testimonios y evidencias presentados, a fin de dar cuenta del carácter estructural y permanente de las múltiples afectaciones perpetradas por el Estado y las empresas, que dan cuenta de una violación sistemática y dolosa de los derechos fundamentales a la vida y la salud y a un ambiente sano, derechos territoriales, consulta y consentimiento libre e informado, en la región centro de México y otros estados.

En el marco de los tratados internacionales y en particular del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la defensa de nuestro territorio ejemplificada en los 24 casos presentados son un ejemplo de valentía y determinación dignos de ser reconocidos y animados, por lo que suscribimos la consistencia de sus argumentos, la solidez de las evidencias, y denunciamos con ellas una inobjetable responsabilidad de las diferentes instancias del estado mexicano, empresas y corporaciones nacionales e internacionales, que a lo largo de décadas imponen el deterioro y destrucción de sus espacios de vida.

Agravios comunes y particulares.

 

  1. Empresa “ATC, Inmobiliaria S.A. de C.V.”

Es una fabricante maquiladora e importadora de plaguicidas ubicada en el parque industrial del municipio de Atitalaquia.

Los demandantes son Caminando por la Justicia AC y Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, representados por Hugo Mendoza Vargas, a nombre de vecinos del parque industrial.

La principal afectación es el incendio de la planta verificado el 7 de abril de 2013 donde ardieron agroquímicos para elaborar los pesticidas. Se desconoce la cantidad y tipo preciso de tóxicos que se incendieron. En reuniones, las autoridades quedaron de clausurar esta empresa, pero no ha sido clausurada y sigue trabajando. No hubo reparación por parte de la misma.

Si bien ATC cerró, se sospecha que el laboratorio incendiado fue reconstruido en una empresa vecina del mismo dueño, cuya razón social se desconoce.

Entre las afectaciones, están un cuadro de intoxicación que llevaron a desmayos y diarreas entre otros efectos, El incendio ocurrió muy cerca de la ubicación de empresas de alimentos como Bimbo, Zigma Alimentos (Fud) y Cargill, entre otras.

El número de afectados fue de 7,000 moradores de los municipios de Atitalaquia y Atotonilco.

Los tóxicos despedidos por el incendio tienen efectos cancerígenos a través de la contaminación del agua y aire.

Las demandas más importantes a las autoridades fueron el cierre, responsabilización y pago de indemnizaciones de la empresa,  la creación de un fideicomiso para problemas de salud, la construcción de un atlas de riesgo, un hospital de especialidad de oncología, estudios del agua y medio ambientales, la constitución de una comisión ciudadana en auditoria y seguridad, el impulso de una agricultura y ganadería libre de tóxicos y la instalación de potabilizadoras, la gran mayoría de las cuales no fueron atendidas.

  1. Caso Tezontepec

Tezontepec de Aldama es un municipio del Estado de Hidalgo

El demandante es el municipio citado, representado por Lino García Terán y Jesús Cornejo Caballero.

Las afectaciones por contaminación de agua, tierra y aire que se describen son masivas y resultan de la actividad de las cementeras Tolteca (ahora Cemex) y Cruz Azul, la planta termoeléctrica Francisco Pérez Rios, la refinería Miguel Hidalgo, empresas textiles, así como los parques industriales de Tula, Tepeji del Río y Atitalaquia, el agua de riego que viene desde la Presa Endhó, que como se ha mencionado antes contiene innumerables sustancias tóxicas, los agrotóxicos que se emplean en el campo y la explosión de ATC mencionada en el caso anterior. Se añaden las fumigaciones que llevan a cabo los agricultores sin protección alguna.

Aunque el demandante se concentra en el caso de Tezontepec, señala que el número de afectados es muy grande, ya que comprende 17 municipios de la región Tula Tepeji Valles del Mezquital, en el Estado de Hidalgo, que poseen una población de 625,000 habitantes.

Los efectos sobre la salud son muy amplios: respiratorios, cardiovasculares, crónico-degenerativos, destacadamente el cáncer, así como los espantosos casos de insensibilidad congénita, de consecuencias frecuentemente mortales. En el municipio de Tezontepec hay 50 muertes de cáncer al año, con variedad creciente de tipos de esta enfermedad.

Las demandas incluyen la construcción de un hospital de oncología,  recursos para las campañas de prevención y manejo de sustancias agroquímicas, vigilancia de las emisiones industriales en la zona, programas emergentes para afectados en salud y que las multas a empresas se destinen a la población y no a la Secretaria de Hacienda federal, entre otras.

  1. Caso Basurero Tula

Este caso es el de una parcela que una particular que rentó a 4 municipios, que son Tula de Allende, Atotonilco, Tlaxcoapan y Atitalaquia, para un supuesto relleno sanitario con un contrato de una vigencia de 18 meses.

La demandante es Irma León Tovar, representada por su hija Argelia Velázquez León.

Las afectaciones son no solo de carácter agrario sobre los derechos de las demandantes que han promovido la rescisión del contrato de arrendamiento sin éxito, sino de carácter social, ya que el predio se usa no para relleno sanitario sino como basurero a cielo abierto, se depositan desechos industriales y hospitalarios cuando el basurero está previsto para desechos urbanos, sin verificación del tipo de residuos proveniente de diferentes empresas, como Pemex, y sin la infraestructura necesaria para evitar la contaminación de suelos, agua y aire.

El número de afectados es un número indeterminado de habitantes de la Cd. de Tula.

Las afectaciones a la Salud, como en los casos anteriores, son respiratorias y crónico-degerativas.

La demanda es que se les devuelva la propiedad previa remediación, para darle uso agrícola.

  1. Caso Río Rosas

El río Rosas proviene del Estado de México. Los demandantes son los pueblos de Xochitlán de las Flores, San Andrés Tultepec y Nantza, representados por Roberto Beltrón. Son comunidades ribereñas del río.

La afectación es la contaminación del río por descargas industriales del parque industrial de Jilotepec. Los árboles frutales de las comunidades se han llenado de plagas y acaban por secarse. Esto ha provocado que producción frutícola disminuya y se afecte su economía en general. Además han desaparecido del río el acocil, que es un camarón de agua dulce y especies varias de peces.

El número de afectados es indeterminado.

Se reportan daños dermatológicos diversos.

Las demandas incluyen estudios ambientales, toxicológico y epidemiológicos independientes, un estricto control de desechos tóxicos del parque industrial de Jilotepec y que se castigue a los responsables de la devastación del río Rosas, la reparación del daño integral y viable a las comunidades afectadas, así como la garantía de que no se traspasen los daños a otras comunidades.

  1. Caso Tren México Querétaro, Nopala

Este caso aborda la construcción del tren suburbano México Querétaro y su paso por tierras ejidales del municipio de Nopala de Villagrán.

El demandante es el ejido Nopala de Villagrán representado por Lucas Fuentes Bravo, presidente del Comisariado Ejidal.

Las afectaciones son el despojo de tierras ejidales para el paso del mencionado tren y la consecuente interrupción de proyectos productivos, en particular la extracción de materiales pétreos como arena, grava, tezontle y tepetate.

El número de afectados son 150 ejidatarios cooperativistas y sus familias y otras comunidades donde pasará el tren.

Sus demandas se enfocan a cambiar el trazo del tren, y en su defecto el pago justo de las tierras donde se encuentra el proyecto sustentable de los ejidatarios.

Caso 6. Santiago de Anaya

Es el caso de la afectación del municipio de Santiago de Anaya por la cementera de Carlos Slim “Fortaleza Santa Anita”.

Las afectaciones se refieren a la contaminación del aire, agua y cosechas cubiertas de ceniza. Se acusa además a la Conagua de extraer agua por medio de 8 pozos para alimentar la ciudad de Pachuca, dejando a los moradores con agua solo una vez a la semana.

El número de afectados es la población del municipio de alrededor de 14,000 personas y de otros municipios como Actopan, Arenal, Ixmiquilpan y San Salvador.

Reportan como daños a la salud afectaciones a la vista de los niños.

Sus demandas se concentran al cierre de la cementera y que se busquen alternativas de suministro de agua para Pachuca y de esta forma garantizar el abasto de consumo de agua en la comunidad.

  1. Caso ECOLTEC

Ecoltec es una cementera subsidiaria de Holcim Apasco que ha causado repetidamente cuadros de afectación de la salud en la población. La denuncia también va contra Cemex y Lafarge.

Los demandantes son el Frente de comunidades en contra de la incineración de residuos sólidos urbano e industriales, representada por Enrique Ramírez López, los pobladores de los municipios de Atotonilco y Apasco y otras comunidades en las inmediaciones del corredor industrial Tula-Tepeji-Apaxco.

Las afectaciones son por incineración de basura y otros compuestos por industrias cementeras, caleras, refinerías, termoeléctricas, fundidoras entre otras que generan dioxinas y otros COP (contaminantes orgánicos persistentes), que se alojan en la cadena alimenticia con graves efectos mutagénicos y carcinogénicos sobre el humano.

En marzo del 2009 fallecieron once campesinos al limpiar un cárcamo que emanaba gases tóxicos por la contaminación del Río Salado, en donde se presume, hay descargas de ECOLTEC.

Además se traen entre 5 y 10 toneladas diarias de basura del Bordo Poniente desde hace un año para incinerar en la empresa.

Además, como parte del caso, se reporta la denuncia de la Comunidad del Barrio de Bovedas a la empresa Cal del Tigre que quema combustibles alternos (es decir basura) sin licencia para ello.

En esta zona la Profepa ha dictaminado la existencia de contaminación pero se les a las empresas seguir operando. La Universidad de  Tula Tepeji dice que no tiene el equipo para hacer estudios y mediciones relativos a la problemática, acerca de la cual por otra parte se desinforma a la población a través de medios de comunicación.

Los afectados son decenas de miles de pobladores de los municipios y zonas mencionadas.

Los problemas de salud son de alergias, de vías respiratorias y de cáncer y al sistema nervioso de niños y adultos dañando funciones básicas como la memoria y la atención. Ante estas afectaciones, el IMSS solo cuenta con servicios de primeros auxilios.

Los denunciantes demandan normas para que empresas dejen de incinerar basura como combustible y en particular que ya no se traiga basura del Bordo Poniente.

Caso 8. Presa Endhó

La presa Endhó es el destino final del emisor central del drenaje de la Ciudad de México y del corredor industrial Cuautitlán-Tepeji-San Juan del Río.

Las demandantes son 14 comunidades de Tula de Allende y Tepetitlán representadas por Yuri Uribe Mortero.

Las afectaciones son originalmente la reubicación de los poblados a zonas sin agua y la desaparición de la pesca y turismo así como la extinción de flora y fauna y actualmente las emanaciones e infiltraciones de aguas negras orgánicas e industriales sin tratamiento alguno, haciendo de ella la zona más contaminada de Hidalgo. Además, no pueden usar las aguas de la presa para ningún fin ya que están concesionadas. Otra es el deterioro ambiental por la construcción de la autopista Arco Norte.

Son alrededor de 20,000 afectados.

Las afectaciones a la salud son leucemia, cáncer, hepatitis, asma, irritación de ojos, problemas dermatológicos, dientes manchados y riesgos sanitarios varios.

Las demandas son el saneamiento de la presa y  pozos, plantas tratadoras, dotación de tierra agrícola, concesión de agua, construcción de hospital de oncología, la reclasificación como zona de alta marginalidad y fideicomiso público con representación social para la ejecución de acciones ambientales.

  1. Sistema de agua

Se refiere al sistema comunitario de extracción de agua potable de un pozo del poblado de Juchitlán Bathi en el municipio de Chapantongo.

Los demandantes son los pobladores de la población citada, representados por el Sr. David Hernandez Uribe y 15 comunidades de municipios aledaños.

La afectación es el alza injustificada del costo de la energía eléctrica con impacto directo en el bombeo de agua potable, causando problemas de supervivencia a las comunidades. O pagan el bombeo de agua o pagan alimentación y otros gastos. Con Luz y Fuerza pagaban 22,000 mensuales y ahora es de 45,000. Otro problema son los tiraderos a cielo abierto cercanos a sus comunidades, los cuales reciben basura de todo el municipio y de Iguala, con la consecuencia de 50 manantiales superficiales contaminados.

Sus principales demandas se centran en que se deje de cobrar una tarifa tan alta e injusta así como que se les devuelva económicamente los excedentes de pagos emitidos. Demandan también que se reconozca el mencionado sistema comunitario de agua, que fue construido por la comunidad y no por el gobierno y que se reponga la tubería vieja y desgastada del mismo, la cual provoca fugas y contaminación por oxidación de las tuberías.

  1. Caso SME

El SME es el Sindicato Mexicano de Electricistas cuyos afiliados fueron despojados de su fuente de trabajo al cerrar la Compañía de Luz y Fuerza.

El demandante es el SME representado por Felipe Jiménez Sánchez

La afectación es el despojo de su fuente de trabajo en una serie de acciones que involucran decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los trabajadores fueron desalojados con lujo de violencia de sus lugares de trabajo por la policía federal, bancaria, ministerial y personal ejército mexicano vestido de policías federales preventivos.

El número de afectados es más de 44 mil trabajadores.

Denuncian un gran deterioro y desincorporación familiar en los y las trabajadoras del Sindicato.

Cabe mencionar que el SME ha convocado, también en esta audiencia, a la población usuaria de energía eléctrica a organizarse en contra de las altas tarifas eléctricas y no pagar el servicio.

Sus demandas son el reconocimiento del patrón sustituto, los salarios caídos, las prescripciones del contrato colectivo de trabajo y el reingreso de trabajo.

  1. Caso Refinería y Termoeléctrica

Se refiere a las instalaciones de Pemex y CFE en Tula Hidalgo.

Los demandantes son habitantes de las comunidades de Segunda del Llano, Primera del Llano, Iturbide, y otras doce comunidades del Estado de Hidalgo.

Las afectaciones son los vertidos de residuos al río Tula por parte de la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y Clarimex en el Parque Industrial que contienen más de 104 sustancias tóxicas, algunas desconocidas, la quema de gas de la refinería, así como concesiones de uso de agua por 44,000 millones para la refinería y 41,000 millones para la termoeléctrica, de metros cúbicos por año. Pemex ya no paga indemnizaciones. Las autoridades de tres niveles son omisas.

Las afectaciones a la salud son cánceres de estómago, esófago, infartos, enfermedades de la piel, respiratorias y malformaciones genéticas. Además reportan diabetes por cambios en la cultura de la alimentación.

Se demandan hospitales y que los residuos tóxicos no sean quemados.

En el contexto de este caso vale la pena mencionar los resultados de un estudio presentado en esta audiencia por parte de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo AC, realizado en 2011 y el cual reporta que el 58% de una población encuestada de quince municipios del estado consideraba que una nueva refinería hasta hace poco proyectada, aunque ahora cancelada, en el municipio de Tula de Allende, generaría perjuicios de contaminación ambiental.

  1. Caso Fractura Hidráulica en el Totonacapan Veracruzano

La fractura hidráulica o fracking es una técnica para extraer hidrocarburos del subsuelo que contamina mantos freáticos, genera sismos y contribuye  calentamiento global.

Son varios demandantes, entre los que destacan la Red Unidos por los Derechos Humanos y comunidades de la región del Totonacapan, representadas por Alejandra Jiménez.

Las afectaciones son el uso de la técnica de fracking hidráulico, hecho negado por las autoridades, en esa zona, lo afecta gravemente la disponibilidad de agua salubre para consumo humano y la contaminación de los mantos freáticos, asi como deterioro cultural y de identidad por la presencia de empresas privadas nacionales e internacionales, casos de prostitución y abandono del campo en favor de la actividad petrolera. Para 2012 hay 3520 pozos perforados, parte de los cuales con técnica hidráulica y un pozo letrina, que es de inyección de agua contaminada descartada al subsuelo profundo. Otras afectaciones son de la actividad petrolera son explosiones, derrames, fugas de gas y muerte de ganado.

  1. Caso Industria petrolera y sus pasivos ambientales en la región sur de Veracruz

El demandante es la Asociacion de Productores Ecologistas Tatexco AC (Apetac), representado por Gonzalo Rodríguez Cano.

Las afectaciones son los impactos de más de cincuenta años de actividad industrial (petrolera, petroquímica y química principalmente) sobre las comunidades, entre las cuales destaca el mal manejo de los desechos tóxicos y los derrames de crudo, que han tenido como consecuencia la disminución de la pesca en el río Tatexco, la poca productividad en tierras de cultivo que históricamente fueron rentables y la mortandad de ganado mayor y animales domésticos. Se expone en particular el caso de la planta deshidratadora de crudo llamada Ágata que vertía en a fines de los noventa sus desechos directamente al río.

Las demandas principales son

  • un estudio de salud pública generalizado no manipulado de los efectos de la contaminación
  • la restauración ecológica de toda la cuenca y de las zonas afectadas
  • Se respete las normas en materia de medio ambiente y salud y se use tecnología eficiente.
  • se detenga la privatización de los hidrocarburos y minerales
  • la vida en un mundo sin tóxicos
  • El transito global a fuentes de energías renovables de bajo impacto para el medio ambiente
  1. Salamanca Guanajuato

En la ciudad de Salamanca está la refinería Antonio M. Amor, contaminante de la región.

El demandante es el Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía

Las afectaciones son causadas por la refinería, una termoeléctrica y el corredor industrial del Bajío con industrias químicas y petroquímicas, que descargan en el rio Lerma, el cual atraviesa la ciudad de Salamanca. La contaminación del río Lerma a su vez afecta los suelos con agroquímicos, lo que resulta en una de las ciudades más contaminadas del país. Otra afectación es la quema de gas, con la consiguiente contribución a la contaminación y el calentamiento global.

Destacan también el accidente de Techkem con generación de pasivos ambientales muy graves y el relleno de socavones con tóxicos a cielo abierto por parte de la empresa Quidesa, empresa que sigue operando.

Los daños a salud, además de los ya conocidos en estos casos, incluyen la muerte de una persona y ganado en el mencionado socavón.

  1. Nevado de Toluca

Este caso se refiere a la defensa del Parque Nacional del Nevado de Toluca.

El demandante es la comunidad de Santiago Tlacotepec a través del comité ciudadano del mismo pueblo.

Las afectaciones son el cambio de categoría de Parque Nacional a Área Natural de Protección de Flora y Fauna sin consultar a la población ejidataria aledaña. Con eso se ha abierto la posibilidad de trazar una carretera, construir hoteles o teleférico y la tala ya comenzó. Se ha culpado a los ejidatarios de no saber cuidar el Parque.

La afectación a la salud es general, con la desaparición de un pulmón importante para la región y un espacio de recreación colectivo.

La demanda es que se derogue el decreto de recategorización del parque nacional y no avance la urbanización y devastación de la zona.

  1. San Idelfonso, Municipio Tepeji del Río, Hidalgo

El demandante es la Comunidad Hñahñu de San Idelfonso, y su representante es César Cruz Benítez.

Las afectaciones se derivan de la construcción del Tren México Querétaro, el cual afectará una zona de vestigios arqueológicos, pasará encima de un ojo de agua, por un área protegida natural, al lado de una escuela de música y terrenos de cultivo de temporal y de autoconsumo. No se les ha consultado debidamente porque a nivel federal aún no se les da el reconocimiento como pueblo indígena. Otra afectación es la presencia de Cementos Cruz Azul que ha destruido flora y fauna, que es muy espesa en la zona.

Los afectados son 7,000.

La demanda es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no autorice al trazo del tren.

  1. Caso EcoTuzuapan AC

Tuzuapan se encuentra en el Municipio Palmar de Bravo, Puebla

Los demandantes son comunidades representadas por Mauricio Rosas Morales.

Las afectaciones se derivan de la compra de tierras por Cruz Azul a solo uno $1.50 el metro cuadrado.  Por la actividad de la cementera, sus tierras están muertas. No hay cosechas y no pueden ya exportar, con la consiguiente pérdida de la fuente de trabajo. Asimismo, dos pozos de agua potable se han secado y otros se han derrumbado a causa de las detonaciones que hace la empresa. También hay daños ambientales por los polvos que generan las turbinas de la  cementera. El gobierno ha incumplido toda clase de acuerdos, incluyendo la construcción de un hospital.

Los daños a la salud incluyen cáncer, enfermedades pulmonares, partos prematuros, abortos, malformaciones genéticas.

Las demandas incluyen monitoreo por parte de gobierno, un hospital y la reforestación por parte de Cruz Azul, entre otras.

  1. Caso Jaltipan

El caso es de impacto sobre el medio ambiente y la salud de la población de Jaltipan.

El demandante es el movimiento Chogosteros en Accion, habitantes de la comunidad de Jaltipan.

La afectaciónes la presencia de una bodega almacenadora de coque en su comunidad. El coque contiene residuos químicos y metales pesados que son perjudiciales para el medio ambiente. Las condiciones ecológicas en la región  no son aptas para el almacenaje de éstos pues éste  puede afectar los mantos freáticos de la misma.

Existen importantes irregularidades de término de las normas mexicanas.  Por ejemplo, el coque no debiera permanecer a cielo abierto, sino en un lugar seco. Su manejo es de alto riesgo. El coque contiene dióxido de azufre, vanadio, níquel, cromo, azufre y CO2 entre otros. Hay daños necróticos a la flora y cultivos.

Las afectaciones a la salud son sobre vías respiratorias, los efectos cancerígenos, la irritación  de membranas de mucosas

La demanda es que se retire de la zona el almacén de Coque.

Testimonios

  1. Ejido de San Marcos. Los temas son el despojo de tierra disfrazado de venta y cambio de uso de suelo ejidal a industrial en el cruce del Arco Norte y la autopista México Querétaro. La autoridad ejidal se prestó a engaños y se generó un conflicto entre ejidatarios, a consecuencia del cual se perdió entre otras cosas el beneficio comunitario de un lienzo charro, antes propiedad de todos los ejidatarios.Hay contaminación del río Tula. La cooperativa Cruz Azul ha comprado hectareas y piensan explotarlas y quitar la zona boscosa, siendo esta la zona única considerada el pulmón de la región.
  2. Río Tula. La refinería deposita los desechos al río Tula. El gobierno no hace nada al respecto y se vierten todos los drenajes sin fosa séptica. Se denuncia la devastación forestal por el paso del ferrocarril de Ferromex.
  3. Zumpango, Estado de México. Contaminación de cultivos por agroquímicos al canal principal de riego por parte de tres empresas que están en las laderas del canal. Más de 500 hogares han sufrido empobrecimiento en consecuencia. Solicitan la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de las tres empresas y que sean sancionados los responsables.
  4. Izúcar de Matamoros. Fabrica de agroquímicos y fertilizantes “El Dragón”. El 23 de marzo de 2010 hubo una explosión de 9 tambos con sustancias altamente peligrosas  que afecto 80 mil habitantes al formarse una nube toxica que inundo a las colonias aledañas. El activismo en contra de la fábrica fue criminalizado y hostigado usando organizaciones como Antorcha Campesina. Ésta cerró durante 15 meses  pero actualmente sigue operando.
  5. Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas.  Saqueo por parte de la empresa Black Fire al querer extraer barita y titanio con el apoyo de los comisarios ejidales. Empezaron a notar la muerte de animales domésticos y que la gente del ejido vecino se enfermaba por bañarse en el arroyo cercano a la minera, el cual ya estaba contaminado. A la fecha siguen en resistencia y la minera no está operando, y han tomado la decisión de no dejar entrar otras.
  6. La mina Michoacán en Lázaro Cárdenas. Se denuncia que la mina Arcelor Mittal, empresa acerera, provoca una fuerte contaminación ambiental debido a que las descargas van directamente al rio sin ningún tipo de tratamiento; también que la mina trabaja sin permiso para poder operar y que no cuenta con una manifestación de impacto ambiental. La población afectada en torno a la mina es cerca de 40 mil habitantes.  Con amparos han logrado detener parcialmente la actividad minera.

Autoridades responsables.

Se responsabiliza al Gobierno Federal y las exparaestatales PEMEX y CFE, así como a las secretarías de  Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  ProBosque,  Comisión Nacional  Forestal,  Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Agraria, Comisión Nacional de Hidrocarburos,  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Policía Federal y Sicartsa (empresa minera paraestatal) y como autoridad regional, a la Comisión Ambiental Metropolitana.

En el estado de Hidalgo se identifica como responsables de la devastación ambiental al Gobierno Estatal, las secretarias de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  así como al Consejo Estatal de Ecología, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Refinería Miguel Hidalgo de PEMEX y la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la CFE. También se señalan como responsables a los ayuntamientos de Atitalaquia, Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Ayuntamiento de Tlaxcoapan, Nopala de Villagrán y Chapantongo y algunos comisariados ejidales, aunque otros como el de Tezontepec están comprometidos en la defensa de su tierra y patrimonio nacional.

En el Estado de México se responsabiliza al Gobierno Estatal, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Policía Estatal y el Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ciudadana en materia ambiental del Estado de México. También se identifican como responsables a los ayuntamiento de los municipios de San Francisco Zoyoniquilpan, Jilotepec, Santiago Tlacotepec, así como la policía municipal de Santiago Tlacotepec y el comisariado ejidal de San Francisco Soyaniquilpan, municipio de Jilotepec.

En Puebla se responsabiliza al Gobierno del Estado, Congreso del Estado, Secretaría de Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Palmar del Bravo.

En Michoacán se responsabiliza a la Comisión Estatal de Ecología, Procuraduría de Protección al Ambiente y la Comisión Federal del Estado, mientras que en Veracruz al Gobierno Estatal, el Congreso de Estado, las secretarías de Salud y de Medio Ambiente, así como al ayuntamiento de Totonacapan.

Asimismo se responsabiliza a los tres Poderes, niveles de gobierno e instituciones públicas de los estados de Guanajuato y Chiapas.

Empresas y particulares responsables.

Dentro de las empresas y particulares responsables de la devastación del medio ambiente y la salud de las comunidades del estado de Hidalgo se encuentran las compañías Agroquímicos ATC (propiedad de Velsimex), Cargill, Sigma, Arcangel S. A. de C. V.  (operadora del relleno sanitario de Tula), Jesús Ramírez Garibay (empresa Tovillas y Elias), Proyectos de Infraestructura Mexicana S. A. de C. V., Prointec, Cementera “Fortaleza” Santa Anita, Grupo Carso, Ecoltec, Holcim-Apasco, las empresas ubicadas dentro del Corredor industrial Cuautitlán-Tepejí-San Juan del Río, Grupo Cruz Azul, Cementera Tolteca-Cemex, Lafargue, Fud, Parque industrial Atitalaquia, Comité Ecológico Tula-Tepetitlán y Clarimex.

En el Estado de México destaca Química Delta, Ranchos los Curiel, una empresa sin razón social conocida que maneja los residuos, Antonio Alanís (comprador de bienes ejidales),  Minerales Male y las empresas emplazadas en el Parque industrial de Jilotepec.

Por el estado de Veracruz se encuentran las empresas especialistas en productos derivados de la petroquímica como Braskem Idesa Sapi, Clariant México, Dak Resinas Americanas México, Fabricante y Comercializadora Beta, Fefermex, Grupo Celanese, Industria Química del Istmo, Innophos Fosfatados  de México, Luperox Iniciadores, Mexichem Derivados, así como Oxiteno México. También son responsables las empresas Sales del Istmo, Unigel Acrícilos y Tetraetilo de México (Temsa).

En Puebla se responsabilizan al Bufete Geológico e Ingeniería Básica, Cycna de Oriente, así como también al Grupo Cruz Azul.

En Guanajuato se responsabilizan a las empresas Negromex, Montrose (subsidiaria de Monsanto), Tekchem, Univex y Fertimex.

En Michoacán y Chiapas son responsables las mineras Arcelor Mittal, El Caracol, Black Fire y Minerales Male.

Derechos humanos violados.

 

En todos los testimonios escuchados durante la audiencia complementaria del eje de “Devastación ambiental y Derechos de los Pueblos” del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en el municipio de Tula, Hidalgo, se evidenció que ante la inobservancia de la Constitución, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Pacto de San Salvador” y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y  la diversa legislación en materia ambiental, agraria, social y laboral, las violaciones a diversos derechos humanos en la región son muy comunes y además van en aumento.

Las principales afectaciones redundan particularmente en múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de diversas comunidades ubicadas en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, de acuerdo con los testimonios y pruebas recibidas por este comité dictaminador del Tribunal Permanente de los Pueblos (TTP),  donde  se identifica la constante omisión de las autoridades estatales mexicanas -de todos los niveles de gobierno- para garantizar la protección del medio ambiente y de la biodiversidad que ahí habitan, incluyendo a las comunidades ejidales, indígenas, e incluso a la población que habita en las ciudades cercanas, como el Distrito Federal.

Esta abstinencia de parte de las autoridades ha permitido e incluso facilitado que distintas empresas, privadas y paraestatales, dedicadas a la explotación de recursos naturales y a la industria química, realicen sus actividades sin tomar en cuenta las normas básicas de seguridad para prevenir cualquier tipo de contaminación del aire, agua y suelo, de acuerdo con  lo establecido en la legislación ambiental, tanto nacional[1] como internacional.

A pesar de que en la propia Constitución Política Federal Mexicana en su artículo cuarto reconoce entre otros derechos, el derecho que tienen todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y por lo tanto la obligación de las autoridades para protegerlo, este derecho se ha identificado como violado en todos los casos que fueron presentados ante este Tribunal. En el mismo artículo se señala explícitamente que se generarán responsabilidades a quien provoque daño y deterioro ambiental, y eso incluye a empresas y particulares.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó en el año 2011 el instrumento titulado “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar'”, que fueron elaborados para definir la responsabilidad de las empresas respecto de los derechos humanos, a fin de prevenir que con sus actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, o en su caso, hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.

En una especie de simulación jurídica, se han creado a nivel nacional distintos recursos jurídicos destinados para denunciar y exigir reparaciones por los diversos daños y deterioros al medio ambiente, y las consecuencias sociales y al ecosistema que ello genera, cometidos tanto por la omisión de las autoridades estatales, la corrupción de las autoridades ejidales y estatales, así como por la actuación negligente de parte de las empresas para prevenir daños ambientales y sociales. Lamentablemente la mayoría de aquellos recursos de denuncia no son eficaces, y muy pocas veces se logra detener las actividades contaminantes de las empresas, pues se ponderan arbitrariamente los beneficios económicos que generan dichas actividades antes que los daños que se generan en el medio ambiente, en la flora y fauna, y las repercusiones a los derechos humanos de las personas que se ven directamente afectadas por dichas actividades, por lo que existe una evasión absoluta de las obligaciones estatales y de las empresas frente a los derechos humanos de las personas.

En este sentido, a continuación se describirán brevemente las violaciones identificadas a los distintos derechos humanos de las poblaciones que se ven directamente afectadas por las actividades de las distintas empresas, así como por la omisión de las autoridades que les siguen permitiendo actuar con total impunidad y sin la menor restricción:

  • Violación del derecho humano al medio ambiente sano, que se manifiesta en la contaminación de ríos y presas, de pozos de agua, del subsuelo y de zonas de cultivo, a causa de arrojar desechos tóxicos y orgánicos al agua. Asimismo existe contaminación del aire a raíz de los procesos de producción y de la quema de basura y de diversos combustibles que se utilizan en la actividad cotidiana de las empresas industriales.
  • Violación del derecho al agua potable, a causa de los desechos químicos, orgánicos y metales pesados que se vierten en el agua en los distintos procesos industriales que realizan las empresas que se encuentran ubicadas en la zona, además de que no existen plantas de saneamiento ni tratamiento del agua, por lo que diversos estudios especializados referidos por los denunciantes han identificado altos niveles de contaminación en el agua de distintos ríos y presas en el estado de Hidalgo. A pesar de lo anterior, la falta de recursos económicos de la mayoría de la población no les ha dejado más opción que utilizar el agua contaminada para su consumo, lo cual ha generado a su vez afectaciones a su salud.
  • Violación al derecho a la salud, consecuencia directa de la contaminación de ríos y presas, del subsuelo y del aire, lo cual ha generado la aparición de enfermedades crónico degenerativas que antes de la explosión industrial que se diera en los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Guanajuato y Michoacán, no existían. Sin embargo, actualmente van en aumento el número de personas con cáncer, enfermedades renales, nacimientos con malformaciones a causa de consumir agua y alimentos contaminados, así como enfermedades respiratorias por la contaminación que hay en el aire. También se identifica el incremento de la mortandad de la flora y fauna del lugar. A pesar de lo anterior, y aun cuando las distintas comunidades llevan exigiendo por años la construcción de un hospital público oncológico a la fecha dichas demanda no ha sido atendida, lo cual agrava la violación al derecho a la salud y a la vida.
  • Violación del derecho a la alimentación, debido a que el agua contaminada con químicos y metales pesado se utiliza en ciertas zonas para regar los distintos cultivos, cuya producción se destina para el autoconsumo pero también en algunos casos para la venta, por lo que al consumir alimentos altamente contaminados se priva el acceso a alimentos adecuados. Además, el derecho a la alimentación, de acuerdo con el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, debe garantizar una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor, supuestos que no se cumplen en los casos conocidos durante la audiencia, ya que existe la preocupación permanente de la población ante el consumo de alimentos contaminados que además ha favorecido el incremento de la mortandad de la población.
  • Violaciones al derecho a la propiedad, a raíz del crecimiento industrial en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, el gobierno se ha dedicado a expropiar diversos terrenos privados, comunales y ejidales, a fin de destinarlos a la explotación de recursos naturalesa pesar de que no se ha demostrado la causa de utilidad pública. En otros casos hay presión por parte de personal de las empresas para exigir la venta de las tierras comunales, a costos excesivamente bajos e irracionales.
  • Violación a diversos derechos de los pueblos indígenas. En la audiencia complementaria se identificaron los casos de comunidades indígenas Hñahñu, quienes además de verse amenazados por la construcción de megaproyectos como el del tren rápido México-Querataro, han tenido que enfrentar luchas jurídicas por su reconocimiento como comunidad indígena, y por lo tanto acceder a los programas que benefician a esos grupos sociales, e incluso se les niega su derecho a sus tierras ancestrales y por lo tanto el derecho a la consulta previa y participación sobre dichas tierras.
  • Violación a los derechos de la infancia. Los niños y niñas han sido una población particularmente afectada por la contaminación ambiental del lugar. En ciertas regiones de Hidalgo, como en el municipio de Tezontepec existen casos de niños que nacen con alteraciones genéticas, o por ejemplo en el municipio de Apasco y Totonilco, se encuentran casos de niñas y niños en edad escolar que presentan déficit en el aprendizaje, quienes al consumir agua y alimentos contaminados se han visto afectados en su sistema nervioso y en su memoria. También hay zonas donde los nacimientos de infantes con malformaciones van en aumento. En general estas acciones repercuten en el derecho de las niñas y niños  a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
  • Violación del derecho al trabajo. En este punto destaco el caso de los trabajadores de la extinta empresa Luz y Fuerza de Hidalgo, quienes narraron las violaciones arbitrarias a sus derechos laborales adquiridos al desaparecer la mencionada empresa eléctrica, a la fecha siguen en la lucha de que se reconozca el cambio de patrón y no la rescisión de su contrato, lo que fue violatorio de su contrato laboral, y de los derechos que ya tenían reconocidos. Por otra parte, la contaminación al agua y a las tierras de cultivo ha generado tierras infértiles y alimentos contaminados, lo que ha quitado la fuente de ingresos principal de todas las comunidades rurales de las distintas regiones del centro del país, principalmente en el estado de Hidalgo, por lo que muchas personas han tenido que recurrir a nuevas fuentes de empleo, que en ocasiones les generan muchos menores recursos que con su actividades en el campo, con lo cual también se ve directamente perjudicada su calidad de vida.
  • Violaciones a derechos culturales, la irrupción de distintas empresas que tienen como fin la explotación de recursos naturales ha generado ruptura en el tejido social en distintas comunidades, además de que ha atentado contra algunos de sus valores culturales que han tenido que modificarse para adaptarse a un nuevo paradigma económico neoliberal, que busca acabar con el campo y por ende con las costumbres culturales de las comunidades ejidales e indígenas que en el habitan. A raíz de la expropiación de propiedades, se han perdido recintos culturales en ciertas comunidades como un lienzo charro en el ejido de San Francisco Soyaniquilpan. También peligra a causa de la posible construcción del tren rápido México-Querétaro una escuela de música en el municipio de San Ildefonso perteneciente a la comunidad indígena hñahñu.
  • Violación del derecho de acceso a la información y participación social. En muchos casos se ha identificado la permanente denegación de información  a aquellas personas que solicitan datos sobre las concesiones para explotar recursos naturales a distintas empresas, ocurre lo mismo cuando se han solicitado los acuerdos que sustentan dichas concesiones. También se ha solicitado información sobre las sustancias y actividades peligrosas que se utilizan por las distintas industrias, sin embargo tampoco se ha proporcionado dicha información. Otra violación que es una constante es la falta consulta previa a las comunidades ante la construcción de megas proyectos, lo que genera que se lleven a cabo los proyectos sin consulta, otra práctica recurrente que impide la participación social en la toma de decisiones ambientales ha sido la corrupción de las autoridades ejidales y agrarias, quienes son sobornadas para obtener por medio de engaños las firmas de los miembros de la comunidad, para después simular una supuesta aceptación en la construcción de megaproyectos.
  • Diversos actos de hostigamiento, criminalización y amenazas en contra de las comunidades a causa de las actividades de defensa de su tierra. Ello ha sido reflejado en enfrentamientos con policías durante manifestaciones sociales para exigir el saneamiento de aguas y del aire, también ha habido personas que han recibido amenaza anónimas para que detengan su lucha y dejen de exigir sus demandas ambientales. Incluso hubo un caso identificado en la Presa Endhó de una persona que fue detenida por tomar agua de la presa.
  • Violaciones al derecho de acceso a la justicia. A pesar de que existen diversos recursos jurídicos destinados a proteger el medio ambiente sano y los derechos vinculados, la práctica demuestra que los mismos son completamente ineficientes, las denuncias que se presentan no avanzan lo que genera un retardo injustificado en la obtención de justicia. Las autoridades ambientales en lugar de presionar a las empresas para que mejoren la calidad de sus actividades a fin de evitar repercusiones en el ambiente, optan por recomendar a los pobladores que abandonen sus casas. Y aun cuando en pocos casos existen recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos, las mismas son completamente ignoradas tanto por las autoridades como por las empresas, lo que redunda en una negación total de la justicia y reparación.

Demandas generales.

Las demandas sentidas y plenamente justificadas por parte de las comunidades son las siguientes:

En el tema de energía y minerales:

  • Cierre de las cementeras.
  • Reforestación por parte de la empresa Cruz Azul.
  • Que se retire de la zona el almacén de Coque en Jaltipan.
  • Establecer zona de desastre ambiental en Salamanca.• Prohibición del fracking.
  • Se detenga la privatización de los hidrocarburos y minerales.
  • El transito a fuentes de energías renovables de bajo impacto para el medio ambiente.

En el tema del Agua:

  • Saneamiento de la presa y pozos y la instalación de plantas potabilizadoras en las comunidades afectadas por la presa Endhó.
  • Instauración de alternativas de suministro de agua para Pachuca que no genera afectaciones al resto de las poblaciones.
  • Se deje de cobrar una tarifa elevada e injusta de luz a quienes dependen de la electricidad para el bombeo de agua potable
  • Se reconozca el sistema comunitario de agua potable construido por la comunidad de Chapantongo y haya un cambio total de la tubería vieja y desgastada.
  • La restauración ecológica de toda la cuenca y de las zonas afectadas de la región sur de Veracruz.

En el tema de la basura:

  • Cierre y remediación de las regiones afectadas por el basurero de Tula.
  • Devolución de la propiedad del basurero de Tula, previa remediación para darle uso agrícola.
  • Que Ecoltec deje de incinerar basura como combustible.
  • Un estricto control de desechos tóxicos del parque industrial de Jilotepec.
  • Que residuos tóxicos no sean quemados en las instalaciones de Pemex y CFE en Tula.
  • Detener la urbanización salvaje de la zona en el Nevado de Toluca.

En el tema de regulación de la tierra:

  • Derogación del decreto de recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca.

En el tema de reparación del daño:

  • El cierre de ATC, responsabilización y pago de indemnizaciones a la población, así como la constitución de una comisión ciudadana en auditoria y seguridad.
  • Que el monto de las multas a las industrias se destine a la reparación de los diversos daños ocasionados en las zonas.
  • Reparación del daño y castigo a los responsables de la devastación ambiental en las diferentes regiones.

En el tema de la salud:

  • Creación de un fideicomiso para resolver los problemas de salud, el impulso de una agricultura y ganadería libre de tóxicos, así como la elaboración de un atlas de riesgo de las comunidades afectadas por ATC.
  • Programas emergentes para afectados en salud.
  • La construcción de hospitales de oncología en las comunidades afectadas.
  • Vigilancia de las emisiones industriales en la zona de Tezontepec de Aldama.
  • Estudios de salud pública independientes en el caso Río Rosas y Veracruz.
  • Elaboración de estudios ambientales, toxicológicos y epidemiológicos independientes en los casos Río Rosas, ATC y de los pasivos de la industria petrolera en Veracruz.

En el tema agrario:

  • Campañas de prevención y manejo de sustancias agroquímicas en las diferentes zonas afectadas.
  • Dotación de tierra agrícola en las márgenes de la presa Endhó.
  • Modificar el trazo del tren rápido México-Querétaro o en su defecto el pago justo por las tierras que se utilizarán.

En el tema laboral:

  • Reconocimiento del patrón sustituto, restitución de los puestos de trabajo y de los salarios caídos de los trabajadores de Luz y Fuerza.

General legal:

  • Aplicación del principio precautorio en los diferentes casos expuestos.

Recomendaciones generales del comité dictaminador.

Al estado mexicano y a las instituciones bajo su autoridad:

La regulación estricta de las  empresas de químicos en particular el cierre de la empresa que sustituyo a ATC.

La aplicación de multas, sanciones penales y cierre definitivo  a empresas en caso de accidentes como el ocurrido en  la empresa ATC en Hidalgo y Dragón en Izucar de Matamoros, Puebla.

Regular las vías de transporte, en particular, se exige el cambio en el trazo del tren rápido México-Querétaro, y en su defecto el pago justo de las tierras

Negar el Instituto Nacional de Antropología e Historia la  autorización del trazo del tren en zonas arqueológica de  la región.

El cobro de multas a empresas que violenten las normas ambientales que se destinen a la población afectada sin que éstas se desvíen a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

La medición, control y vigilancia de las emisiones industriales y desechos tóxicos en la zona industrial del centro de México y zonas industriales referidas en otros estados.

La creación de un marco normativo de responsabilidad empresarial en caso de violaciones a derechos humanos.

Prohibir  la tecnología de Fractura hidráulica en el país.

Derogar la llamada Reforma Energética y sus leyes secundarias.

En materia de residuos

Que las empresas respeten la prohibición vigente en México de la incineración de basura como combustible

El cierre inmediato de tiraderos a cielo abierto en Hidalgo y otros estados  y la remediación de los sitios.

En materia de regulación de la tierra

Se derogue el decreto de recategorización del Parque Nacional del Nevado de Toluca

Se dote de tierras a afectados ambientales que así lo soliciten

Se reforeste la tierra afectada por las empresas presentes en los estados

Respecto de la restauración ambiental

La remediación inmediata del cerro de la Cruz en Guanajuato y sanciones penales, civiles y administrativas que correspondan.

´

La revisión  e implementación de normas que protejan el medio ambiente y salud

En materia de agua

La limpieza y restauración del río Lerma.

En general, la restauración ecológica de cuencas y de las zonas afectadas por los desechos de las industrias

La aplicación de sanciones y castigo a los responsables de la devastación del río Rosas

El saneamiento de presas y pozos de la región Centro y de otros estados, con base en investigaciones ecológicas sustentables.

Se busquen alternativas de suministro de agua para Querétaro y Pachuca que no impliquen la pérdida de  agua potable y de riego  de otras zonas de Hidalgo

Renovación de la infraestructura hidráulica obsoleta en las comunidades de Hidalgo

Se reconozcan los sistemas comunitarios de agua potable

Salud

 

La implementación de programas emergentes para afectados en salud en todo el Estado de Hidalgo y zonas petroleras del país.

Se aplique inmediatamente un estudio de salud pública en los estados industriales de Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz La realización de estudios ambientales, toxicológicos y epidemiológicos independientes.

La indemnización justa para los afectados por explosión de los laboratorios de ATC y todas aquellas poblaciones afectadas por las actividades contaminantes de las empresas industriales

Se construya infraestructuras de salud con recursos suficientes para atender los  problemas ocasionados por las industrias y sus desechos.

En particular, que se construyan y habiliten urgentemente hospitales con  especialidad en oncología en las  zonas afectadas por la industria y sus desechos tóxicos

La aplicación de recursos públicos con representación social para la ejecución de acciones ambientales comunitarias.

La reparación del daño integral y viable a las comunidades afectadas

Trabajo

 

El inmediato reconocimiento del patrón sustituto para los trabajadores de la extinta empresa paraestatal de Luz y Fuerza y la recuperación de salarios caídos, a la fecha de hoy.

En conclusión, este Comité dictaminador exigimos de todas las autoridades mexicanas primero, el pleno y total respeto a todos los derechos humanos de toda la población mexicana, y en particular se respete los derechos territoriales de las comunidades y pueblos de la región del centro de México y estados aledaños y, se reconozca en todo momento su derecho primigenio sobre sus tierras ancestrales y del ecosistema que en ellas habitan y que forman parte importante y fundamental de su forma de vida. Al mismo tiempo, demandamos del estado mexicano garantice medidas efectivas de no repetición, a fin de evitar que los hechos expuesto durante la audiencia complementaria sigan ocurriendo, por lo tanto exigimos reforzar los controles y la vigilancia directa y permanente sobre las actividades que las distintas industrias y empresas contaminantes imponen a las comunidades, asimismo exigimos se otorgue la reparación integral de  todas las víctimas directas e indirectas. Finalmente, reiteramos que no se deje de investigar a las autoridades responsables que han permitido que el desastre ambiental en la Nación siga avanzando de manera impune y criminal por parte de las distintas autoridades y empresas.

[1] Véase, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (en adelante LGEEPA): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf

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Bitácora (leer de abajo hacia arriba

3. 25 de septiembre, se entregan al Poder Judicial tres amparos, uno ciudadano, uno petrolero y uno electricista. Fueron un total de 2406 adherentes, 1181 ciudadanos, 1157 petroleros manuales y mandos medios y 68 electricistas. El amparo ciudadano recibbió el folio 000051 y fue turnado al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa del DF

2. Del 1 al 24 de septiembre, continuamos con la colecta. La fecha límite de entrega es el 19. Mi correo es acorona-mx@yahoo.com.mx   Aquí dejo el  Formato_Ciudadano vs Leyes_Secundarias

1. 30 y 31 de agosto El fin de semana acudimos a diversos encuentros en los que obtuvimos más de cien firmas para un amparo colectivo nacional en contra de las leyes secundarias de la Reforma Energética. Continuaremos la colecta de firmas.

Estos son mis comentarios a la  información que divulga Brújula Ciudadana sobre la contra-reforma energética, casi completamente acritica, excepto en el tema de la expropiación que se trata al final, pero resuelto ese tema con un estilo notablemente chayotero (elogio envuelto en la crítica), fácilmente identificable para los que nos tocó vivir las grandes épocas del chayo en nuestra juventud. Este reporte me llegó por mail y si no doy unsubscribe, es para seguirme enterando de lo que traen entre manos los voceros del sistema a más detalle.
Loa comentarios de un servidor quedan precedidos de la letra C.
 
“Los alcances de la Reforma
 

La reforma energética puede considerarse como la reforma constitucional más impactante de los últimos años, al crear un nuevo paradigma económico para México que abre el sector energético a la participación de empresas privadas en las áreas de exploración y producción, a través de cuatro modalidades de contratos: servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias, según el tipo de inversión que se requiera.

Con la reforma se crea un fondo para administrar los ingresos petroleros, que determinará la política de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo.

C: estos fondos se van a usar para lo mismo que ya se usaban los ingresos de Pemex: predominantemente para financiar el gasto público corriente. No había de otra. Lo malo es que no lo informen así. Revisen la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para cerciorarse.

“Además, la paraestatal podrá trabajar sola o asociada, pero será el órgano regulador del sector, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CHN), el encargado de licitar el contrato de asociación. La Secretaría de Energía (Sener) definirá los lineamientos técnicos y contractuales, en tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecerá las condiciones fiscales.”

C: La figura mas importante en varios años será la “asignación”, a Pemex, y no los contratos, a los particulares, porque Pemex sí paga impuestos y mucho (alrededor de 70% sus fabulosos ingresos anuales, de más de un billón de pesos) y los particulares empezaran a pagar como el 15%…después de 10 años de actividades y en parte a costa de la actividad actual de Pemex.  

“Bajo esta estructura se busca garantizar la transparencia, la seguridad y protección al medio ambiente, “

C :La transparencia no se dará, para eso le faltan dientes a los nuevos organos reguladores. La seguridad no debe preocuparnos, las transnacionales traerán sus ejércitos privados, probablemente compuestos de kaibiles y la protección al medio ambiente es mejor por  parte de empresas públicas que privadas, está demostrado en el caso de Brasil. 

“además de elevar la producción de hidrocarburos”

C: Sí es posible que logren subir la producción de hidrocarburos, siempre y cuando no dejen caer a Pemex, pero de que sirve si el crudo se va a exportar y si las rentas que pagarán los privados serán menores a las que se pierdan por no invertir como se debe en Pemex? 

” y reducir la dependencia de las importaciones de gasolinas y gas,”

C: Ese es un mito: no les costea venir a refinar a México a las transnacionales, prefieren hacerlo desde casa, con sus refinerías ya instaladas (incluso hay capacidad ociosa en los EUA). Y como no hay una política ya de estado, resultado de la misma reforma, en materia de refinación, probablemente decaiga también la refinación por parte de Pemex: las importaciones de gasolinas subirán. Quizá se logre algo en materia de gas, pero a costa de un alto costo ambiental por la técnica del fracking, ya prohibida en muchos países. Sin embargo los expertos están escépticos en que se logre una producción significativa por vía del fracking en el caso de México. 

“al mismo tiempo que se logra atraer las fuertes inversiones que se requieren, dado que las principales reservas del país están en aguas del Golfo de México.”

C: Hay reservas potenciales en aguas profundas, no son probadas ni mucho menos. Posiblemente, sin embargo, resulten en un buen negocio… para las empresas. De ninguna manera, por lo dicho antes, será un buen negocio para México. 

“La electricidad y sus altos costos

La demanda de energéticos presenta una tasa de crecimiento anual de al menos 2% y, aunque existe suficiente capacidad para cubrir la demanda de electricidad, el servicio tiene un alto costo de producción porque se utiliza, entre otros insumos, combustóleo, energético oneroso y contaminante.

Según el senador Héctor Yunes Landa, en las condiciones en las que opera el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en 2013 se requirieron más de 85,000 mdp en subsidios, equivalentes a más de 700 pesos por cada mexicano.

Pedro Resendez, de Greenberg Traurig, menciona que si bien ya había participación de privados en el sector eléctrico, la reforma del sector eléctrico “resolverá ese tema”. El artículo 16 de la Ley de la Industria Eléctrica establece la creación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto (y no indebidamente discriminatorio) a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. De igual manera, se creará el organismo público descentralizado, denominado Centro Nacional de Control del Gas (Cenagas), encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento.”

C: La realidad es que hay capacidad ociosa en generación electrica debido a la participación privada que ya existe, totalmente innecesaria. Mis fuentes de CFE me indican lo contrario a lo que aquí se dice: la energía generada por CFE es más barata. Las empresas privadas se coluden para encarecer el costo, como demostró el caso de California. Y si además quitan los subsidios, la luz subirá inevitablemente y mucho. Muchos técnicos también cuestionan que sea el gas el usado para generar electricidad: el combustóleo está ampliamente disponible por la actividad petrolera, se pueden usar filtros y el gas se tiene que importar. Que no nos sorprenda que de pronto vuelva a usarse el combustóleo… si lo llegan a generar localmente empresas privadas…

“Medidas anticorrupción

Como parte de las medidas de combate a la corrupción y rendición de cuentas, Pemex y la CFE quedarán sujetas a la Ley Federal Anticorrupción. Ambas deberán hacer contrataciones por concurso, integrar catálogos de proveedores, rendir informes financieros e implementar denuncias anónimas, según establecieron los legisladores en el dictamen de los paquetes de reformas a las leyes energéticas.

 Las cinco reglas de transparencia que se aplicarán en materia de contratos son:

1) Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de internet.

2) Los contratos tendrán cláusulas de transparencia para que puedan ser consultados por cualquier interesado.

3) Las empresas deberán hacer públicos los costos incurridos y los pagos que reciban del Estado.

4) Serán públicos también los recursos que reciba el Estado por los hidrocarburos que se extraigan, así como el uso y destino que se les dé.

5) Habrá pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, evitando que decisiones discrecionales se concentren en una sola autoridad.”

Las instituciones que participarían en los procesos de licitación para evitar la discrecionalidad son:

La Sener, que definirá los lineamientos técnicos de los contratos; la SHCP, que fijará el régimen económico y fiscal; la CNH, que realizará las licitaciones, asignará los contratos y los administrará, y el Fondo Mexicano del Petróleo -fideicomiso que se instituirá en el Banco de México-, que hará los pagos correspondientes a los contratos y el manejo y administración de los ingresos petroleros, con excepción de los impuestos, que maneja Hacienda.”

  C: este es un rollo políticamente correcto y poco más. No hay objeción con los puntos 1, 2 y 4. En el punto 3: las empresas van a inflar costos, es una práctica internacional. Poco importa que que hagan públicas sus cifras, el problema es como las calculan y ya veo al gobierno tratando de auditar cada factura. En 4: como ya dije, no se piense que habra más recursos que antes En 5: cuales pesos y contrapesos, si las cuatro instancias van a estar controlados por la misma camarilla, principalmente la Secretaría de Hacienda?

“Expropiación de tierras

Uno de los temas más polémicos de la reforma fue el de la expropiación de tierras para asegurar terrenos dedicados a proyectos petroleros o eléctricos. El presidente de la Comisión de Energía en el Senado, David Penchyna, señaló que en el panel de opciones para garantizar los terrenos y derechos de paso el mecanismo de expropiación quedó fuera.

En su lugar, se propuso un catálogo de opciones que incluye la venta o renta de terrenos e incluso la posibilidad de asociaciones entre los propietarios y la empresa que se encargue de explorar y explotar el subsuelo.

Y es que la afectación de tierras susceptibles de explotación energética podría haber generado conflictos en 12 entidades federativas y en alrededor de 260 municipios.

La fuerte oposición de unos 100 legisladores de la bancada de la Confederación Nacional Campesina fue un factor de gran peso. Un aspecto que generó rechazo fue que no se distinguiera entre la expropiación para beneficios de una empresa privada o de Pemex y la CFE.”

C: En la redacción de este punto se nota que esta Brújula ciudadana no es más que un órgano de propaganda de los promotores de la reforma, pues envuelve el elogio en la crítica. Por cierto, en vez de expropiación queda la ocupación temporal, pero es lo mismo o peor: ¿De que te sirve que te devuelvan tu terreno 50 años después, completamente arruinado para el cultivo de la tierra? Podrán aplicar esta ocupación o la otra figura que viene en la Ley de Hidrocarburos, la servidumbre legal a cualquier predio urbano. En teoría eso podría sucederle a cualquiera de los pudientes que leen esta columna. Lo que no comentan es que no hay recurso legal para negar el uso de tus terrenos a las petroleras. ¿Interés público subordinar cualquier clase de actividad, agrícola, forestal, preservación de la biodiversidad,recreación social etc.? Vaya prostitución del término. Ah pero señores de la Brújula Ciudadana, ¿se llamarán a sorpresa cuando cundan la rebelión social y los muertos en el país por estas ocupaciones y servidumbres?

Actualización con respecto del tema de los pasivos laborales de Pemex, al 19 de agosto de 2014:

1. Ya fue aprobada, como parte de la Ley Federal  de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la asunción formal del Estado  de los pasivos laborales. 

2. La figura de pasivo laboral en empresas públicas se pone contablemente en operación para privatizar. En el caso de Pemex fue en 1998. Antes se pagaba, como debiera ser, como gasto corriente. Pemex desembolsa de su propia tesorería estas pensiones con regularidad y sin problema de liquidez alguno hasta la fecha. La asunción formal del llamado pasivo laboral por parte del Estado fue por presiones externas: los extranjeros que se quieren asociar con Pemex o comprar partes de la empresa (por ejemplo sus refinerías), en contra la Ley Federal del Trabajo no quieren asumir responsabilidades laborales como el pago de pensiones, para con los que contribuyeron con su trabajo a la generación de la riqueza que ahora quieren apropiarse.

3. El pasivo laboral fue calculado de manera tramposa, a ¡100 años! y cambiando supuestos de cálculo recientemente. Solo así se puede explica un brinco de casi 78% del monto (1).  También se considera que incluye montos que no son propios de un pasivo laboral, pero la ley dice que se va a auditar, lo cual es de lo poco positivo de esta legislación.

4. El trabajador petrolero genera ingresos netos como pagar su pensión y 35 veces más. Las pensiones y jubilaciones  representan solo el 1.77% de los ingresos brutos. Es evidente que las pensiones son perfectamente pagables.  Eso no se le informó a la opinión pública de manera cabal. En realidad, las seguirá pagando Pemex con su contribución fiscal . También podemos ver a los trabajadores como empleados del resto de los mexicanos, pues Pemex sigue siendo de la nación. En ese caso, sus pensiones se pueden ver como un contraprestación o un costo por la riqueza fiscal que le generan los petroleros a los mexicanos mismos. Sin embargo, el mal uso de esta riqueza ya no es cosa de los trabajadores, sino de gobernantes, oligarcas y líderes sindicales corruptos.

5. Cuando se quiere vender una empresa, se culpa a los trabajadores y se busca desaparecer o castigar al maximo el pago de pensiones, es una fórmula que no falla, se aplica cada vez. No solo el pueblo no sufre un aumento de costo en el caso de las pensiones, ya se estaba pagando, como he dicho, sino el poder legislativo quiso forzar con sus leyes una “rebajita” en las pensiones. 

6. En nuestro caso particular, manchar la imagen de los trabajadores y con ello de Pemex, es parte de la estrategia para que fracase la consulta popular contra la reforma energética. Además, es una forma de llevar más negocio a los bancos que explotan a la población robándole “comisiones” con el apoyo de las regulaciones e imposiciones gubernamentales.

(1) Otros elementos se pueden ver en http://www.dolorespadierna.com/dolorespl2/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:la-corrupcion-institucionalizada-es-la-verdadera-causa-de-la-inflacion-de-pasivos-laborales-&catid=3:newsflash

 

Este es el texto completo original de este publicación:

“Este es un comunicado de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) y el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE)

¿El pasivo laboral de PEMEX y CFE es culpa de los trabajadores?

¿Lo va a pagar el pueblo de México?

Hemos creado un cúmulo increíble de recursos a lo largo de 76 años, que no sólo han dado base al desarrollo nacional, sino que son y han sido absolutamente suficiente para que se hubieran creado las reservas necesarias para dar respaldo adecuado y oportuno al pasivo laboral; la omisión de estas reservas no sólo muestra una clara responsabilidad administrativa, sino es consecuencia del saqueo fiscal y vía corrupción de que han sido víctimas PEMEX y CFE, y que ahora se quiere cargar a las y los trabajadores; lo cual se agravará con la actual reforma energética que va ir extinguiendo las utilidades de éstas.
En los medios de difusión se ha señalado que la mayoría automática de la Cámara de Diputados pretende transformar en deuda pública los pasivos laborales de PEMEX y CFE, en beneficio de nosotros los trabajadores. Sin embargo, esto es sólo un desplante mediático, que pretende engañarnos a los trabajadores de PEMEX y CFE, para simular que Peña Nieto va a respetar los derechos de los trabajadores y jubilados, como lo ha planteado una y otra vez, faltando de manera absoluta a la verdad, pero al mismo tiempo, que servirá para que la población mexicana en general siga teniendo en mal concepto a los sindicatos y los derechos laborales adquiridos con justicia.
La realidad, es que los artículos 3º y 4º Transitorios de la Ley General de Deuda Pública, se traducen en un chantaje jurídico, que busca que los trabajadores de PEMEX y CFE hagamos una renuncia masiva de nuestros derechos, entrometiéndose además en el régimen laboral interno de PEMEX y CFE, lo que resulta inconstitucional: “Deberán modificarse el contrato colectivo”, dice este Dictamen; “deberá modificarse el Reglamento de los trabajadores de confianza”, otra vez dice este Dictamen.
El Artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo, es claro de que el contrato colectivo no puede concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. La Carta Magna y la ley de cita, declaran la nulidad de pleno derecho de toda renuncia de los derechos humanos laborales. Pero esto no tiene relevancia, pues a la oligarquía representada en los tres Poderes no les importa el estado de derecho.

Por otra parte, el gobierno federal no se obliga a llevar a cabo la asunción de este pasivo laboral, sino que se dice que “podrá” hacerlo, y no en la totalidad de este pasivo, sino sólo en su caso asumirá una “proporción” del mismo.
El chantaje jurídico, se traduce: en que si los trabajadores queremos que el pasivo laboral sea absorbido en los términos referidos, entonces los trabajadores de nuevo ingreso deberán pagar solos sus pensiones con sus propios recursos, mediante cuentas individuales que manejarán las Afores, las fraudulentas Afores, las desacreditadas afores; también significa, que en primera estos trabajadores ya no tienen asegurada una pensión; que serán pensiones de miseria; que deberán cotizar muchos más años, que se van a transferir cantidades multimillonarias al insaciable capital financiero, básicamente extranjero, tercero, que a los jóvenes del país, que pareciera que no son mexicanos, se les discrimina frente a los demás trabajadores, condenándoseles de por vida a empleos precarios, sin futuro. Y además, es un claro desmantelamiento del contrato colectivo de los trabajadores petroleros.
Por lo que hace a los trabajadores petroleros actualmente en activo, de manera progresiva, se nos irán ajustando los parámetros para determinar nuestras pensiones, es decir, se nos irá reduciendo el monto de las mismas y, además se nos incrementará la edad para pensionarnos, entre otros. En el caso de CFE, a los trabajadores en activo, con derechos generados para una pensión conforme al contrato colectivo de trabajo, se nos sujetarán a mecanismos para que “voluntariamente” (entre comillas), opten por las cuentas individuales, por las Afores, como si fueran de nuevo ingreso.
En relación a las jubilaciones y pensiones en curso de pago, “se supone” que se nos respetará; esto en tanto no se nos desconozcan, como sucedió con los trabajadores ferrocarrileros, que quedaron con paupérrimas pensiones del IMSS.
Por de lo dicho, el pasivo laboral no se cubrirá con recursos presupuestales, esto es otra simulación, pues en realidad los acabaremos pagando los propios trabajadores de PEMEX y CFE, pues los transitorios son claros en que: “La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior.” Es decir, si los trabajadores somos despojados de 1,000 millones, serán mil millones los que irán a cubrir el pasivo laboral. Concretamente, seremos los trabajadores activos los que sufriremos a partir del momento en que se modifiquen los contratos colectivos una merma en sus derechos para garantizar las pensiones de los jubilados. Divide y vencerás, reza el dicho.
No hay pues, beneficio alguno para nosotros los trabajadores, sino saqueo de nuestros derechos; el propósito real, es dejar a PEMEX y CFE sin cargas a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores, para facilitar las alianzas y su desmantelamiento y privatización como lo reclaman las corporaciones, especialmente extranjeras; además esto permite crear un mercado de mano de obra más fluido para la transferencia a precio de remate de la mano de obra altamente calificada de PEMEX y CFE en beneficio de las empresas privadas. Es también un camino, para elevar el índice de expoliación de los trabajadores, para mayores recursos fiscales y, de utilidades para las empresas privadas, saqueadoras del patrimonio nacional.

En suma, nacerán corporativos inmensamente ricos, al lado de trabajadores pobres, al lado de un país también pobre y humillado.

En tal virtud, exigimos que se supriman los aludidos artículos 3º y 4º , Transitorios, por ser un arquetipo de inconstitucionalidad e injusticia.

Finalmente, un llamado a las y los trabajadores de petróleos, para que no creamos más la mentira de que serán respetados nuestros derechos y a la población mexicana para que no haga eco de la campaña, una vez más, de desprestigio contra los trabajadores de Pemex. No es ella la que pagará ese pasivo, son los propios trabajadores.

Compañeros, que nuestro destino como petroleros no sea el triste de una vez muy combativo gremio de los ferrocarrileros. ¡La movilización para la defensa de nuestros derechos es indispensable!

¡POR EL RESPETO IRRESTRICTO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES!

UNION NACIONAL DE TECNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTyPP)
COMITÉ NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA ENERGIA (CNEE)”

Nota: este es el texto de los artículos transitorios tercero y cuarto
Tercero. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios a la entrada en vigor del presente Decreto y, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, y modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento del pasivo laboral por parte del Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida.
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal, una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación.
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cuarto. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones que correspondan a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento del pasivo laboral por parte del Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa, y contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro; que se establezcan los mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados hasta el 18 de agosto de 2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de cuentas individuales, y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo para la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida.
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual a que se hace referencia en el párrafo anterior.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación.
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 Nota: este documento fue modificado para hacer algunas precisiones el 5 de julio de 2014 y actualizaciones el 9  y 10 de septiembre de 2014, ya que la versión elevada a ley difiere sustancialmente de la que se presentó inicialmente a comisiones, en abril 2014. Se volvió a modificar el 2 de octubre de 2014 ya que se igualaron los costos deducibles para determinar la base de calculo de la utilidad compartida, en una primera versión mayores para los privados que para Pemex. Esto es, se eliminó la frase: “Lo anterior sin considerar que el régimen de deducciones para Pemex (Artículo 40) es mucho más estricto que para los privados (Articulo 32).” Pero dado que en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, artículo 16 g) se establece una contribución relativa fija de Pemex,  de 4.7% del valor del PIB para cada año, no cambia el resultado final de la imposición fiscal. Se modificó una vez más el 24 de diciembre de 2014, la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, y el régimen fiscal del Pemex. Fue necesario remover una sección de discusión amplia dada la nueva situación de precios del crudo.

Contenido

Esta nota contiene un resumen del la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (p. 1 a 4), y una discusión de la misma en 19  puntos . Los artículos de la iniciativa de ley aquí citados son de la versión del 28 de abril de 2014.

Queda como pendiente una discusión más detallada del régimen fiscal de Pemex, que se hace de manera general. La nota está más orientada a la parte de las empresas privadas y el comparativo entre varias de sus figuras y con el régimen de Pemex en términos generales.

  1. Resumen de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH)        

 

La presente ley tiene por objeto establecer  “los ingresos que recibirá el Estado por concepto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos a través de las asignaciones y contratos a que se refiere el Art. 27, así como las contraprestaciones que se establezcan en los contratos.”

Los diversos tipos contratos son: de servicio, de utilidad compartida, de producción compartida, licencia o cualquier combinación de las mismas.

CONTRATOS DE SERVICIO: el contratista entrega la totalidad de la producción al comercializador, el cual puede ser el Estado o contratado por él. Este entregara la totalidad de los ingresos al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), una vez descontado el pago de sus servicios. El FMP. pagará al contratista conforme al contrato.

CONTRATOS DE UTILIDAD COMPARTIDA: El contratista entrega la totalidad de la producción al comercializador. Los ingresos por la comercialización se entregaran al FMP y este cubrirá el pago  al contratista.

CONTRATOS DE PRODUCCION COMPARTIDA: El contratista entrega la totalidad de la producción al Estado y este le paga en especie, es decir, con  una parte de la producción.

CONTRATOS DE LICENCIA: El Estado entrega el crudo al contratista mediante la” transmisión onerosa” de los hidrocarburos. Al momento de extraerlos del subsuelo se termina la propiedad de la nación sobre ellos.

CONTRATO ONEROSO: Es aquel que implica una contraprestación, pues  pone en existencia  beneficios y gravámenes equivalentes en ambas partes.

Hay que considerar que este es un lenguaje de derecho comercial y no significa que haya equivalencia entre las contraprestaciones en la realidad, ya que eso depende del poder negociador de la contrapartes.

Bajo esta figura, a la inversa que en el caso de los contratos de utilidad y producción compartida, es el contratista quien paga al Estado su parte, y quien por lo tanto tiene el control sobre los flujos de efectivo generados por la explotación del pozo.

Los contratos de licencia pagaran al Estado un bono a la firma. El bono será de un monto moderado, independiente de la rentabilidad del proyecto, a pagar por los interesados en forma previa a la licitación y que determinado por Hacienda .

Todos los contratos pagarán además una cuota contractual para la fase exploratoria y que consistirá en un pago durante los primeros 60 meses de una cantidad de $ 1,150.00 por cada km2 y de $ 2,750.00 por km2 a partir del mes 61.

También pagarán una regalía una vez que empiece la extracción de hidrocarburos y consistirá en pagos determinados en función de los ingresos brutos que se deriven de la producción.

Para el pago de la regalía se toma en consideración:

Cuando el precio del Barril del Petróleo sea menos a 48 Dls. la regalía será de 7.5%.

Cuando sea mayor  a 48 Dls se aplicara la siguiente formula: (0.125 x precio barril petróleo + 1.5%) de tal manera que si el precio del barril es de 100 Dls. la regalía será de 14 Dls.

Cuando el precio del Gas Natural sea menor a 5 Dls. por millón de BTU´S, no aplica regalía, ya que se reconoce que estos proyectos son poco rentables y en particular el gas de Lutitas. Cuando sea mayor a 5 Dls. y menor a 5.5. Dls. la tasa será:

(Precio Gas Natural (– 5)  X 60.5)  %

Tasa =  _____________________________

Precio Gas Natural

Cuando sea mayor o igual a 5.5. Dls.

Precio  Gas Natural

Tasa = __________________

100

Para el gas Natural Asociado se aplica la siguiente

Precio del Gas Natural

Tasa = _____________________

100

Asimismo pagara una prestación que se determinara mediante la aplicación de un porcentaje a la utilidad operativa o al Valor Contractual de los Hidrocarburos, según se trate de contratos de utilidad o producción compartida por un lado o de licencia, por el otro. Esta prestación será la base para las licitaciones: el ganador será quien ofrezca la tasa más alta.

Cabe mencionar que

Utilidad Operativa = Valor Contractual de los Hidrocarburos – Monto de las regalías – Recuperación  de costos.

Cada contrato deberá contener los mecanismos para determinar los precios del petróleo, gas natural y condensado, los ajustes que se requieran por calidad, contenido de azufre, grados API y por costos de transporte, comercialización y logística entre otros.

Un elemento positivo de la Ley es el llamado “mecanismo de ajuste” previsto. que permite “la modificación de alguno de los parámetros que determinan las Contraprestaciones del Contrato”, “a fin de capturar  la rentabilidad extraordinaria que, en su caso, se genere por el Contrato”.  Habrá que ver su aplicación en los hechos: el poder negociador de las empresas pone muy en duda que estas permitan su uso.

Otra figura es la de las asignaciones, que solo pueden ser otorgadas a Empresas Productivas del Estado.

El Estado sigue considerando obtener, como en 2012, y ya en forma permanente, ingresos por el 4.7% del PIB proveniente de Petróleos Mexicanos, por lo que el Asignatario (Petróleos Mexicanos) estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo y el gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en esta ley.

Petróleos Mexicanos quedara en 2015 sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo que se propone no considerar los ingresos derivados de las asignaciones como acumulables para el ISR y con esto Pemex no disminuya sus ganancias y limitando las inversiones que pudiera realizar.

El asignatario está además obligado al pago anual de los siguientes derechos

  1. por la utilidad compartida, el 65% del valor de los hidrocarburos extraidos menos deducciones
  2.  extracción de hidrocarburos (equivalente a regalías en caso de contratos)
  3. exploración de hidrocarburos (equivalente a la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria)

Estos últimos dos se pueden dedudir al pago del primer impuesto

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán migrar a contratos de las asignaciones, esto con el fin de poder entrar en asociaciones con privados.

Además de pagar lo anterior, Pemex deberá pagar de acuerdo al artículo 91 de la Nueva Ley de Pemex un dividendo estatal de al menos 30%.

Las empresas contratistas y asignatarios que realicen actividades de exploración y extracción de hidrocarburos quedan exentos del pago a sus trabajadores del reparto de utilidades.

Adicionalmente a todo lo anterior, tanto contratistas como asignatarios deberan pagar en beneficio de los estados petroleros en cuyo territorio o plataformaa marina se encuentre la actividad, el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, aplicando mensualmente por cada kilómetro cuadrado que comprenda el Área Contractual o el Área de Asignación, las siguientes cuotas:
I. Durante la fase de exploración 1,500 pesos, y
II. Durante la fase de extracción 6,000 pesos.

 

     Este resumen fue elaborado por el Ing. Primitivo Medina de la UNTyPP, con ajuste posteriores de este bloguero, ante las diferencias que hubo entre las versiones presentadas a las cámaras y las que finalmente se decretaron.

  1. Resumen de la discusión sobre la LISH

 

Nota: los artículos que se citan de las leyes secundarias son de las versiones del 28 de abril de 2014

 

19 puntos sobre la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos propuesta por el gobierno federal.

 

1)    El proyecto general de la reforma energética sufre de graves confusiones y de optimismo injustificado, o pretende inducir en los mexicanos tal estado, lo que se refleja en el lenguaje usado en las leyes secundarias y en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en particular. En algunos casos hay graves contradicciones entre la exposición de motivos y el articulado.

2)    Es dudoso que el esquema propuesto “maximice”, o aumente en el tiempo los ingresos públicos, como pretende, frente a la alternativa de que Pemex siga siendo el único responsable de extraer hidrocarburos.

3)    Menos aún “maximizará” la utilidad pública, por ser altamente destructivo para el medio ambiente y el tejido social (hechos que requieren de gasto monetario compensatorio y remediatorio), la soberanía nacional y por causar agotamiento de reservas vía la sobreexplotación acelerada de los recursos. Depende también de que Pemex sea capaz de mantener su aportación por el 4.7% del PIB, cifra del 2013 también establecida para el futuro en leyes secundarias (Artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo), pero con cláusula de escape (Artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

4)    La todavía paraestatal seguirá siendo castigada con toda clase de restricciones, viejas y nuevas, que tendrán inevitables efectos negativos en su desempeño: se sostiene el mismo régimen fiscal depredador (Título Tercero, “De los ingresos derivados de asignaciones”) y se castiga su futuro con la llamada ronda cero.

5)    La reforma constitucional reserva para Pemex Exploración y Producción y para las empresas privadas papeles muy diferentes: PEP como  “vaca lechera” sin futuro, los privados como contribuidores marginales por ahora, pero con todo el futuro para ellos.

6)    No hay garantía en la propuesta de Ley de que las autoridades vayan a verificar adecuadamente la extracción de crudo (Artículo 4 fracción XVIII), pese a que de todas las medidas de control propuestas, esta sería la más importante. En cambio, con PEP como operador, hay certidumbre de lo producido (Artículo 58), pese a los robos del narco y otros problemas.

7)    Si bien las  cuotas sobre superficie y regalías serán iguales para Pemex que para contratistas, Pemex seguirá castigado por una tasa altísima de derecho de utilidad compartida, de 65%, mientras que la categoría semejante para contratistas, el Porcentaje a la Utilidad Operativa puede rondar los 10% a 15%, aunque habrá que esperar a ver los primeros resultados de licitaciones .

8)    Los privados, además de engañar sobre los montos producidos, harán lo propio con respecto de sus costos que elevarán hasta un límite permitido, y por lo tanto de sus ganancias y pérdidas económicas. Las medidas señaladas en la iniciativa de ley que adopte el gobierno en términos de revisión de costos, gastos e inversiones (Artículos 28 y 36), la aplicación del llamado cerco fiscal y otras medidas de transparencia relacionadas con los contratos (Artículos 30, 31, 34 y 35) son complejas de poner en práctica y como demuestran diversas experiencias internacionales, poco eficaces. La corrupción irá rodeando la licitación de estos contratos conforme decaiga la atención mediática sobre los mismos con el paso de los meses y los años.

9)    Mientras que en el caso de la utilidad y la producción compartida, el control de los flujos es del gobierno, quien paga su parte al contratista a través del Fondo Mexicano del Petróleo (Artículo 15), en el caso de la licencia, el control de los flujos es del empresario (Artículo 8). La preponderancia del segundo modelo en el futuro bien podría ser resultado de actos de corrupción.

10) Asimismo, la tasa de participación de utilidades previsiblemente estará castigada por la colusión entre los operadores internacionales al momento de las licitaciones; las propias utilidades, lo estarán por los abusos de dichos operadores al reportar producción castigada y costos inflados.

12) Para sustituir completamente a Pemex, con los regímenes  fiscales especificados para cada actor, se tendrían que extraer en vez de 2.5 millones de barriles diarios, una cantidad ciertamente por encima de los 3.5 millones de barriles ambicionados por el gobierno.

13) Por tanto, con el incumplimiento del objetivo de producción estable por parte de Pemex, y la corrupción en la licitación y operación de los contratos y por lo tanto del esquema en su conjunto, la supuesta maximización de ingresos públicos en el largo plazo, es una ficción.

14) La única concesión que se hace en este esquema a Pemex es que en el futuro, se podrá abonar lo recaudado vía ISR a las petroleras al dicho 4.7%. Pero ya sabemos que las grandes corporaciones en México no pagan realmente ISR y por lo que hemos comentado, las petroleras no serán la excepción.

15) Para evitar la caída de PEP, habrá medidas contra los trabajadores en el afán de aumentar la productividad, con el efecto opuesto. Ya conocemos la errónea manera de pensar de los neoliberales en el tema laboral, que tiene por efecto desmantelar operación y contraer la demanda efectiva.

16) Si con el tiempo la participación fiscal privada llega a rebasar a la de Pemex, eso será porque PEP y con ello los ingresos fiscales petroleros se habrán desplomado por completo.

17) Frente a frente tenemos como costos,

  1. a)  el ambiental brutal de tecnologías como el fracking,
  2. b)  el social en términos de pérdida de actividad económica e integración social en los territorios expropiados para a actividad de las transnacionales,
  3. c)  el de vidas humanas, torturadas y asesinadas, por inconformarse con el régimen expropiatorio impuesto no por un procesos democrático sino por un régimen de dictados en el que de facto vivimos,
  4. d)  La pérdida de soberanía política y energética y  el agravamiento del rezago tecnológico mexicano,

Y como beneficios (Artículo 6 y 14 para los siguientes primeros cuatro)

  1. a)  el bono (en el caso de las licencias)
  2. b)  las cuotas sobre superficie,
  3. c)  las regalías (que, vale decir, en el caso del gas natural son nulas),
  4. d)  el porcentaje de la utilidad, es decir los pagos del contratista al gobierno federal,
  5. e)  los empleos netos generados (que puede ser un valor negativo debido a los despidos en Pemex) y
  6. f) la disponibilidad de hidrocarburos para el consumo nacional (que también puede tener un valor negativo, según el desarrollo que tenga la industria petrolera en México bajo este esquema).

Países como Brasil, Rusia, Ecuador, Argentina, Bolivia y Kazajstán han concluido en años recientes que este tipo de costos son mayores que este tipo de beneficios y han tomado medidas para revertir, al menos parcialmente, las privatizaciones. Las nacionalizaciones no son, como dicen algunos voceros del régimen, cuestión de una “religión”, sino de interés nacional y bienestar social.

18) Así como la definición de la tasa para compartir utilidades o producción y el cálculo real de estos conceptos será materia de conflicto permanente entre las empresas y el Estado mexicano, también será permanente la pugna entre los actores al interior del gobierno mexicano interesados en preservar el balance fiscal y aquellos encargados de incrementar la participación de las empresas extranjeras en la extracción de crudo.

19) Ante la complejidad de la tarea de evitar la corrupción en estos procesos, que bien pueden volver nulo todo supuesto incremento de la renta petrolera, la alternativa era, y es, limpiar a Pemex y reinvertir en ella.

Hola amigos,

los que están en contra de la reforma energética les pido enviar hoy mismo, domingo 8 de junio a las siguientes direcciones.

dpenchyna@senado.gob.mx;salvador.vega@pan.senado.mx; rabindranath.salazar@senado.gob.mx;;carlos.romero@senado.gob.mx;oscarrosas@senado.gob.mx;ernesto.gandara@senado.gob.mx;jose.orihuela@senado.gob.mx;hector.yunes@senado.gob.mx;panchodominguez@senado.gob.mx;jorge.lavalle@senado.gob.mx;franciscocabezadevaca@senado.gob.mx;fmayans@senado.gob.mx;adanaugusto@senado.gob.mx;ninfa.salinas@senado.gob.mx;mbartlett@senado.gob.mx;rgraciag@senado.gob.mx;mchicoh@senado.gob.mx;zoerobledo@senado.gob.mx;eburgosg@senado.gob.mx;sonia.mendoza@senado.gob.mx;

el siguiente texto o semejante.

“Estimadas senadoras, estimados senadores

Ustedes tendrán el 10 de junio la alta responsabilidad de dictaminar la Ley de Hidrocarburos y les pido actuar como ciudadanos de nacionalidad mexicana, socialmente responsables. Les comparto 10 puntos que deben considerar.

  1. El gobierno federal habla mucho de la renta petrolera y promete que la Nación se quedará con ella, pero no define el concepto ni en la Ley de Hidrocarburos ni en la Ley de Ingresos Petroleros, cuando la esencia de los contratos de exploración y producción es el reparto de la renta.
  2. La ley de Hidrocarburos no establece un ingreso mínimo garantizado para la Nación por ser propietario de los hidrocarburos.
  3. De hecho, los contratos privados de extracción de hidrocarburos y en particular las licencias, son concesiones con otro nombre, para regalar las utilidades que son del pueblo mexicano.
  4. En todo caso, la maximización de ingresos de la nación prometida no depende como dice el gobierno, del modelo contractual, responsabilidad de la SENER, sino del régimen fiscal futuro, tanto de los privados como de Pemex. Se nos quiere engañar acerca de quien carga la responsabilidad de los ingresos.
  5. Se dará la pérdida de control sobre las cantidades de crudo producidas y exportadas y con ello, del suministro de combustibles a nivel nacional vía refinación.
  6. El nuevo modelo de participación de particulares en toda la cadena de la actividad petrolera, traerá consigo el decaimiento inexorable de la industria mexicana, el desabasto a nivel nacional y el auge de la dependencia energética
  7. La Constitución de servidumbre legal es instrumento para despojar de tierras y lotes urbanos a sus dueños si son de utilidad para alguna fase de la actividad industrial o comercial de los hidrocarburos. Se trata de un atentado más contra los pobres de México.
  8. Aunque uno de los objetivos de la reforma es que las empresas del Estado sean tratadas como cualquier otro participante en el mercado, existe un trato desigual y discriminatorio hacia ellas, y todas las facilidades para los privados. Esto llevará junto con otros factores a la desaparición de Pemex, nuestra fuente de riqueza. El gobierno federal actúa de manera perversa y nos pretende engañar. La desaparición de Pemex y las utilidades compartidas llevarán a desequilibrio fiscal, aumento de impuestos, baja del gasto público y con ello, aumento en la criminalidad.
  9. El despojo de la riqueza en este país nos convertirá en una colonia pobre del imperio del norte.
  10. Se abre la posibilidad de la intervención incluso militar de extranjeros, en los destinos políticos y sociales de nuestra nación.

La Ley de Hidrocarburos está viciada de origen y debiera de desecharse por completo

 

Atentos saludos

(Poner su nombre)”

Cambienlo a su gusto, añadiendo “además, consideramos que la reforma energética etc”

El martes 10 ya no tendrá caso. Háganlo hoy lunes, por favor.

Saludos

Alejandro

PD en los siguientes dias habrá otras peticiones semejantes de mi parte

2PD Créditos: basado en textos de Ramón Centeno y Silvia Ramos y en el debate que se hace al seno de esa organización.

Salvaguarden la soberanía nacional decretando la inconstitucionalidad de la Reforma Energética y de las fracciones I y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo

Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación scjn_presidencia@scjn.gob.mx
Ministra Ponente Margarita Beatriz Luna Ramos mbluna@scjn.gob.mx
Ministro Luis María Aguilar Morales lmaguilarm@scjn.gob.mx
Ministro José Fernando Franco González-Salas jbassh@scjn.gob.mx
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación jmpardor@scjn.gob.mx
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena agutierrez@scjn.gob.mx
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea azaldivarl@mail.scjn.gob.mx
Ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán agperezd@scjn.gob.mx
Ministra Olga María del Carmen Sánchez-Cordero Dávila oscgv@mail.scjn.gob.mx
Ministro José Ramón Cossío Díaz jramoncd@mail.scjn.gob.mx
Ministro Sergio Armando Valls Hernández savallsh@mail.scjn.gob.mx

 

La REFORMA ENERGÉTICA de diciembre de 2013 y las reformas a la Ley de Amparo de abril del mismo año que impiden ampararse con reformas constitucionales, constituyen en combinación una clara conspiración de parte de nuestros gobernantes en contra de nosotros, el pueblo mexicano. La misma tiene la intención deliberada de despojarnos de todo poder de decisión sobre nuestro futuro, al imponer decisiones fundamentales sin que podamos defendernos de las mismas.
De acuerdo con el artículo 35 de la propia constitución mexicana, debimos de haber sido consultados sobre estas reformas. Al no hacerlo, el gobierno atentó en contra de nuestros derechos humanos, consagrados en el artículo 1º de la Constitución. De hecho, de acuerdo al artículo 39 constitucional somos como Pueblo el soberano supremo del país y con ello, el único facultado para disponer de los recursos y bienes nacionales. Con estas reformas y las violaciones a los artículos 1º, 35 y 39 de la Constitución se instauró en nuestro país, de facto, una dictadura.
Es importante que sepas que de acuerdo con la Reforma Energética y sus leyes secundarias propuestas los recursos y bienes más preciados de la nación, aquellos relacionados con la generación de energía como son el petróleo, el gas natural y las instalaciones para su aprovechamiento, serán malbaratados en la venta a empresas transnacionales o desmantelados. Junto con estos recursos estratégicos, las reformas entregan el control económico y político del país, es decir, la soberanía nacional, a las manos de empresas y gobierno extranjeros, e incluso, ponen en alto riesgo la seguridad nacional, abriendo las puertas a una posible intervención armada de las potencias interesadas en nuestros recursos. Para colmo, con las reformas en materia de telecomunicaciones, se pretende impedir que el pueblo se manifieste al respecto por medios como el internet.
La Reforma Energética también pone en riesgo el suministro de combustibles a nivel nacional, por la disrupción en materia de refinación y distribución que causará el privatizarlas. También pone en peligro el crecimiento económico y bienestar social, pues va a provocar un aumento de impuestos y una disminución del gasto público, toda vez que la enorme aportación fiscal de Pemex, que se traduce en escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales etc., se perderá gradualmente con la privatización. La renta petrolera será ahora en beneficio de extranjeros. La pérdida de bienestar social se traducirá, a su vez, en un aumento de la criminalidad en nuestro país.
Un grupo de mexicanos patriotas, entre los que se encuentran el activista y abogado Jorge Antonio Ramos Albores, también conocido como JARA, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, con más de 1000 afiliados en el país y el conocido periodista Julio Hernández López, ha presentado contra estas reformas el amparo 36/3014, el cual se encuentra pendiente de ser atraído por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN). El amparo busca que el Poder Judicial resuelva sobre la inconstitucionalidad del artículo 61 fracciones I y XXIII de la Ley de Amparo que niega el derecho de acceso a la justicia en contra de las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la inconstitucionalidad de los artículos 25, 27 y 28 del mismo ordenamiento por atentar en contra de la soberanía y seguridad nacional. Esta demanda se diferencia de otras sobre el mismo tema precisamente en que ataca simultáneamente a la Reforma Energética y a la Ley de Amparo, ésta en la parte ya comentada.

Para conocer el amparo descargándolo, da click aquí.

En este momento, y a petición del Décimo Tercer Tribunal Colegiado de lo Administrativo del Primer Circuito, la SCJN está por decidir si ejercer la facultad de atracción en el expediente 271/2014 para el amparo. Es importante pedir a la Ministra MARGARITA LUNA RAMOS, a quien correspondió ser la ponente acerca del caso, que actúe en favor de los intereses de la Nación recomendando la atracción de la Corte, dada la relevancia, novedad y complejidad del tema analizado. Si el caso es atraído, el siguiente momento clave es que se conceda el amparo y protección de la Unión, es decir, que se revoquen al mismo tiempo las comentadas reformas a la Ley de Amparo y a la Constitución, para detener la Reforma Energética y sus fatales efectos. Esta decisión recaerá ya sea sobre la Segunda Sala o sobre el Pleno de la SCJN, por lo que es crucial pedir a los Ministros que igualmente reconozcan lo grave de la Reforma Energética y decidan en favor del interés común.
Por eso te pedimos que sumes tu firma para esta petición a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¡Firma por tu bien y el de todos los mexicanos!

Puedes entrar a Change.org,http://tinyurl.com/mejr772 para suscribir una carta simple a la Suprema o si deseas adherirte, imprime el escrito que sigue, firmalo y escribe a  acorona_mx@yahoo.com.mx para entregarnos la carta . O puedes hablar por teléfono con Moisés Flores Salmerón, dirigente de la UNTyPP, al (0155) 5331 1714.

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

                                      QUEJOSO: UNION NACIONAL DE TECNICOS

                                      Y PROFESIONISTAS PETROLEROS Y OTROS

                                      EXP: 36/2014.

                                      FACULTAD DE ATRACCION 271/2014.                                          

H. TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

 

 

El que suscribe, por mi propio derecho ante Ustedes comparezco y expongo:

 

Que vengo por medio del presente escrito, con base en articulo 8º, 1º, 2º,17º,27º,35º,39º, 135º y 136º, de la Constitución General de la República,  a adherirme al presente juicio de amparo y a solicitar se sirva el pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejercite la facultad de atracción con relación al expediente al rubro indicado y resolver sobre los siguientes puntos:

 

1.- Decretar la inconstitucional del artículo I y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo

 

2.- Asumir su función como órgano de control constitucional.

3.- Ser garante de las instituciones y principios constitucionales.

4.- Mantener su función de pesos y contrapesos respecto de los otros dos poderes.

5.- Dar acceso a la justicia federal en contra de las reformas o adiciones a la Carta Magna.

6.- Decretar anticonstitucional las fracciones  I y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

7.- Salvaguardar la soberanía y seguridad nacional decretando la inconstitucionalidad de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución por atentar en contra de la soberanía energética, restituyendo en consecuencia el orden constitucional.

De no cumplir esa Suprema Corte de Justicia de la Nación con la atribución que emana  de la Carta Magna de ser garante de las garantías sociales e individuales dejara de ser Suprema Corte de Justicia de la Nación en consecuencia se podrá ser una declaración de que el Gobierno Mexicano es un Estado fallido por lo tanto deberá estarse a lo ordenado en el artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal suerte que Ustedes Ministros y los otros dos poderes de la Unión se colocan en los presupuestos prescritos en dicho ordenamiento, lo que tiene consecuencias políticas y jurídicas.

 

Por lo antes Expuesto:

 

A USTEDES CC. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, atentamente pido:

 

PRIMERO.- Tenerme por sumado al amparo en contra de las leyes anticonstitucionales que se combaten.

SEGUNDO.- Ejercitar en pleno la facultad de atracción para conocer del presente juicio de amparo.

TERCERO.- Conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión en contra de los artículos que se combaten por las razones que en el mismo se exponen.

 

PROTESTO LO NECESARIO

 

NOMBRE Y FIRMA

 

LUGAR Y FECHA.

 

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